El tribunal del 'procés' ha rechazado los recursos de audiencia en justicia interpuestos por los exdiputados de la CUP Antonio Baños y Eulàlia Reguant contra el acuerdo de la Sala que les impuso una multa de 2.500 euros a cada uno por negarse a contestar en el juicio a la acusación popular que ejerce Vox, que era la que les había propuesto como testigos. Contra la decisión cabe recurso de alzada ante la Sala de Gobierno del Supremo en el plazo de cinco días.

Termina la prueba pericial y se suspende el juicio hasta el lunes a las 10 horas cuando comenzará la prueba documental. En esa fase es en la que se proyectarán los vídeos propuestos por las partes. Solo la fiscalía ha propuesto un centenar de grabaciones.

Turno para dos peritos informáticos, Rubèn Pujol y José Navarro.

Declara Gemma Rigau, especialista en Filología Catalana e Hispánica del Institut d'Estudis Catalans, por una traducción encargada por el Govern dirigida a los Mossos sobre la realización del referéndum del 1-O.

Declaran dos médicos del Hospital Sant Pau de Barcelona, Xavier Crusi y Ferran Caballero, que atendieron a pacientes heridos en las cargas del 1-O. "De los 60 casos analizados, la mayoría de lesiones fueron leves. En 32 casos no se necesitó tratamiento". 

Ante las protestas de las defensas por tratarse de una valoración sobre Enfocats, que se intervino en el domicilio, cuando él podía declarar sobre lo intervenido en su despacho, el fiscal Javier Zaragoza ha acabado renunciando a su declaración.

La fiscalía ha acabado renunciando al testimonio ya que el testigo experto tiene prohibido hacer valoraciones y hacía una valoración al responder a cada pregunta. La última ha consistido en decir que "la movilización ciudadana estaba coordinada desde el Govern".

El presidente del tribunal, Manuel Marchena, ha decidido finalmente aceptar a uno de los dos peritos propuestos por la fiscalía en relación con el documento 'Enfocats' y la agenda intervenida a Josep Maria Jové, pero en la condición de testigo experto, que es como constaba en el auto de admisión de prueba. El otro experto ha sido expulsado porque ya declaró como testigo de la acusación. Las defensas han presentado protesta al entender que el tribunal ha alterado el orden de la prueba, introduciendo a un testigo de la acusación después de escuchar a los suyos.

El presidente del tribunal del 'procés', Manuel Marchena, ha suspendido la vista 10 minutos para decidir si un teniente de la guardia civil que declaró como testigo de la fiscalía puede declarar también como perito en relación con la agencia de Josep Maria Jové. Informa Ángeles Vázquez.

Se reanuda la sesión en el Supremo.

Muy breve la primera prueba pericial de la tarde. Un guardia civil tenía que ratificar la traducción para un informe del cuerpo de una entrevista a Joaquim Forn. La prueba pericial estaba propuesta por Fiscalía. 

El tribunal tiene previsto que las acusaciones realicen sus informes de conclusiones el próximo 3 de junio, mientras que las defensas los realizarán durante los días 10 y 11. Cada parte cuenta unas dos horas para hacerlo. A continuación será el turno de la última palabra de los acusados, para lo que que se prevé que necesiten unos 15 minutos quienes quieran hacer uso de ese derecho, explican fuentes jurídicas. Así, según los cálculos del tribunal, entre el 11 y el 12 de junio el juicio quedará visto para sentencia, señalaron las mismas fuentes. Informa Ángelez Vázquez.

Marchena suspende la sesión hasta las 16 horas ya que hay reunión de la Junta Electoral Central.

Sigue la prueba pericial, pero ahora pregunta la Abogacía del Estado.

Marchena decreta una pausa de media hora.

Los cuatro peritos analizan, a preguntas de la fiscala, las pruebas periciales sobre el uso de locales para el referéndum del 1 de octubre del 2017.

Acaba ya el último testigo del juicio. Se reanuda la prueba pericial. En este caso sobre la valoración de los locales empleados como centros de votación. Entran dos técnicos de Segispa e Ibertada, Carlos Javier Irisarri y José Manuel Cámara, propuestos por el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado. Compartirán mesa con los propuestos por la defensa de Dolors Bassa, los peritos Jordi Duatis y Joan Güell, citados para ratificar el informe sobre el posible valor de uso de los inmuebles donde se celebreó el 1-O. 

Finaliza la declaración de Pau Villòria. Entra a la sala el cuarto testigo del día y último de la fase testifical del juicio, Josep Solà, exdirector de servicios del Departament d'Empresa.

"Santi Vila me dijo que no diese indicaciones a las unidades administrativas para que no se iniciase ningún expediente de gasto por el 1-O", explica Villòria. "Me comentó que Puigdemont decía que el 1-O se financiaría con donaciones de particulares. Y me consta que no hubo ningún gasto ni ninguna contratación por el referéndum", añade el exsecretario general de Empresa.

Finaliza el segundo testigo del día. Entra ya al tercero del día, Pau Villoria, exsecretario general del Departament d'Empresa. Ha sido propuesto por la defensa de Santi Vila.

