Para garantizar el suministro de bienes y servicios necesarios para la salud pública, el decreto por el que se declara el estado de alarma habilita al ministro de Sanidad, Salvador Illa, para poder “intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, incluidos los centros, servicios y establecimientos sanitarios de titularidad privada, así como la industria farmacéutica”. También podrá imponer prestaciones personales obligatorias si es preciso para ayudar a proteger la salud pública.

Alimentación

Para garantizar el suministro alimentario, las autoridades también podrán acordar la intervención de empresa o servicios, así como movilizar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a las Fuerzas Armadas con el fin de asegurar el buen funcionamiento de la distribución alimentaria, desde la materia prima al consumidor.

El decreto también permitirá, cuando sea preciso, "el establecimiento de corredores sanitarios para permitir la entrada y salida de personas, materias primas y productos elaborados con destino o procedentes de establecimientos en los que se produzcan alimentos, incluidas las granjas, fábricas de piensos para alimentación animal y los mataderos".