ÚLTIMO CONSEJO DE MINISTROS

El Gobierno asume que el Parlament sigue empeñado en el 'procés'

El Ejecutivo recurre ante el Constitucional la admisión a trámite de la moción sobre el autogobierno

Anuncia que el Tribunal deducirá testimonio de particulares y decidirá si envía el asunto a Fiscalía

Isabel Celaá, Luis Planas y Teresa Ribera, en rueda de prensa tras el último Consejo de Ministros de la legislatura.  / DAVID CASTRO

El Gobierno concluye el último Consejo de Ministros antes de las generales de este domingo con la convicción de que el Parlament continúa promoviendo el 'procés' de independencia de Catalunya, a pesar de las reiteradas advertencias de la justicia. Por ello, en su última reunión, el gabinete ministerial ha validado dos nuevas actuaciones que buscan frenar nuevas resoluciones de la Cámara catalana en pos de la secesión. 

"El Parlament pretende manifestar su clara intención de continuar por el 'procés' y nosotros hemos de preservar la eficacia de las resoluciones del Tribunal Constitucional", ha aseverado la portavoz gubernamental, Isabel Celaá. 

El Ejecutivo ha aprobado presentar este viernes dos incidentes de ejecución de sentencia ante el Tribunal Constitucional contar dos acuerdos de la Mesa del Parlament. La del 29 de octubre, cuando admitió a trámite una moción planteada por la CUP sobre el autogobierno, y la de 5 de noviembre, en la que rechazó la reconsideración que habían solicitado algunos grupos. Considera el Gobierno que se pretende "ejercer de forma concreta el derecho de autodeterminación, que ha sido declarado anticonstitucional y nulo por el Tribunal Constitucional", ha anunciado Celaá. El ministro de Administraciones Públicas, Luis Planas, ha añadido que habrá deducción de testimonio de particulares y que el Tribunal decidirá tras este proceso si envía las actuaciones a la Fiscalía. "Le corresponde al Tribunal Constitucional adoptar la medida que estime oportuna", ha deslizado. 

A juicio del Gobierno, el presidente del Parlament, Roger Torrent, y el resto de los miembros de la Mesa tenían "pleno conocimiento" de que estaban incumpliendo resoluciones del Constitucional.