Justicia soberana

Hace más de una década que la policía registró el Palau de la Música, escenario de uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos años, y sus saqueadores confesos, Fèlix Millet y Jordi Montull, siguen sin entrar en prisión. Lo harán muy probablemente en las próximas semanas, pero la dilación, como en otros casos, ha generado incomprensión en parte de la ciudadanía. Con la noticia de que la Fiscalía del Tribunal Supremo investigará al rey emérito Juan Carlos I por el supuesto cobro de comisiones en la construcción del AVE a La Meca, la justicia española se sitúa de nuevo en el centro del debate. El último barómetro europeo publicado al respecto confirma la pobre opinión de los españoles sobre su sistema judicial: es el cuarto país de la UE donde los ciudadanos perciben una mayor falta de independencia de la justicia y solo en Croacia, Eslovaquia y Bulgaria la opinión aún es peor. Un 55% cree que, en bastante o en gran medida, los tribunales actúan al margen de la imparcialidad. La de la impunidad de los poderosos en España es una sensación tan vieja extendida que ya la recogió Valle-Inclán hace más de 120 años. "En España el mérito no se premia. Se premia el robar y el ser sinvergüenza. En España se premia todo lo malo", puso en boca de un personaje de Luces de Bohemia. Y, sin embargo, no puede decirse que los casos de corrupción de los poderosos descubiertos en España no se hayan aireado y juzgado. Desde el restablecimiento de la democracia, hay 'víctimas' en todas las esferas, y por supuesto en los grandes partidos políticos. El PP y el PSOE, que tras la etapa de Adolfo Suárez se han alternado en el Gobierno, han cobijado a numerosos infractores de la ley. Los casos 'Naseiro', 'Filesa', 'Brugal', 'ERE', 'Bárcenas', 'Púnica', y muchos otros, están muy vivos en el recuerdo. Casi todos terminaron con condenas y penas de prisión para los autores. También la trama 'Gürtel', cuya sentencia propició la moción de censura que hizo caer a Mariano Rajoy. Borràs, en la estela de CiU En Catalunya, y a la espera del desenlace de las investigaciones sobre la familia Pujol, Convergència i Unió y sus descendientes políticos han protagonizado los principales escándalos. Los casos 'Pallerols' o 'ITV' son ejemplo de que, a menudo, cuantos más años pasa un partido en el poder más difícil es evitar que algunos de sus dirigentes lo aprovechen para enriquecerse ellos o a sus formaciones. Y estos días, Laura Borràs, líder de JxCat en el Congreso, afronta el suplicatorio previo a su procesamiento por unos contratos que presuntamente troceó antes de adjudicar cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes. La entrada en prisión de Rodrigo Rato en octubre del 2018 por el 'caso de las tarjetas black' demostró que tampoco los grandes banqueros son ajenos al escrutinio de la ley. Si no lo había hecho antes el 'caso Ibercorp', que protagonizó Mariano Rubio, o el 'caso Banesto', que terminó con la carrera fulgurante de Mario Conde. Muchos empresarios poderosos también han caído tras destaparse sus corruptelas. El último estamento en tropezarse con la justicia, la Monarquía, sucumbió con el caso Nóos, que costó una condena a más de seis años de prisión a Iñaki Urdangarin, cuñado del Rey. Pero todo apunta a que la investigación a Juan Carlos I puede provocar una aún mayor conmoción social y política. Curiosamente, fue el monarca emérito quien pronunció, en su discurso navideño del 2011 y a cuenta del primer escándalo que afectaba a su familia, una sentencia que ahora se pondrá a prueba en sus carnes: "La justicia es igual para todos". En estos años, han hecho fortuna algunas declaraciones que conectaban con la impresión extendida de que no hay independencia judicial. "Quien diga que la justicia es igual para todos es que no sabe de qué habla", dijo por ejemplo en el 2013 Joaquín Giménez, magistrado del Tribunal Supremo. Polémico sistema de elección Los expertos consultados matizan esa sensación. "No creo en la perfección humana, pero sí en que los jueces son capaces de actuar con profesionalidad", dice el catedrático de Derecho Constitucional Xavier Arbós. "La justicia tiene que ser igual para todos. Si no, jueces y fiscales estarían cometiendo un delito", opina Jordi Nieva-Fenoll, catedrático de Derecho Procesal. Ambos creen que la percepción ciudadana de cierta falta de independencia judicial puede deberse más al sistema de elección de la cúpula judicial –condicionado por los partidos– que a una supuesta laxitud a la hora de perseguir a los poderosos. En cuanto a la investigación a Juan Carlos I –que fue saludada con un "ya era hora" por parte de Podemos, uno de los partidos del Gobierno–, Arbós subraya que el rey emérito "ya no es inviolable, sino que está aforado". Es decir: la prerrogativa constitucional de la irresponsabilidad sobre sus actos se extinguió cuando dejó de reinar, y si los hechos sospechosos sucedieron después de esa fecha –como pasa con el presunto pago de comisiones del AVE a La Meca–, la justicia puede actuar contra él. De hecho, el actual Monarca ya trató de establecer un cortafuegos hace unos meses, cuando anunció que renunciaba a la herencia de su padre y le retiraba la asignación. El tiempo dirá si basta para que el incendio, si se prueba que lo hay, no se propague. Y en otros países... FRANCIA. "Si tiene que ir a todas las citaciones, pasará más tiempo en el despacho de los jueces que en el Consejo de Ministros", llegó a decir un magistrado francés a finales de los años noventa cuando el cerco judicial se estrechaba en torno a Jacques Chirac, el primer presidente de la V República condenado. Fue el 15 de diciembre del 2011 y el veredicto dos años de cárcel exentos de cumplimiento. El político fallecido solo pudo ser juzgado cuando abandonó el Elíseo porque la Constitución otorga a su inquilino una inmunidad absoluta y permanente que desaparece un mes después de finalizar su mandato. Entonces puede ser procesado, pero únicamente por actos diferentes a los de la función presidencial. Chirac lo fue por malversación de fondos cuando ocupó la alcaldía de París y su sucesor en la presidencia, Nicolas Sarkozy, se sentará en el banquillo por financiación ilegal de la campaña del 2012. Hubo más presidentes que vieron merodear a los jueces por el Elíseo. Escándalos internacionales y financiaciones opacas salpicaron a colaboradores de François Mitterrand y a Valéry Giscard d'Estaing le importunaron por el suicidio de un ministro y el escándalo de los diamantes de Bokassa. En 2016, la ex ministra de Economía de Sarkozy, Christine Lagarde, fue declarada culpable de negligencia en un litigio que le costó a las arcas públicas 400 millones de euros; el ex primer ministro Alain Juppé, condenado en 2004 por los empleos ficticios de la alcaldía de París y dos años más tarde la exprimera ministra socialista Edith Cresson, culpable de favoritismo.

Justicia soberana

La investigación a Juan Carlos I pone en debate la igualdad de todos ante la ley

La percepción de que los poderosos se libran no casa con las condenas dictadas

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