Termina la rueda de prensa. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha anunciado este viernes que los restos del dictador Francisco Franco serán exhumados del Valle de los Caídos y vueltos a enterrar el día 10 de junio por la mañana en el panteón de Mingorrubio en el cementerio de El Pardo, de titularidad estatal.

Ante la posible suspensión del supremo y la licencia de obras, Calvo insiste: "Nosotros somos el Gobierno de España, no estamos en lo que hace la Justicia. Estamos en el cumplimiento de sus resoluciones". "En este acuerdo ponemos en marcha todos los elementos que lleva la ejecución de este acuerdo", explica.

Calvo se remite a la comunicación de la familia Franco del 7 de marzo de enterrar al dictador en La Almudena, pero "como eso no es posible, el Gobierno toma esta decisión".

"No, no lo afecta", dice Calvo sobre la decisión del juez de suspender la licencia urbanística para exhumar a Franco.

Calvo evita valorar la situación interna del PDECat, pero dice que lo deseable es que todos apuesten por la cooperación.

"El dictador y su entorno han utilizado los elementos legales a su alcance para articular la discrepancia", señala Calvo. "Eso ha ido obligando a todos los plazos de tiempo con lo que ha trascurrido" el proceso. "Por eso, este Gobierno, respetando los procedimientos, reconociendo y respetando el ámbito del Poder Judicial, también nos respetamos a nosotros en el espacio en el que podemos ejercer nuestras propias competencias y decidir el 10 de junio", explica, cerrando el proceso.

"Para cualquier Gobierno que esté en esa fecha del 10 de junio, a menos que haya modificado la norma, lo tiene que hacer. No hay más, porque estamos en un Estado de derecho. Solo cabe la modificación o la ejecución". Calvo subraya que la labor del Gobierno garantiza la fecha en la medida de sus posibilidades.

"Estamos para acatar las resoluciones judiciales. Pero eso no empece para que el Gobierno termine su procedimiento", dice Calvo, que subraya que no ha habido injerencias en el Poder Judicial. "La competencia del Gobierno queda terminada. Y fuera de las fechas electorales y en el plazo del tiempo de la tutela judicial de los implicados".

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Calvo ha insistiedo en que no habrá comunicación ni imágenes, ni convocatoria pública de la exhumación de los restos del dictador. 

"Allí solo tienen que estar las personas de uno u otro bando que fueron víctimas de la contienda. Lo urgente es que salga Franco. A partir de ahí para el Gobierno es importante que el Valle de los Caídos permanezca como un lugar de recuerdo y reposo, sin la perturbación que supone que esté franco. (...) Ese es el objetivo principal. La manera que lo vamos a hacer lo iremos viendo por partes".

"Un Estado de derecho tiene medios para hacer cumplir sus decisiones", adelanta Calvo. La vicepresidenta señala que la Iglesia católica "se ha pronunciado formalmente y dice que acatará la decisión que tome la autoridad competente, y la autoridad competente es el Consejo de Ministros, que ha decidido esta fecha y condiciones".

Calvo evita valorar cualquier posible acción de la familia Franco. "A nosotros nos corresponde hacer realidad una parte importante de la ley de memoria histórica", señala Calvo, recalcando lo anómalo de la situación del enterramiento del dictador. "No nos corresponde hacer ningún tipo de valoración".

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Calvo ha asegurado que con este último paso "se está ejecutando la Ley de Memoria Histórica" del año 2007. "Una ley propia del esfuerzo de una democracia por atender los informes de la Naciones Unidas", ha destacado. Ha argumentado también que, expirados los sucesivos plazos que han tenido los familiares para recurrir la decisión y disponer sobre el destino de los restos mortales del dictador, el Gobierno ha elegido un "destino alternativo compatible" con la garantía del orden público y la seguridad ciudadana, puesto que se trata de un lugar de "titularidad estatal". Calvo ha insistido en que el próximo 10 de junio "se concluirá con el procedimiento" de la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, cumpliendo con el Acuerdo del Consejo de Ministros del 31 de agosto de 2018, por el que se inició el procedimiento administrativo.

