La Fiscalía Superior de Catalunya ha abierto este jueves diligencias de investigación sobre la "acción coordinada" de los CDR en una veintena de edificios judiciales en Catalunya la madrugada del lunes, cuando esparcieron excrementos y basura en las sedes, en una protesta contra el sistema judicial.
El decreto de incoación de diligencias constata que las acciones "resultaron idóneas para perturbar el normal desarrollo de las funciones públicas" en los edificios judiciales afectados, y que causaron la suspensión de las actividades en Valls y Cervera.
El fiscal relata en el decreto de apertura de la investigación que "es un hecho notorio" que, en la madrugada del 4 de febrero, en una "acción coordinada", diferentes grupos de personas "vertieron en multitud de sedes judiciales de Catalunya grandes cantidades de excrementos y deyecciones", acompañados de pintadas en carteles o en las paredes con mensajes como 'Mierda de Justicia' y 'La justicia española apesta a mierda fascista". En algunos casos casos, junto a las heces volcadas, aparecían las siglas CDR.
Identificar a los autores
Por ello, el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, pide al comisario jefe de los Mossos d'Esquadra, Miquel Esquius, que le remita un oficio sobre las investigaciones realizadas por el cuerpo para identificar a los presuntos autores.
También pide al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos, que, a través de los jueces decanos de los edificios afectados, le informe de si, debido a los vertidos de excrementos, se produjo "una alteración apreciable en el normal desarrollo de las actividades judiciales previstas".
Del mismo modo, pide al secretario de Gobierno del TSJC que le comunique si a consecuencia del hedor causado por los vertidos se produjeron ausencias de personal funcionario, y la duración, y a la consellera de Justicia, Ester Capella, que detalle los gastos de limpieza y reparación de las sedes afectadas por las acciones.
La decisión del fiscal superior llega el mismo día en que ha recibido la certificación del acuerdo de la Sala de Gobierno del TSJC en que se pedía que el Ministerio Fiscal actuara para depurar responsabilidades penales contra los que planearon, coordinaron y ejecutaron los ataques.
El Poder Judicial
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por su parte, ha requerido al TSJC que informe sobre "la suficiencia y efectividad" de los efectivos desplegados por los Mossos, con presencia de agentes uniformados, tras el ataque de la veintena de oficinas judiciales.
El CGPJ señala en su acuerdo, no obstante, que “en caso de que, a partir de esos informes, se concluyese que la suficiencia y efectividad de los dispositivos ha resultado cuestionable, esta circunstancia se pondrá en conocimiento del Gobierno de la Nación para que articule los medios jurídicos y materiales necesarios de colaboración y coordinación para proporcionar a las sedes judiciales la debida protección con participación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.