La Fiscalía General del Estado cuestiona en su Memoria Anual 2018 que  Serveis Penitenciaris de la Generalitat catalana vaya a mantener la "tranquilidad e imparcialidad" necesarias a la hora de evaluar a los políticos juzgados por el proceso independentista de Catalunya en el caso de que finalmente sean condenados y cumplan allí sus penas.

Según refleja el informe, "las autoridades de la Generalitat de Cataluña, incluido el actual Director General de Instituciones Penitenciarias, han mostrado públicamente su rechazo a la prisión provisional acordada respecto de los procesados por delitos muy graves que tuvieron lugar durante el denominado 'procés', a los que consideran presos políticos".

"Tales manifestaciones pueden poner en cuestión las condiciones de tranquilidad e imparcialidad que necesariamente han de concurrir en las autoridades y funcionarios de la Administración Penitenciaria de Cataluña cuando hayan de evaluar a los presos si son finalmente condenados", expone.

La Fiscalía General del Estado llega a esta conclusión a partir del informe remitido por el fiscal especialista de Barcelona, que en referencia a la estancia de los presos preventivos del 'procés' en Catalunya señala que ha producido "distintas situaciones anómalas como la existencia de manifestaciones como mínimo semanales delante de los centros penitenciarios donde se encontraban ubicados" y especialmente en las cárceles de Lledoners y Puig de les Basses, "así como una anormal presencia de autoridades no penitenciarias en dichos centros".