"Nos parece que las resoluciones hay que cumplirla y que Torra tiene que cumplir los pronunciamientos de la JEC", dice Calvo sobre los lazos amarillos.

En todo caso, la exhumación y posterior inhumación será después de las elecciones generales y de las europeas, autonómicas y municipales. 

A pesar de la decisión del Gobierno, que pone fin al trámite administrativo, la familia ha recurrido al Tribunal Supremo, que es el que debe decidir.  

El Gobierno llevará los restos de Franco el 10 de junio al cementerio de El Pardo. "La reinhumación de los restos será el 10 de junio por la mañana y los restos irán al panteón de Mingorrubio", confirma Calvo. El Ejecutivo también ha contemplado la posibilidad de que la familia, "si quiere y decide", celebre una "íntima" ceremonia en el lugar de la reinhumación y acorde a sus preferencias religiosas, resaltando que sólo será "para los familiares". Por este motivo, "no habrá comunicación ni convocatoria pública" y se adoptarán las medidas necesarias para evitar el uso de medios de captación y reproducción de imagen y sonido, ya que el fin es poder "preservar la intimidad" de la participación de la familia y "de los restos del dictador".

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha adelantado este jueves que ha dado instrucciones para que se redacte la legislación interna que sea necesaria para dar efecto "al histórico" Tratado Fiscal alcanzado con España y ha explicado que ya ha presentado una moción en el Parlamento para registrar su existencia. 

El Gobierno da luz verde a la firma del acuerdo sobre fiscalidad y protección de los intereses financieros entre España y Reino Unido en relación con Gibraltar. En el acuerdo, el primer Tratado internacional entre España y Reino Unido sobre Gibraltar después del Tratado de Utrecht de 1713 por el que España cedió el Peñón, se establecen las normas para determinar la residencia y las condiciones de un cambio en la misma para personas físicas y jurídicas, así como el intercambio de información en materia fiscal o la aplicación de estándares y legislación hasta la fecha de retirada de la UE.

El debate se ha producido  en vísperas de que la UE lance, el próximo lunes, su sistema de alerta rápida contra la desinformación. El lunes se producirá en Bruselas la reunión inaugural de los "puntos de contacto nacionales" para poner en marcha esta iniciativa. El objetivo europeo es, ante las próximas elecciones (a la Eurocámara), "tratar de contener" lo que ya se sabe que será "un problema grave de desinformación y de interferencias desde fuera de la UE que alimentan a determinados partidos políticos", en palabras del ministro. En lo que concierne a España, dejó claro que su departamento constata "todos los días" que circulan informaciones "voluntariamente falseadas", teniendo en cuenta lo fácil que es "coger un texto de cualquier institución, darle la vuelta, hacerle decir lo que no dice y divulgarlo". "La tarea de detectar las mentiras, las falsedades, las medias verdades y contrarrestarlas para que los ciudadanos tengan información fiable es un gran reto para la democracia", ha admitido.

El problema de la desinformación y de las llamadas 'fake news' (literalmente, 'noticias falsas') ha sido objeto de análisis por el Consejo de Seguridad Nacional. Esta iniciativa del Ejecutivo se enmarca en los esfuerzos que ha iniciado la UE, después de que en diciembre la Comisión Europea presentase un plan de acción contra la desinformación, especialmente ante el horizonte de las elecciones europeas del 26 de mayo.

Calvo confirma el recurso de Moncloa al Constitucional contra la comisión de investigación sobre la Monarquía del Parlament, que ya adelantó EL PERIÓDICO. "Este Gobierno no puede aceptar que sin competencia alguna se trate de investigar la figura del jefe del Estado por parte de un Parlamento autonómico", explica la vicepresidenta.

El Gobierno invertirá 150 millones para paliar la brecha digital en el mundo rural.