El Supremo devuelve a la Mesa del Congreso la decisión sobre la suspensión de los diputados presos

El Tribunal responde a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, en los argumentos que le dio en el auto en el que autorizó a los diputados electos presos asistir a la sesión constitutiva de las Cortes, en los que apelaba a la aplicación de los reglamentos de las cortes para proceder a su suspensión. Además, en su oficio, reprocha a Batet que "la configuración constitucional del Tribunal Supremo hace inviable la elaboración del informes" sobre la aplicación del artículo 384 bis de la ley de enjuiciamiento criminal que les reclamó. Informa Ángeles Vázquez.

Urios afirma que "ninguno de los gastos que han estado identificados no tienen relación con el Departament de Governació en el período de Borràs".

Entra a la sala el segundo testigo, Xavier Urios, durante el 1-O era el jefe del departamento jurídico de Governació. Propuesto por la defensa de Meritxell Borràs.

Valls afirma que el contrato marco para las urnas "quedó desierto". "De tres empresas, una se retiró, a otra le faltaba documentación y la tercera no tenia solvencia", explica la exdirectora de servicios.

"No cedimos ningún lical de la 'conselleria' para el 1-O. No pedimos por carta que se pusiese a disposición ningún local", explica.

Valls explica que siempre recibió órdenes de cumplir con las directrices y prohibiciones del Constitucional. 

Josefina Valls, la primera en testificar, es la exdirectora de servicios del Departament de Governació. Está citada a declarar por la defensa de Meritxell Borràs.

Empieza la sesión de hoy del juicio del 'procés'. Este jueves declaran los últimos cuatro testigos, que quedaron pendientes de ayer. En total, habrán comparecido 422 testigos.

Termina la declaración y Marchena suspende la sesión mañana a las 10 de la mañana. 

Los peritos han explicado que no creen que hubiera una etsrategia organizada porque la gente se iba adaptando a lo que iba surgiendo. 

Castañar asegura que creyeron que el hecho de dejar las armas en los vehículos no es una buena praxis. 

"Teniendo en cuenta la cantidad de gente que participó en el 1-O, hubo pocos heridos", ha asegurado Castañar. 

Marchena retoma la sesión. Siguen declarando los dos peritos expertos en la noviolencia de los actos. 

Marchena ordena un receso hasta las seis y media. 

Los peritos han asegurado que para realizar el informe tuvieron en cuenta el número de agentes heridos. 

El discurso de Cuixart fue un llamamiento al comportamiento cívico, a la calma y la pacificación, ha dicho uno de los peritos. 

Castañar ha afirmado que el 20-S en al sede de la CUP hubo una interposición no violenta. 

"El 20-S no fue un acto de desobediencia civil", ha asegurado Castañar. 

"La mayoría de participantes de las diferentes concentraciones o manifestaciones también mantuvieron una actitud no violenta", ha asegurado Lederach. 

John Paul Lederach confirma la tesis de la defensa de Cuixart asegurando que los actos no fueron violentos. Jesús Castañar igualmente ha confirmado la postura asegurando que "la acción no violenta es un conjunto de métodos para reconducir un conflicto sin usar la violencia". 

Los peritos que declaran ahora son John Paul Lederach y Jesús Castañar Pérez. Ambos testificarán sobre si los actos fueron violentos. 

Marchena cita ahora a los peritos citados por al defensa de Jordi Cuixart manteniendo así a los 4 testigos que quedan para más adelante. 

Termina la declaración de las peritas sobre la supuesta malversación de fondos públicos en el 1-O. 

La funcioanria del ministerio de hacienda, Mari Carmen Tejera, ha asegurado que sí se reunieron con la policía judicial para ayudarles en algún momento puntual. 

Escrito del PP ante la Fiscalía

El PP presentará este miércoles un escrito ante la Fiscalía en el que pide investigar a los cuatro diputados presos por posibles delitos de desobediencia así como por ultrajes e injurias. En el escrito se señala que Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull grabaron cada uno de ellos un vídeo, incumpliendo el mandato judicial de no realizar declaraciones, y con afirmaciones "asimilables a la injuria" que suponen "un ataque y vilipendio de carácter infamante a la imagen y prestigio de la nación española tanto a nivel nacional como internacional".

Las tres funcionarias del Ministerio de Hacienda y otra de la Intervención General del Estado han desmontado la tesis de las defensas de los dirigentes indendentisas sobre la inexistencia del delito de malversación por el hecho de que determinados gastos atribuidos al referéndum unilateral 1-O no fueron finalmente abonados porque se suspendieron los pagos, se devolvieron las facturas o simplemente se renunció a su cobro, tal y como han declarado alguno de los proveedores. 

Ahora declara Teresa Hernández, funcionaria del ministerio de Hacienda solicitada por la fiscalía en relación al uso de fondos para el referendum.

Marchena reanuda la sesión con las declaraciones de peritos y técnicos. 

