El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que consideró que la Generalitat Valenciana no era competente para decidir si usaba exclusivamente el valenciano (o catalán) en sus comunicaciones con las comunidades del mismo "ámbito lingüístico". El alto tribunal argumenta que eso es competencia del Estado y que también se debe efectuar la traducción al castellano, algo que el decreto valenciano ahora recortado solo contemplaba si la administración lo solicitaba.
La sentencia del TSJCV estimó en julio del 2019 un recurso de dos diputados del PP y anuló 11 artículos y una disposición final de un decreto que daba un uso destacado al valenciano sobre el castellano en aspectos como las notificaciones en los trámites administrativos, la rotulación de edificios, y la comunicación entre empleados públicos y la de estos con los ciudadanos.
También atribuía un uso destacado al catalán en las publicaciones y la publicidad institucional, los contratos con proveedores, así como en la rotulación de carreteras, caminos y otras dependencias y servicios de interés público que depende de entidades locales.
Una misma lengua
En el recurso de casación ante el Supremo, la abogacía de la Generalitat Valenciana defendió la legalidad de no traducir al castellano, salvo que se solicitase, las comunicaciones con autonomías en las que se hable el catalán. Así, pedía al alto tribunal declarar ajustado a derecho que las administraciones valencianas, al emitir notificaciones o redactar documentos con efectos en esas otras comunidades autónomas, lo hicieran en lengua valenciana, "allí denominada catalán".
El Ejecutivo autonómico argumentaba que la justicia, "poniendo el acento en la diferencia nominativa, obvia que hay una única lengua, que es oficial en la Comunitat Valenciana y en otras comunidades autónomas, en las que recibe distinta denominación".
"Burla monstruosa"
Ahora el Supremo ha rechazado estos argumentos, al considerar que la regulación del uso de la lengua en el procedimiento administrativo común y en documentos elaborados en una lengua cooficial en el ámbito de una comunidad que deben surtir efectos fuera de este ámbito territorial "está atribuida de forma exclusiva al Estado, según la distribución de competencias que establece el artículo 149.1.18" de la Constitución.
"Acatar esta sentencia sería aceptar una burla monstruosa e ignominiosa a nuestra lengua. Desde luego, la Generalitat de Catalunya seguirá comunicándose en catalán, lengua común, con los gobiernos de las Islas Baleares y del País Valencià", ha reaccionado a través de Twitter el presidente catalán, Quim Torra.