El sindicato minoritario Intersindical-CSC ha convocado huelga general en Catalunya para el próximo jueves 7 de febrero. La central, artífice de los paros del 3-O y el 21-D, comunicó un preaviso para el 5, 6 y 7 de febrero, fechas en la que se preveía el arranque del juicio por el 1-O que finalmente comenzará el 12 de febrero. [Sigue las últimas noticias sobre la huelga general en Catalunya del 7 de febrero.]
Sacaron adelante la protesta en solitario, aunque a sabiendas de que recogerían rápidamente el apoyo de la ANC, Òmnium Cultural y la CUP. Los socios de Govern estudiaron la propuesta y también se decidieron a secundarla, de igual forma que Demòcrates y los 'comuns', aunque las formaciones soberanistas aún no han detallado si el pleno fijado para ese día en el hemiciclo catalán seguirá adelante.
También se suman al paro la USTEC-STEs, la sectorial de Enseñanza de la CGT, el Sindicat de Estudiants dels Països Catalans (SEPC), la Assemblea en Defensa de les Institucions Catalanes, Universitats per la República, Sindicalistes per la República y la IAC. Por otro lado, CCOO ya ha declinado convocar este paro y la UGT mantiene silencio.
El motivo oficial al que han aludido es exigir la derogación "completa" de la reforma laboral del PP del 2012, coincidiendo con el séptimo aniversario de su aprobación. Acompañan la demanda con reivindicaciones como la aprobación de un salario mínimo interprofesional específico para Catalunya de 1.200 euros, la recuperación de las leyes sociales aprobadas en el Parlament y suspendidas por el Tribunal Constitucional, la plena igualdad de género en los centros de trabajo y el avance hacia un modelo de función pública "de calidad con condiciones laborales dignas".
Los portavoces han insistido en que es una "huelga laboral" que denuncia la "vulneración de derechos políticos y sociales". Hasta el momento, ninguna patronal ha interpuesto una denuncia, algo que sí sucedió con el paro del 8 de noviembre del 2017 cuando Foment del Treball llevó el caso al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) por considerarla una "huelga política", aunque la demanda fue desestimada.
El sindicato mayoritario de enseñanza USTEC-STEs fue de los primeros en mostrar su apoyo a la convocatoria del próximo 7 de febrero a través de un comunicado en el que espetaban que compartían "plenamente" la "agenda reivindicativa" propuesta. Subrayaban, además, que el paro contase "con el apoyo de diversas entidades cívicas representativas de la pluralidad del país en un momento en el que hay que revertir todos los recortes, tanto laborales y sociales, como de forma muy preocupante de los derechos civiles más elementales". Según esta central, "no se puede restar indiferente" ante "el hecho de que la democracia cada vez está más asediada por la deriva involutiva que estamos viviendo".