Cuatro peritos que formaron parte del equipo técnico que asesoró al Ministerio de Hacienda durante la intervención de las cuentas de la Generalitat han asegurado este miércoles durante su declaración que existió “compromiso de gasto” para pagar el referéndum del 1-O, a pesar de que no se siguieran todas las fases del procedimiento de contratación administrativo. “La realidad está ahí aunque no exista procedimiento. Siempre que haya un encargo, ejecutado por el contratista de buena fe, se hace un cargo”. De esta manera, preguntadas por el momento en que se produce el perjuicio para el patrimonio público, ratificaron que “desde el momento en que se presta el servicio por parte del empresario”. 

El juez Marchena decreta pausa en el jucio. A las 16 hora se retomará la prueba pericial. 

Las peritos están hablando sobre las cuatro denuncias que presentó Hacienda ante la Fiscalía General del Estado y las tres al Tribunal de Cuentas, además de los seis requerimientos a la Interventora General de la Generalitat, al detectar "indicios de delito" en los gastos vinculados a la organización y celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. 

Marchena explica que el juicio sigue adelante con la prueba pericial pese a la protesta de las defensas. Empieza interrogando el Ministerio Fiscal a las cuatro peritos.

Se reanuda la sesión tras la pausa para deliberar del tribunal. 

La nueva presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha pedido al Tribunal Supremo un informe sobre la situación de los diputados y el senador en situación de prisión preventiva. El escrito se lo han entregado al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, para que se lo remita a los magistrados que juzgan el 1-O.

Batet quiere que el tribunal diga si se puede aplicar la suspensión de los presos por la vía del artículo 384bis, el mismo que aplicó el juez Llarena en julio para suspender a los diputados del Parlament. La presidenta del Congreso también podría suspender Junqueras, Rull, Turull, Romeva y Sànchez a través del reglamento del propio Congreso.

El fiscal cifró en su informe que para el referéndum se utilizaron 3,03 millones de euros de fondos públicos.

Marchena decreta una pausa para deliberar spbre lo planteado por las defensas. El Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado y la acción popular han manifestado su posición de que se siga adelante con la prueba pericial porque no se impugnó el auto de admisión de pruebas en su momento.

Las defensas alegan indefensión para intentar anular esta prueba pericial, la respectiva a los fondos del referéndum.

Maria del Carmen Tejera, Sara Izquierdo y Teresa Cecilia Hernández son funcionarias del Ministerio de Hacienda. Por su parte, Mercedes Vega es de la Intervención General del Estado.

Las cuatro, que se sientan frente al juez Marchena, deberán explicar si se utilizaron -y cuántos en el caso de que así sea- fondos públicos destinados a la organización y celebración del referéndum. 

Cabe señalar que por la tarde aún hay citados testigos, pero para agilizar el juicio se ha pasado a la fase pericial. 

Las cuatro peritos han sido desginados por el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado.

Nueva etapa en el juicio del 'procés': empiezan las pruebas periciales. 

Finaliza la declaración de Àngel Cortadelles. Y Marchena decreta una pausa hasta las 12.15 horas.

"No puedes acceder a través de los aplicativos a nada que no sea de ámbito de tu competencia", explica el testigo, alto cargo del Departament de Justícia.

"El departamento de Justícia no trabajaba con Unipost, lo hacía con Correos", cuenta Cortadelles. 

Cortadelles explica que el 'exconseller' Mundó le expresó que "instrucciones expresas de no gastar dinero por el referéndum".

Declara ahora Àngel Cortadellas, exdirector de servicios del Departament de Justícia hasta octubre del 2018. 

Sans cuenta que también es habitual que haya eventos durante la noches en los centros cívicos de la Generalitat: "Como por Sant Joan, la fiesta de la Primavera, dle Otoño...". "Hay días con más solicitudes de centros que el 1-O", añade.

Sans explica que es habitual la cesión de espacios cívicos para fiestas escolares y otras celebraciones. 

Finaliza la declaración del segundo testigo, Ricard Gené. Entra a la sala Rosa Maria Sans, jefa del servicio de programación y dinamización de actividades, órgano que gestiona los equipamentos de la Generalitat. 

"La hoja de ruta de la ANC era un documento de orientación. La comisión política preparaba un esbozo y la asamblea lo tenía que aprobar", dice Gené.

"El objetivo de la hoja de ruta de la ANC era orientar el programa electoral de septiembre del 2015", afirma Gené.

Los testigos están siendo interrogados por la abogada de Forcadell, Olga Arderiu, la defensa que les ha citado. 

Finaliza el primer testigo de la mañana. Turno para el segundo, Ricard Gené, exmiembro del Secretariat Nacional de la ANC.

"Yo proponía hacer un tuit sobre un tema, el texto y lo mandaba yo. Si la situación se daba, ella lo validaba. Si por tiempo o lo que sea no podía responderme de inmediato, yo procedía", explica Martínez sobre el funcionamiento de las redes sociales de la expresidenta del Parlament. 

"No vi los coches de la Guardia Civil porque era un poco asfixiante de tanta gente que había. Vi a periodistas sobre los coches", cuenta la persona que gestionaba las redes sociales a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell. 

"Era una convocatoria transversal con distintas asociaciones, partidos, sindicatos... Una concentración ciudadana", afirma el asesor en redes sociales del Departament de Comunicació.