Cerramos aquí el hilo de la penúltima semana de este proceso. Puedes seguir la última semana del juicio del procés en nuestro nuevo directo.

Marchena pospone el juicio hasta el martes.

Marchena ha asegurado que serán flexibles, pero que se dará una hora por defendido a cada abogado. 

En la misma línea, Jordi Pina ha expresado su disgusto con el reparto de los tiempos, pues no les ha parecido proporcional el tiempo adjudicado. Marchena le ha reprochado que cuando repartieron los tiempos él estuvo "encantado". 

Hasta aquí la sesión de hoy. Antes de terminar, la abogada defensora Marina Roig ha apelado a Marchena a redistribuir los tiempos para la defensa, para poder ajustarse al tiempo empleado por las acusaciones para explicar los detalles de las conclusiones. Roig ha apelado a su indefensión, pero Marchena le ha negado el derecho a hacerlo porque la acusación ya ha tenido su tiempo y le ha dicho que tendría que haberlo planteado antes. 

"El tipo del delito de organización criminal ha sido relatado por la Fiscalía y la Abogacía del Estado aunque nos hubeira gustadoq ue lo incluyeran en sus escrito de acusación", ha asegurado. "Las penas deberán cumplir la finalidad de castigo y la disuasoria para que nadie más se atreva a atentar contra el ordenamiento constitucional", ha asegurado. 

Ortega Smith termina haciendo un agradecimiento a las fuerzas de seguridad del Estado y a tres magistrados que ya han fallecido, la valentía de haber dado inicio a este proceso. 

"Por último, el quinto de los elementos de la organización criminal es el elemento finalista, la clara finalidad delictiva que en este caso y sin lugar a dudas es la rebelión. La rebelión atenta cotra las propias instituciones a diferencia de la sedición que atenta contra el funcionamiento de dichas instituciones", ha asegurado. 

"Las funciones estuvieron repartidas, el ejecutivo debía controlar la fuerza (17.000 agentes armados al servicio de los propósitos delictivos), el dinero y la utilización de la autoridad pública para dicho fin", ha asegurado. "la segunda de las funciones, correspondida a la Mesa o pdoer legislativo era la creaciónd el marco legal de apariencia como marco de susticución de la legalidad vigente", ha asegurado "se hizo con la finalidad de provocar rechazo y desobediencia a laos tribunales, coordinar la votación, agredir y presionar a los agentes y la desestabilización a través de la insurrecciónd e los tumultos del 3 de octubre", ha asegurado. 

"Había otra estrategia más: la de comunicación. Se desarrolló a través de TV3 y otros medios de comunicación en la comnuicación interna y el Dipolcat en la externa", ha asegurado. "Por último al estrategia económica con utilización y malversación de fondos públicos para el fin delictivo", ha asegurado. 

"La primera estrategia legal era crear las leyes de desconexión y la supuesta legalidad de un referéndum que pretendía legitimar todo el proceso de desconexión por una supuesta voluntad popular. Otra fue la creación real de las estructuras de Estado, que ha quedado demostrado", ha asegurado. 

"Las acciones llevadas a cabo no eran la consecuencia de algo desarrollado previamente. El docuemnto Enfocats no es la prueba de los hechos sino la prueba de los hechos que habían sido previamente probados", ha asegurado. 

"La organización se mantuvo a lo alrgo del tiempo con el objetivo fijo durante varias fases. La priemra durante el gobeirno de transición y la segunda durante el supuestoe stado independeinte", ha dicho. "El tercer elemento a tener en cuenta es el elemento volutivo. La organización es compleja para llevar a cabo la ruptura de la organización política del Estado y la forma del Gobierno", ha asegurado. 

"El conjunto de los acusados supera con creces las 2 personas básicas que estipula la ley para incurrir en el delito", ha empezado Smith. "El segundo de los elementos es el carácter perdurable. Ha sido ámpliamente defendido cómo el carácter estable o indefinido existe desde el 2012 hasta hoy", ha asegurado Ortega Smith. 

