La "caja de solidaridad" del 'procés', creada por las entidades soberanistas el 8 de mayo del 2017 y reconvertida en fundación autónoma con el fin de recoger fondos para respaldar económicamente a los sancionados o investigados, ya ha depositado parte de la fianza impuesta a 30 altos cargos de la Generalitat del Govern de Carles Puigdemont por haber participado presuntamente en la organización del referéndum del 1-O.
La apoderada de esta organización, la expresidenta del Parlament Núria De Gispert, que no ha participado en la rueda de prensa, ha abonado este miércoles 3,7 millones de euros para liquidar una fianza de 5,8 millones de euros. Por lo tanto, aún quedan por pagar unos 2,1 millones de euros y piden a la ciudadanía incrementar sus donaciones.
A día de hoy estos fondos están bajo mínimos, después de haber abonando un total de 6,2 millones de euros en fianzas, unos 122.000 euros en multas y unos 40.000 euros por casos concretos de activistas sin cargo público. En este saco se acumula el pago de las condenas por la consulta del 9-N, las fianzas de los 'exconsellers', la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la del expresidente Carles Puigdemont en Alemania; los 4,9 millones de euros por la sentencia del Tribunal de Cuentas a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau, entre otras.
El expresidente del Parlament, Ernest Benach, garante de este depósito, ha asegurado que desde el 9 de abril se han recogido cerca de 2,5 millones de euros para el pago específico de la fianza a los altos cargos del Govern. "Nuestra función es continuar recaudando e intentado cubrir este caso y otros que se nos presentan. Tenemos que agradecer a tanta y tanta gente lo que es una muestra más del valor que el pueblo de Catalunya da al concepto de solidaridad. Nada tiene sentido, ni la causa, ni las explicaciones, ni la argumentación, y tenemos que ahorrar el sufrimiento", ha añadido.
El vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha hurgado en un "nuevo llamamiento a la solidaridad" ante "una nueva demostración de la represión del Estado". "Se persigue todo eso que huele a libertad de expresión", ha apostillado, y ha cargado contra la "persecución" de servidores públicos que "trabajaron para que la gente se expresase en las urnas el 1-O".
Por su parte, la dirigente de la ANC, Elisenda Paluzie, ha asegurado que la causa del juzgado número 13 de Barcelona es una "vulneración de derechos total, flagrante y absoluta". "El referéndum no es un delito, haber ayudado a organizarlo es la mejor causa colectiva que ha hecho este país en las ultimas décadas", ha asegurado, y ha sostenido que "se les imputan gastos como obras en edificios con la Generalitat que nada tienen que ver con el referéndum".