Consciente de que sería atacado por la situación en Catalunya, Pedro Sánchez trató de vacunarse desde el principio con el anuncio de tres medidas de choque para encauzar la crisis: una nueva asignatura de valores constitucionales; una ley audiovisual que evite evitar la manipulación de entes autonómicos; y modificar el código penal para impedir la celebración de referéndums ilegales. Fue un buen golpe de efecto, pero no neutralizó a los otros candidatos. Pablo Casado le preguntó con insistencia si Catalunya es una nación. Como no logró respuesta, concluyó que Sánchez está incómodo porque necesitará pactar con los independentistas tras el 10-N. “Está maniatado, no puede presidir el Gobierno de España una persona que no cree en la nación española”, sentenció.

Albert Rivera exhibió un pedazo de baldosa de una acera de Barcelona como metáfora de la “amenaza a la democracia” y dos listados, uno en azul y otro en rojo, con las cesiones a la autonomía catalana que, a su juicio, se deben revertir. Exigió el 155. Pablo Iglesias defendió la plurinacionalidad y el diálogo. Criticó la competición de sus rivales para ver quién propone mayor dureza en Catalunya. Santiago Abascal defendió la suspensión de la autonomía, ilegalizar a los partidos independentistas y procesar a Quim Torra por rebelión.