Sobre el delito de organización criminal, Ortega Smith ha especificado que hay una serie de relaciones básicas que debe incluir: "Un relato claro estable y definido con una colaboración de más de dos personas concertadas con jerarquía y reparto de tareas para la consecución de una serie de delitos graves". "Incurrirán en este delito quienes promuevan una organización criminal para la comisión de delitos graves y en el juicio hemos tenido cumplida cuenta", ha asegurado.

Es el turno ahora de Ortega Smith. 

"El acceder a los cargos públicos les obligaba a proteger la constitución española", ha justificado Fernández. Según su argumento el hecho de ostentar cargos públicos es el que respalda la tesis de ser acusados por rebelión. 

Vox asegura que la rebelión quedó evidenciada los días 20, 21 de septiembre y el 1 de octubre. 

"El delito de sedición que se dice como alternativo es un delito contra el orden público y es relevante que los acusados se encontraran en una cobertura legal para todo este proceso con la intención clara de lograr la separación de Catalunya del resto de España de forma unilateral", ha dicho. 

"Así y a modo de resumen: la ocuapción de calles, el asedio de edificos del Estado, el aislamiento de agentes o comisiones judiciales, así como las situaciones que llevarían a los letrados en cumplimiento de sus funciones teniendo que salir escoltados de los registros, o el asedio a los agentes de seguridad, la amenaza de muerte etc es una expresión clara y plural de la violencia. Todos estos procesos violentos fueron la culminación de un proceso en el que la amenaza de la determinación popular podría devenir incontrolable", ha asegurado. 

"Al existir la violencia saltaríamos al tipo más grave de la rebelión. El delito de rebelión es un delito tendencial que hace de esta una realidad delictiva esencialemnte acorde al reparto de funciones entre los acusados", ha dicho. 

"Es un alzamiento violento cuando se integra una fuerza y se muestra la intencionalidad de usarla", ha indicado. "No se puede confundir el efecto dañoso como consecuencia de unos hechos determinados con las circunstancias o modos en als que estos se han llevado a cabo", ha dicho. 

"Los acusados mantienen que nunca han llamado a movilizaciones violentas defendiendo así que solo se limitaron a cumplir el mandato del pueblo catalán, pero esto es un pretexto salvador de los acusados", ha dicho. 

"Todo el proceso de tensión creciente entre el poder autonómico y el constitucional se trasladó consciente y deliberadamente a la relación entre los ciudadanos de catalunya y se hizo aprovechando sus cargos públicos, llegando a provocar actos de violencia deliberada que confirman los cargos de rebelión que hemos detectado", ha indicado Fernández. 

"La admisión a trámite del debate de las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente que dio lugar a una resolución parlamentaria que fue declarada nula por el TC", ha dicho. 

"Fue un golpe de estado enmascarado", ha asegurado. 

"Cualquier comparación de lo ocurrido con violencia socurridas en el pasado resutlan indebidas", ha indicado. "Incurrieron en el delito de rebelión por el acuerdo de transición nacional de diciembre de 2012, por la de enero de 2013 que aprueba la del derecho a la soberanía y al derecho de decidir", ha dicho. 

Pedro Fernández empieza la exposición asegurando que "los acusados pretendieron culminar el más novedoso proceso golpista que se ha llevado a cabo contra el Estado de Derecho en una sociedad moderna".

Marchena reanuda la sesión y empieza la lectura de conclusiones de la Acusación popular ejercida por Vox. 

Con la reafirmación de los delitos de sedición, malversación y desobediencia, Marchena suspende la sesión hasta las 18 horas. Proseguirá el juicio con las conclusiones de la Acusación Popular ejercida por Vox. 

"También lo es el delito de malversación, teniendo en cuenta los recursos humanos y meteriales empleados para conseguir los fines por los que son acusados", ha indicado. 

