La defensa de la exconsellera de Treball Dolors Bassa planteará un incidente de nulidad de la sentencia del ‘procés’ porque el Tribunal Supremo le atribuye haber cedido centros cívicos y colegios para el referéndum unilateral del 1-O, cuando la enseñanza era competencia de la 'exconsellera d’Educació' Clara Ponsatí, fugada de la justicia.

El fallo del alto tribunal afirma textualmente en los hechos probados que  Bassa, condenada a 12 años de prisión por sedición en concurso con malversación, “retiró a los funcionarios de Enseñanza y Trabajo, de cuyos departamentos era titular, la competencia sobre los centros de votación, asegurándose la disponibilidad de los centros”. La ‘exconsellera’ no tenía competencias sobre educación, sino sobre trabajo, asuntos sociales y familia. El error es subsanable con un auto de aclaración y no influirá en la condena, pues el Supremo no incluyen en la malversación la cesión de escuelas para el 1-O, ya que no se ha podido acreditar el gasto que supuso.