El martes pasado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo desestimó el recurso interpuesto contra la resolución del Tribunal Constitucional que suspendió el pleno del Parlament de Catalunya de 9 de octubre del 2017 en el que, previsiblemente, se iba a declarar la independencia de manera unilateral. El recurso fue interpuesto por la expresidenta Carme Forcadell y 76 exdiputados catalanes. La resolución del TEDH del Consejo de Europa es de fundamental importancia. Porque la Corte europea que ampara la vigencia de la Declaración de Derechos Humanos de 1953 no observa ninguna infracción de cualquiera de los protegidos por el convenio internacional. Por el contrario -y esta es la clave de su decisión- considera que la suspensión del plenario legislativo constituyó "una imperiosa necesidad" de proteger el orden constitucional y de defender los derechos y libertades de la minoría parlamentaria que solicitó el amparo del TC español.
La tesis de fondo no es novedosa, pero es la primera vez que de forma explícita afecta al fondo del proceso soberanista: la independencia de un territorio, por sí mismo, no es un fin ilícito, ni ilegítimo, pero no es admisible si se trata de conseguir con infracción de una Constitución democrática como es la española. La expresión "necesidad democrática" sustancia el argumento esencial: en un sistema constitucional como el español que no establece una democracia militante sino procedimental, la unilateralidad no resulta admisible. La Carta Magna es reformable, pero por los procedimientos que ella misma establece. Remedando el título del ensayo del que fuera letrado mayor del Parlament, Antoni Bayona, "no todo vale" y las maneras rupturistas, arbitrarias e ilegales del proceso soberanista, en la medida en que llevaron a los resultados de octubre del 2017, no pueden ser amparadas en ninguno de los derechos fundamentales a los que se apelaba en el recurso. El planteamiento de la impugnación -digan lo que digan estos o aquellos letrados- resultaba del todo inviable.
La suspensión de los parlamentarios presos disminuye la capacidad independentista en las cámaras
El TEDH ampara las decisiones suspensivas -y, con más razón lo hará con las de fondo- del Tribunal Constitucional sobre la unilateralidad secesionista. Esta resolución no prejuzga otras que pueda dictar la Corte europea en relación con la prisión preventiva de los dirigentes soberanistas procesados (un grupo de la ONU ha emitido un informe muy crítico al respecto) y, eventualmente, contra una sentencia condenatoria del Supremo. Hay que distinguir dos planos: el constitucional está claro y la unilateralidad es inadmisible; en el penal, habrá que esperar a que se dicte sentencia, a que esta sea condenatoria, a que se recurra en amparo ante el TC y, después, a que se abra la vía de Estrasburgo.
Frustración colectiva
Tampoco parece posible, jurídicamente, que el independentismo normalice su pretensión en la Unión Europea. Oriol Junqueras será autorizado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo a recoger el acta europea, pero no a desplazarse a Estrasburgo o Bruselas porque se mantiene sobre él la medida cautelar de la prisión preventiva. Tampoco Carles Puigdemont ni Toni Comín podrán sentarse en el escaño del Parlamento Europeo. Para adquirir la condición de diputados se deberán atener a las pautas que la propia Cámara ha indicado: presentarse en Madrid ante la Junta Electoral Central, momento en el que serían detenidos. Estas que se exponen no son suposiciones, sino previsiones bien estudiadas por los servicios jurídicos del Estado, por el instructor de la causa contra el expresidente de la Generalitat y por los magistrados de la Sala Segunda. Los tres dirigentes independentistas sabían cuando se presentaron a las elecciones europeas que sus posibilidades de desarrollar sus funciones representativas eran remotas. Si se pretendía jugar con un sentimiento de frustración colectiva en Catalunya, lo han conseguido.
Por su parte, la fiscalía del Supremo emitirá el martes su informe oral, que manejará en su alegato como testigos de cargo a Josep Lluís Trapero y otros mandos de los Mossos, manteniendo las acusaciones más graves contra los procesados, tras una fase de prueba documental muy impactante y controvertida. El trámite acusatorio coincide con el trajín de los pactos territoriales, uno de los cuales resulta estratégico para el desarrollo de los acontecimientos: la elección del alcalde o alcaldesa de Barcelona. El ayuntamiento de la capital de Catalunya -aunque el esencialismo secesionista pretenda retirarle esta condición histórica- es una institución-escaparate con un poder político extraordinario y un presupuesto poderoso. En el puzle independentista Barcelona es tan importante como lo es en el constitucionalista. En los círculos de poder de la capital cotiza alta la entente Ada Colau-Jaume Collboni-Manuel Valls, lo que destrozaría la estrategia de ERC. Y todo ello, después de que los diputados presos y el senador Raül Romeva hayan sido suspendidos, lo que merma la fuerza política del independentismo en las cámaras legislativas de modo drástico. JxCat tampoco tendrá grupo parlamentario en esta 13ª legislatura.
Una "chapuza"
Todo esto remite a un Estado democrático que como el español siempre termina por encontrar esa fórmula remedial que el TEDH sintetiza en la expresión "imperiosa necesidad social" de defenderse. Acontecimientos todos concatenados que llevan a la convicción de que "el 'procés' ha sido una chapuza!, en palabras del historiador Benoît Pellistrandi. Una construcción efímera que ha entrado en combustión. Lo han rubricado ante Quim Torra los empresarios del Cercle d'EconomiaCercle d'Economia: "el conflicto lo llena todo" y "Catalunya está perdiendo poder económico". Es necesaria una sensata y urgente rectificación.