"Consideramos que quedan acreditados todos y cada uno de los elementos integrantes del delito de sedición igualmente en cuanto al delito de desobediencia concurren y resutlan probados docuemntalmente todos los elementos y es incontrovertida la exostencia de los requerimientos prácticos a los acusados", ha dicho. 

"El Govern tiene la potestad administrativa del patrimonio ajeno, cosa que es muy relevante porque el Govern no sustenta ninguna competencia de contratación pero si establece las directrices que van a regir las contrataciones", ha indicado. 

Seoane ha indicado que Forcadell dio cobertura a la actuación poniendo el marco normativo a favor de los hechos.

"Queda fuera de duda el hecho de que los procesados dentro de sus roles en el plan pusieron su parte y fueron coautores del delito puesto que de forma predeterminada y organizada con carácter previo participaron en la configuración previa de lo que luego fuera el alzamiento público y tumulturaio del 1-O con la finalidad de neutralizar la acción odenada por parte del Estado para impedir la realización del referéndum", ha sentenciado. 

"En la prueba no queda demostrado que el elemento de la violencia entendida como resistencia activa o pasiva fuera un elemento estructural del plan llevado a cabo por los acusados como medio para alcanzar los fines", ha dicho.  

"Para que un alzamiento público tenga una violencia característica del delito de rebelión debe recurrir en dos hitos: que la violencia haya sido organizada y prevista como un elemento nuclear para conseguir la finalidad y que el aviolencia o amenaza de emplearla aparezcan como idónea y proporcioanda", ha indicado. 

"Para delimitar ambos cargos debemos tener en cuenta si el alzamiento fue público y violento en el caso de la rebelión o público y tumultuario en el caso de la sedición", ha dicho. 

"La distintción entre sedición y rebelión no viene solo definido con el bien protegido, sino con los medios empleados para la perpetración del delito", ha indicado Seoane para justicifar su acusación. 

"Todos los elementos del delito de sedición se cumplieron durante el 1-O", ha explicado. 

"En cuanto a la utilización de la fuerza hemos visto cómo las fuerzas de seguridad se personaron legítimamente para cumplir una resolución judicial y las personas allí presentes ejercieron resistencia activa y pasiva", ha dicho. 

"Lo que trataba de impedir las concentraciones masivas era el cumplimiento de una resolución judicial por parte de las fuerzas del Estado", ha contado. 

"En el 1-O encontramos un movimiento reactivo público con carácter generalizado", ha dicho. 

"Las pruebas demuestran que lo que hubo en los centros de votación fueron concentraciones masivas de personas dotadas de organización", ha dicho. 

"La sedición es también un delito doloso. Intentaron impedir la protección de la ley. En cuanto al alzamiento, según el Supremo, ha de entenderse como una actitud contraria a lo que deben realizar los poderes públicos. El alzamiento debe ser público y tumultuario. Pese a la definición de tumultuario como algo caótico, no impide que haya una organización en el alzamiento", ha indicado. 

"La finalidad del delito de sedición es impedir la aplicación de la ley o resolución administrativa o judicial", ha indicado. 

"Estamos frente a un delito pluriofensivo, un delito múltiple de sedición", ha explicado. 

"Sentados todos los hechos que consideramos probados, toca considerar si estos se encardinan en los delitos que se solicitan", ha iniciado Seoane para ir uniendo hitos con artículos y titulos de la legislación española. 

"El material electoral había de sumistrarse por parte de una de las empresas adjudicatarias. Es importante subrayar que los contratos marco dieron cobertura a estos suministros de material electoral que sin emabrgo no tuvieron transparencia ni visibilidad", ha indcado. 

"El acuerdo marco permite una contratación de bienes y servicios de forma mucho más opaca que otras contrataciones. Por eso es relevante que se utilizara", ha asegurado. "Se especifican precios y condiciones en el convenio y después lo único que de debe publicar es al formalización", ha asegurado. 

