Tras la decisión el pasado lunes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de rechazar las medidas cautelares solicitadas por Carles Puigdemont para ser reconocido como eurodiputado, este miércoles ha sido la Comisión Europea (CE) la que ha cerrado la puerta a la tramitación de una iniciativa ciudadana anunciada por el expresidente de la Generalitat a principios de mayo para castigar a España. Puigdemont planteaba sancionar al Estado por presuntas vulneraciones de los derechos de las minorías, derechos civiles y políticos y politización de la justicia.
La iniciativa, presentada por Puigdemont y la presidenta de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, pretendía recabar un millón de firmas para pedir a la Comisión Europea que activara el artículo 7 del Tratado de Lisboa, una especie de 'botón nuclear' para sancionar a los gobiernos que no respetan el Estado de derecho. Hasta ahora solo se ha activado en dos ocasiones, contra Hungría y Polonia, aunque el procedimiento no se ha culminado y sigue en fase de diálogo.
El Ejecutivo comunitario ha anunciado, sin embargo, que considera "inadmisible" la petición porque no entra en su ámbito de competencias. "La Comisión ha decidido que no puede registrar una iniciativa ciudadana que lleva por título 'Legislación de la UE, derechos de las minorías y democratización de las instituciones españolas' porque sus organizadores no invitan a la Comisión a hacer una propuesta de ley, que es el único propósito de la iniciativa", ha anunciado el portavoz del Ejecutivo, Margaritis Schinas.
Recurso ante la justicia europea
La ANC y el Consell per la República, impulsado por Puigdemont, ya han anunciado a través de un comunicado que recurrirán ante el TJUE la decisión de la Comisión Europea, informa Efe. El pasado mayo, el 'expresident' ya avanzó que si la CE no aceptaba su iniciativa hay "jurisprudencia válida" para recurrir el caso ante el tribunal europeo.
Consideran que la respuesta de la CE "no se ajusta a la legalidad de la UE". "Aunque era previsible, este rechazo abre la vía para recurrir esta decisión ante el TJUE, en Luxemburgo", añaden, además de "lamentar profundamente" la decisión.