La Fiscalía Anticorrupción sostiene que el constructor Jordi Soler, imputado en la trama del 3 por ciento, invitó al Síndic de Greuges, Rafael Ribó, a acudir en su avión privado a la final de la Champions League que el Barça ganó en Berlín en 2015 porque quería "cultivar" su amistad en su condición de cargo público. Por ese motivo, Anticorrupción ha recurrido la decisión del juez de archivar las investigaciones por un supuesto cohecho, según el escrito que ha conocido EL PERIÓDICO.
Anticorrupción, a diferencia del juez De la Mata, afirma que hubo un "vínculo" entre el Síndic y el constructor: este presentó una queja a la entidad que dirige Ribó porque el polígono industrial de Sallent, donde están sus empresas, no tenía fibra óptica, entre otras deficiencias. Lo hizo en verano de 2009, unos meses después de que Ribó viajara invitado en el avión de Soler tras asistir a otra final de la Champions del FC Barcelona, esta vez en Roma.
El escrito de la fiscalía recuerda que Ribó, en su declaración voluntaria ante la Audiencia Nacional, afirmó hasta tres veces que no tuvo "ninguna intervención personal" en aquel expediente, que concluyó dos años y medio después. Anticorrupción recuerda que pidió a Ribó que entregara el expediente al juzgado, a lo que él se ofreció, "pero no lo ha hecho", según la fiscalía, por lo que "resulta necesario oficiar a la Guardia Civil para requerir a la Sindicatura de Greuges para que se aporte".
"Toma la iniciativa"
El escrito concluye que el constructor Soler realizó un "acercamiento interesado, consciente y progresivo a centros de poder en Catalunya" y añade que Ribó "no tenía amistad ni afecto con Soler", pese a lo cual, "no solo acepta ser invitado, sino que toma la iniciativa para obtener un mayor beneficio al solicitar expresamente que también sea invitada su hija". En el avión viajó, además, la pareja de Ribó.
El viaje costó 39.900 euros, que fueron pagados por las empresas del constructor Soler, y entre los pasajeros también estuvieron el que era director general de Infraestructures.cat, Josep Antoni Rosell, junto a su hijo; el ex diputado de CDC, Ramón Camp y su pareja, Francesca Guardiola, hermana del entrenador de fútbol y entonces subdirectora de Relaciones Exteriors del Govern.
En su declaración en la Audiencia Nacional, el Síndic defendió que había acudido al partido en calidad de "culé" y que se había ofrecido a pagar las entradas. En abril, el juez De la Mata archivó las pesquisas tras considerar que esa conducta quedaba "extramuros del perímetro de relevancia penal", al no haber pruebas de que "Soler Paredes admitiera en su excursión aérea a Ribó Massó y su familia en consideración a su cargo".