"Era una preocupación constante el intentar eludir la responsabilidad", ha asegurado Seoane. 

En relación a la malversación, la abogada del Estado ha querido distinguir las pruebas que aluden a los expedientes completos y a las que aluden a la forma de actuar. 

"Sànchez y Cuixart no deberían haber subido a los Patrol de la Guardia Civil porque había un sonido suficientemente bueno en el escenario. Quisieron alterar a las masas", ha asegurado. 

"Apelando al poder de convocatoria y desconovocatoria de Sànchez y Cuixart apelamos a la desconvocatoria nocturna de la manifestación. El sistema de sonido y ele scenario permitían la desconvocatoria de la manifestación sin la escenificación que llevaron a cabo sobre los vehículos", ha indicado. "La movilización ciudadana seguía a rajatabla las instrucciones de Sànchez y Cuixart", ha añadido. 

"El señor Sànchez tenía un liderazgo expreso. Fue capaz de generar pasillos de seguridad pero en ningun caso dio instrucciones para tomar medidas de seguridad ni crear un cerco a los coches", ha indicado. 

"Hicieron exhibición de capacidad de convocatoria y liderazgo en los registos llevados  acabo los días 19 y 20 de septiembre y especialemnte en la Conselleria de Economia"

"Las asociaciones asumieron un papel protagonista", ha asegurado Seoane. "ANC tenía un pdoer de movilización excepcional y nos presenta un escenario en el que son protagonistas de las movilizaciones", ha indicado. 

"El tercero de los pilares, la movilización social, hace referencia a los hechos organizados por Jordi Sànchez y Cuixart", ha indicado. 

"El dispositivo ágora venía a dar respuesta a una necesidad intensa de refuerzo por el clima violento que iba creciendo desde verano del 2017 en relación al movimiento independentista", ha indicado. 

"El seis de septiembre Junqeuras y Puigdemont remitieron una carta a los alcaldes para que cedieran los locales", ha explciado la abogada del Estado. 

"El área de pocesos electorales pasó a la vicepresidencia, es decir, el área de Oriol Junqueras", ha indicado. 

"El 4 de julio, tras la publicación el día anterior de una entrevista a Baiget en El Punt Avui en la que se posicionó en contra del referéndum, fue cesado", ha asegurado.

"El 9 de junio del 2017 hubo un acto formal tras un consejo de Gobeirno en el que se publicó la pregunta y fecha que se habían elegido de forma unilateral pocos días antes", ha indicado. 

"El Govern comienza desde octubre del 2016 un despliegue político y administrativo para llevar a cabo el referéndum", ha indicado. 

"En esta reunión ya se ve una de las que después sería una de las principales preocupaciones: cómo eludir la responsabilidad tras el referéndum", ha dicho. 

Seoane vuelve a hacer referencia a la agenda Moleskine de Jové. "Dos semans depsués de la cuestión de confianza en la agenda hay referencias a una reunión del 14 de octubre porque literalmente recogió un apartado sobre el referéndum, el censo, las consecuencias penales...", ha dicho. 

"La cuestión de confianza a la que se sometió Puigdemont fue otro hito reseñable, el señor Puigdemont planteó ante el Parlament una medida que ya existía en su hoja de ruta que era la celebración del referéndum y que las estructuras de estado estarían listas para julio del mismo año", ha indicado. 

"La ley se aprobó en una votación en la que no estaban presentes las minorías del parlament", ha asegurado Seoane en relación a la ausencia de los parlamentarios de Ciutadans y PP. 

"Se suprimió el trámite de las enmiendas a la totalidad. Solo se tardó dos horas en publicar la ley", ha asegurado la abogada del Estado, que ha defendidoq ue en leyes tan importantes no debería prescindirse de ningún trámite. 

"A pesar de las advertencias del letrado mayor del Parlament, la proposición de ley fue admitida", ha asegurado. 

