El exgerente de TV-3 Oriol Carbó se ha negado a aclarar al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata si participó en la presunta financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) que se le imputa. Ante el magistrado ha alegado que no había tenido suficiente tiempo para prepararse la comparecencia, pese a que desde el pasado mes de julio sabe que el empresario Joan Manuel Parra le atribuye el pago de la deuda que el partido tenía contraída con él por sus trabajos en la campaña electoral de 2010.
El juez imputó a Carbó, al que representa el abogado Manuel González Peeters, por los delitos de organización criminal, falsedad documental, cohecho y financiación ilegal de un partido político. Lo hizo tras tomar declaración a Parra en el 'caso 3%' para que ratificara ante él lo que ya había dicho en Barcelona en relación con que fue la productora Triacom Audivisual, de la que entonces Carbó era alto ejecutivo, la que saldó la deuda de unos 750.000 euros de la CDC.
En el auto de imputación del pasado agosto, el magistrado afirma que existen "indicios" de que lo hizo siguiendo "instrucciones especificas de Germà Gordó", exgerente de CDC y 'conseller' de Justicia de la Generalitat, a través de seis pagos mensuales en "facturas para girar a la empresa Triacom" por "supuestas y obviamente inexistentes colaboraciones" de las empresas de Parra en "producciones audivisuales de Triacom Audiovisual SL para la Corporació Catalana de Mitjans Audivisuals".
Según el juez, Gordó y el ex gerente de TV-3 mantuvieron reuniones o conversaciones "justo antes del libramiento de cada factura" para que el 'exconseller' de Justicia "dictara" al empresario "el concepto concreto que debía hacer constar en cada factura". Carbó, después, le decía a Parra cómo debía preparar las facturas por las supuestas colaboraciones con la productora para ocultar los pagos.
Revisión de contratos
A petición del fiscal Anticorrupción José Grinda, el magistrado requirió a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals todos los contratos realizados con Oriol Carbó y la empresa Triacom Audivisual SL o cualquier otra vinculada con ella en 2010.
Fuentes jurídicas han señalado que esa documentación ya se encuentra a disposición del juez. Se trata de alrededor de 80 contratos, de los que 14 se refieren directamente a este episodio de la presunta financiación irregular de CDC que el propio magistrado califica en su resolución de "singularidad" dentro "del patrón de comportamiento habitual" del partido para financiarse.
En ese sentido, el magistrado sitúa el cauce habitual de esta vía ilegal de financiación en la alteración de "todo tipo de concursos públicos con la finalidad de dirigir los mismos hacia las empresas de los empresarios conniventes quienes, a su vez, realizaban donaciones a Fundaciones ligadas a CDC" (CatDem y Fòrum Barcelona).