Pocos días después de que Venezuela sufriera otro apagón general, el Parlament de Catalunya aprobó este jueves una resolución posicionándose sobre la situación del país caribeño. El documento condena la ingerencia extranjera liderada por Estados Unidos, al considerarla "una operación política que no respeta la soberanía venezolana y que tiene que ver con el control y la gestión de sus recursos naturales fósiles". Al hilo de la resolución, Junts per Catalunya ha equiparado a los presos políticos venezolanos con los del 'procés'.
La propuesta, que ha sido aprobada gracias a 12 votos de los soberanistas -JxCat, ERC, los 'comuns' y la CUP- y con ocho en contra de Ciutadans y el PSC, significa de facto el no reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, alejándose así de la postura del Gobierno de Pedro Sánchez. Los cuatro firmantes han coincidido en afirmar que en Venezuela se está llevando a cabo una "operación política" liderada por los EEUU de Donald Trump y el Brasil de Jair Bolsonaro que "nada tiene que ver con la situación social y política, sino con los intereses económicos, geopolíticos y geoestratégicos en el país".
A grandes rasgos, lo que el texto manifiesta es la necesidad de encontrar una solución pacífica y democrática al conflicto venezolano, respetando el principio de soberanía nacional y los derechos humanos. El documento considera que lo que está sucediendo en el país caribeño es una "operación política" disfrazada de intervención humanitaria. Los firmantes condenan la represión política y los encarcelamientos que sufren los opositores al Gobierno de Nicolás Maduro a la vez que lamentan que esto mismo, dicen, está sucediendo en el Estado español. Se pone de manifiesto que la intervención responde a "razones geoestratégicas" y a los "intereses de las grandes multinacionales" sin tener en cuenta "las necesidades, los derechos y las libertades de los pueblos".
"Insulto a la ciudadanía"
JxCat remarcó que con la resolución no pretende "blanquear" al Gobierno de Maduro. Francesc de Dalmases, portavoz en la comisión de los posconvergentes, ha equiparado "la democracia imperfecta" de Venezuela con la española, puesto que, según ha defendido, en ambas "se encarcelan oponentes políticos y hasta líderes sociales", una afirmación que ha sido calificada de "insulto a la ciudadanía" por parte de Ferran Pedret (PSC).
De Dalmases remarcó la necesidad de que se celebren elecciones en el país caribeño, justificando que el conflicto venezolano no se resolverá "con menos democracia sino con más". Por su lado, Ruben Wagensberg, portavoz de ERC, consideró que es conveniente separar los dos debates que "con toda la mala intención del mundo" se han querido mezclar. El primero, referente a la "complicada" situación política y económica del país, y el segundo, a las "razones geopolíticas" que han motivado la injerencia.
CUP y 'comuns' lamentaron que este debate se haya hecho en el seno de una comisión y no en el Pleno de la Cámara, pues todos los diputados habrían tenido que poder participar en tal debate. Y reprocharon que "uno de los grupos firmantes" votó en contra de llevarlo al pleno.
Susana Segovia, portavoz de Catalunya en Comú Podem denunció que la operación va en contra "de los derechos y la soberanía del país". La CUP fue la más contundente a la hora de condenar lo que consideran un "golpe de estado propiciado por EEUU y el fascista Bolsonaro". El portavoz, Carles Riera, celebró la resolución a la vez que lamentó que se trate de "un acuerdo de mínimos" y que "está lejos de la posición de su grupo respecto a la situación del país". Riera reafirmó la convicción de que "la revolución bolivariana es el camino", aunque esto no haya quedado plasmado en el texto.
El 'no' de Cs y el PSC
Ciutadans, que empezó su intervención reafirmando su apoyo a quien para ellos es el "presidente legítimo", Juan Guaidó, arremetió contra la propuesta, tachándola de "despropósito lleno de falsedades"y considerando que pretendía "blanquear"al régimen de Maduro. El portavoz de la formación naranja David Mejía lamentó que se estuviera hablando de "intereses económicos"cuando se tendía que estar hablando de "derechos humanos".
Esta consideración le costó el reproche de De Dalmases, que manifestó que le habría gustado que la "preocupación" de Cs por el respeto de los derechos humanos en Venezuela "fuera la misma en todos los lugares del mundo". Mejía argumentó que en democracia, el diálogo debía llevarse a cabo "dentro de la legalidad" y consideró que lo que se tendría que denunciar no son "intereses ajenos al pueblo venezolano", sino "los ataques" contra los opositores y "la falta de luz, agua y medicinas". Antes de finalizar su intervención, Mejía pidió a los proponentes que "se replantearan la moción".
La posición que tomó el PSC-Units, que acabó rechazando la propuesta, fue más equidistante, considerando que el documento, que parecía "avalar" al Gobierno de Maduro, "estaba muy alejado del principio de realidad" y expresó la necesidad de hacer un análisis "más riguroso y realista" de la situación del país caribeño. Pedret consideró que había "muchos actores jugando sobre el tablero de Venezuela" y que estos estaban usando "a los ciudadanos venezolanos como piezas". Finalmente, Pedret opinó que en Venezuela tenían que establecerse unos "mínimos consensos básicos" y que lo que debería procurar la comunidad internacional es que en el país "no se empiece una guerra civil", qu,e según él, "podría prolongarse muchos años".