"El día 6 de septiembre de 2017 se hizo una tramitación insólita porque se usaron todas las excepciones del reglamento del Parlament", ha asegurado. 

"Hubo una tramitación casi instantánea para que no diera tiempo a la suspensión del Tribunal Constitucional", ha dicho. 

"La decisión de incorporar al orden del día de un punto reside en la presidenta de la Mesa, por ello la decisión de no someter la proposición a trámite dependió única y exclusivamente de quién tenía esa potestad. De esa forma la señora Forcadell pudo retener el proyecto normativo hasta que hubo un consejo de Gobierno, cosa que ocurrió el 6 de noviembre", ha indicado. 

"El día 31 de julio se registró la proposición deley de convocatoria del referéndum. Quedó en un cajón y en la segunda semana de agosto se declaró de forma totalemnte extraordinaria", ha asegurado. 

"La actividad parlamentaria se vio marcada por varios hitos de las que después serían las leyes de transitoriedad y convocatoria del referéndum", ha asegurado Seoane. 

"La aprobación de la ley de presupuestos es otro de los hitos relevantes que confirman los cargos", ha asegurado. "En ella se preveían gastos para referéndums y consultas populares", ha asegurado. 

"Como resutla del escrito, toda la estrategia pasaba por la conjunción de la actividad parlamentaria, la movilización social y la actividad social", ha dicho. 

"La agenda Moleskine del señor Jové es otra prueba. La verosimilitud de la información resulta de las declaraciones de los testigos, que la confirmaron", ha asegurado. "En esas reuniones que hubo plasmadas había la voluntad de ordenar el proceso independentista", ha indicado.

"La hoja de ruta de Artur Mas se convirtió en programa político igual que la de la ANC", ha dicho. "Ene sta hoja de ruta se aprecia el concierto de voluntario de las partes para emprender un referéndum de autodeterminación", ha asegurado

"Consideramos probados los hechos a partir de un análisis de las pruebas", ha asegurado. 

"Consideramos que se ha hecho un ejercicio riguroso de analisis jurídico que ha dejado fuera cualesquiera otras valoraciones que por más esfuerzos que se haya hecho por introducirlas, no han tenido entrada", ha asegurado. 

Rosa María Seoane asegura que el punto de partida del análisis debe partir de la premisa básica de que la máxima legitimidad es la Constitución. 

Marchena reanuda la sesión del juicio de hoy. Es el turno ahora de la Abogacía del Estado.

Los abogados Jordi Pina, Andreu Van den Eynde y Benet Salellas han criticado el informe final de la Fiscalía porque consideran que es un "mitin político" con "poca solidez jurídica". "Es una remisión constante a una hipótesis preconcebida, la fiscalía no ha ganado ninguna partida", ha manifestado el letrado de Junqueras y Romeva, Andreu Van den Eynde. Por su parte, Pina –que representa Sànchez, Rull y Turull- ha remarccado que el fiscal Javier Zaragoza haya hecho referencias "constantemente" para negar la existencia de "presos políticos". 

El letrado del equipo de Cuixart, Benet Salellas, ha lamentado que la fiscalía "haya perdido la oportunidad histórica" de posicionarse en la defensa de los derechos fundamentales.

Marchena decreta una pausa hasta las 16 horas, cuando seguirán las conclusiones de la Fiscalía. 

"Los que causaron daños eran los que se entrontaron  alas fuerzas del orden para evitar el mandato judicial. Son responsables de toda violencia", dice el fiscal Fidel Cadena.

El 'president' Torra valora las conclusiones de la Fiscalía: "El fiscal tenía una oportunidad de oro, pedir la libertad inmediata de los presos, siguiendo al recomendación de la ONU. Recuerdo a la Fiscalía que es el garante de la legalidad y que el incumplimiento de la legaldiad internacional es un incumplimento. Denunciaremos en todas partes este juicio farsa, en todas partes".

"La finalidad era derogar la Constitución y separar un aparte del territorio", dice el fiscal Cadena.

"El bloqueo de la multitud a las fuerzas de seguridad es violencia", dice el fiscal Cadena.

La asociación pro derechos humanos de Andalucía ha emitido una declaración institucional señalando que el juicio del 'procés' "está poniendo en cuestión derechos fundamentales y garantías constitucionales, y que sienta un grave y peligroso precedente". Dicen que el  proceso judicial está propiciando "la criminalización de los movimientos sociales y la limitación de los derechos a la libertad de expresión, reunión y manifestación, derecho a la participación política y a la libertad ideológica". Informa Julia Camacho.

"Es un acción conjunta y global. Intervienen muchos convergentemente", dice el fiscal Cadena,

"La Constitución ha sido humillada y vejada del principio hasta el final", dice el fiscal Cadena. 

Turno ahora para el fiscal Cadena, que hablará sobre el delito de rebelión. 

La fiscala Madrigal, sobre la malversación, señala que "los hechos han sido realizados de manera conjunta, cada sujeto haciendo una actuación esencial".

La fiscala Madrigal cifra en "hasta unos 3 millones de euros" el desvío de fondos para el 1-O.

La fiscala reitera que la cesión de locales para el 1-O sí que tuvieron un coste para la Administración.

La fiscala Consuelo Madrigal atribuye en su informe sobre el delito de malversación de caudales públicos que los 12 acusados funcionar como "las organizaciones criminales", lo que "les resultó muy fácil al ocupar las máximas responsabilidades" en Catalunya. También les ha acusado de hacer de la Administración catalana "su particular cortijo". 

"Las facturas negativas no extinguen la obligación de pago. Así funcionan las organizaciones criminales, y más cuando mandan en una comunidad", dice la fiscal. 

La fiscal Madrigal dice que "Turull batió récords de tiempo en conseguir en 2 días el financiamento para la campaña del anuncio del referéndum". 

Se reanuda la sesión. Habla la fiscala Consuelo Madrigal, la tercera de los cuatro fiscales que participan en el juicio.

Finaliza el fiscal Moreno. La primeras dos horas de intervención de la Ficalía y Marchena decreta una pausa de media hora. La sesión se retomará a las 12.05 horas.

"Todos ellos eran conscientes de que era seguro que habría enfrentamientos", asegura el fiscal Moreno.

"El 1-O se celebró porque se pidió a la gente que se pusiese en actitud intimidante ante las escuelas. La resistencia pasiva se volvió activa", asegura el fiscal Moreno. "La violencia del 1-O fue la necesaria, ni más ni menos", añade.

"Los Mossos actuaban bajo las órdenes del Govern", dice el fiscal Moreno. "Hubo 1.093 heridos el 1-O".

El fiscal Moreno: "La violencia necesaria se plamsó en tres momentos: el 1-O poniendo a 6.000 agentes frente a ciudadanos y, en dos momentos previos, evitar la investigación de un juez, como el día 19 y 20-S, y hostigar e intimidar a las fuerzas de seguridad del Estado, que era quien debía cumplir la ley". "No se puede disfrazar de protesta esos actos", añade.

"No se puede negar que hubo violencia. Agentes que salieron a pedradas, coches vandalizados...", expone el fiscal Moreno. "Hubo una clara conducta violenta, patadas en la cabeza, testículos... Hay informes mñedicos que muestran la violencia física contra los agentes", añade. 

El fiscla Moreno dice que "el derecho a voto tiene límites". 

"El uso de la fuerza resulta legítimo, legal y necesario, era la forma de dar cumplimiento a la orden judicial", dice el fiscal Moreno. 

Turno para el fiscal Moreno, que plantea unas preguntas que intentará reponder, como si hubo violencia o no.

"Excepcional fue lanzar a dos millones d epersonas a la calle para proteger un acto ilegal y que se declarase la independencia", dice el fiscal Zaragoza. "Les exijo que repeten las leyes", añade. 

"Sànchez y Cuixart fueron los amos y señores del orden público en Barcelona. Había un estado de excepción", dice el fiscal.

"Forn siempre tuvo el control de los Mossos. En la Junta de Seguretat priorizó preservar la seguridad ciudadana el 1-O", dice el fiscal Zaragoza.

El fiscal Zaragoza dice que "hay varias pruebas que demuestran la intervención de Forn en estos hechos, como entrevistas a medios y correos electrónicos".

"En la reunión del 28 de septiembre queda claro que Forn, Juqnueras y Puigdemont fueron informados de que tenían que desconvocar el referéndum", dice el fiscal.

El fiscal Zaragoza, sobre Oriol Junqueras: "Fue el motor principal de la rebelión". "Fue advertido por el Constitucional hasta ocho veces", añade. 

"La movilización popular es una de las armas imprescindibles para empujar este 'procés'", asegura el fiscal Zaragoza. 

"Los hechos eran televisados. Hay pruebas que confirman que este concierto criminal para delinquir, entre el Parlament, Generalitat y asociaciones civiles", dice el fiscal Zaragoza.

"No hacen falta armas ni militares ni un estado de sitio para una rebelión", dice el fiscal Zaragoza.

"Fue un golpe de Estado. Eso es la sustitución de un orden jurídico por otro con métodos ilegales. Eso es el 'procés'", acusa el fiscal Zaragoza.

"Hubo violencia física, intimidatoria", dice el fiscal Zaragoza.

"Este es un juicio con todas las garantías. Las pruebas confirman los hechos del escrito de acusación. Ninguno de los acusados no han asumido responsabilidades", dice el fiscal Zaragoza.

"El objeto de juicio es que se han violado las leyes, se han enfrentado ciudadanos con la policía y destinado fondos a públicos a actividades ilícitas", expone el fiscal Zaragoza.

"No hay presos políticos, no son presos políticos. Un preso político es aquel que está encarcelado por sus ideas u opiniones sean una amenaza para el orden establecido", expone Zaragoza. 

"Es legítimo utilizar la fuerza necesaria para garantizar el cumplimiento del mandato judicial", dice el fiscal Zaragoza. 

"No se criminaliza el voto, sino incumplir y desobedecer reiteradamente las resoluciones judiciales", expone el fiscal Zaragoza. "Eso siempre será delito", añade. 

Zaragoza dice que Junqueras hizo en su turno de palabra del 14 de febrero "un ejercicio de cinismo sin precedentes". "Defiende la síndrome de la silla vacía para justificar lo que estaba haciendo. Quien se negó a dialogar responsabiliza a los que acatan la ley", asegura.

El fiscal Zaragoza: "No solo no hay derecho moral a la secesión, sino que hay obligación cívica y legal de defender la Constitución".

El fiscal Zaragoza empieza a exponer sus conclusiones acusatorias así: "Haber intentado liquidar la Constitución de 1978, intentando romper el orden constitucional y utilizando la violencia en aquellos momentos que ha sido necesario. Se empararon en un supuesto derecho de autodeterminación, sin apoyo nacional ni internacional".

Marchena concreta que el turno de última palabra se sitúa en 15 minutos para cada acusado.

El presidente del tribunal, Manuel Marchena, ha especificado la duración que tendrán los informes de conclusiones: de 9.30 a 11.30 un primer turno de la Fiscalía y luego, un segundo turno, de 11 a 14. La Abogacía del Estado defenderá sus conclusiones por la tarde y tras la pausa, lo hará la acusación que ejerce Vox. Las defensas lo harán la próxima semana para tener tiempo para prepararse. El presidente del tribunal está atribuyéndoles una hora por acusado.

La sesión de hoy del juicio empieza a las 9.30 horas. Empezará la Fiscalía, que expondrá su informe de conclusiones, en el que apuntará que hubo una "situación claramente insureccional".