Termina la rueda de prensa.

Celaá insiste en la importancia de la "interlocución política" en el marco de la comisión bilateral.

Celaá evita valorar la petición del Parlamento de Extremadura de pedir el artículo 155 en Catalunya. "No es el marco de actuación", concede.

Interior, sobre la operación con 16 detenidos en Catalunya que ha enervado al independentismo: "La causa está judicializada tras la denuncia de Adif. Desde ese momento, toda la instrucción está supervisada por el fiscal y el juez. La operativa del miércoles -insiste- en todo momento estuvo supervisada" por el juez y el fiscal, apostilla Grande-Marlaska. "La Policía actuó como Policía Judicial", señala, tras negar que la actuación sea desproporcionada o inaceptable.

Celaá, sobre el posible apoyo de los independentistas a los Presupuestos: "No hay contrapartida a la negociación de los Presupuestos salvo los propios Presupuestos, que ya nos parecen suficientemente importantes".

"Medios más seguros pero sin medios curentos", dice el ministerio de Interior, que subraya que los informes muestran que las concertinas ya no son "disuasorias". "En esas zonas serán sustituidas, pero con mayores parámetros de seguridad", explica Grande-Marlaska.

El Gobierno ha aprobado un acuerdo bilateral con el Reino Unido para permitir la participación en las elecciones municipales de los nacionales de cada país residentes en el otro como parte de la defensa de los derechos de los ciudadanos afectados por el 'brexit'.

Sobre el diálogo Catalunya-Estado, Celaá anuncia que el próximo viernes habrá una nueva reunión en Barcelona entre Gobierno y Govern. "Ahí se concretará", explica, antes de subrayar que también hay una mesa de partidos.

Comienza el turno de preguntas.

"El Gobierno actua a requerimiento judicial y en el marco de causas absolutamente graves", explica Grande-Marlaska.

Grande-Marlaska informa ahora la desclasificación sobre más material del espionaje de Villarejo a Bárcenas.

El Consejo de Ministros aprueba la sustitución de las concertinas.

El plan aprobado, indica Grande-Marlaska, mejora la seguridad para los agentes de las FSE "con pleno respeto a los derechos" de los migrantes. "El objetivo es mayor seguridad en el control" en la frontera.

"A los gobiernos socialistas les importa política de seguridad".

"Ponemos en marcha un gran plan para garantizar la dignidad en las condiciones de trabajo de las FCSE y para garantizar la atención al conjunto de la ciudadanía española".

275 millones para comisarías de Policía, 275 para cuarteles de la Guardia Civil... Estos son algunos de las cifras de la inversión.

"Más de la mitad de los cuarteles de la guardia civil están en condiciones no adecuadas", explica Grande-Marlaska, que glosa el estado de las infraestructuras de seguridad. "Es hora de dignificar las instalaciones".

El ministro del Interior subraya que, para el Ejecutivo, gasto en seguridad es gasto social.

Toma la palabra Grande-Marlaska.

"Ha aumentado el gasto turístico y el número de visitantes extranjeros. Un éxito de España como potencia turística que debe basarse sobre la sostenibilidad", destaca Celaá.

"Afrontar la gestión del éxito turístico apostando por la calidad, la sostenibilidad, la rentabilidad, la innovación y la accesibilidad, con medidas que lo garanticen a largo plazo".

"Fortísima apuesta" de España en el sector, avisa Celaá sobre el plan. 

El Gobierno también ha estudiado un informe sobre el Plan de Turismo Sostenible de España 2030, una 'hoja de ruta' en la política turística de cara al cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Igualmente, el Consejo de Ministros ha dado luz verde al nuevo Impuesto sobre las Transacciones Financieras, conocido como 'tasa Tobin', que gravará con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero, que busca también la "equidad" del sistema, según Celaá. La portavoz del Gobierno ha indicado que desde el año 2013 un total de 10 países de la UE trabajan sobre esta imposición, que se considera "conveniente" establecer a nivel nacional. Siguiendo el modelo francés, se someterá a tributación al 0,2% las operaciones de adquisición de acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros. No se gravará la compra de acciones de pymes y empresas no cotizadas. El sujeto pasivo es el intermediario financiero que transmita o ejecute la orden de adquisición, y deberá presentar una declaración anual del impuesto. Quedan fuera del ámbito de la 'tasa Tobin' la deuda, tanto la pública como la privada, y los derivados. El Gobierno calcula que ingresará unos 850 millones por esta nueva figura tributaria, que se destinarán a financiar las pensiones y el sistema de protección de la Seguridad Social.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha explicado que la llamada 'tasa Google' se dirige a las plataformas que trabajan de forma "privilegiada" y que proporcionan una "gran desventaja" a otros comercios o actividades que pagaban impuestos, con lo que se hace frente a la "competencia desleal". Celaá ha destacado que España será el primer país de la UE que establece esta imposición para adaptar la tributación a los nuevos modelos de negocio digital. El nuevo Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales gravará aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros.

"Se estaba funcionando con una competencia desleal", dice Celaá sobre el tributo. España es el primer país europeo "que adapta la tributación a los nuevos modelos de negocio digital. Se trata de que las empresas tributen allí donde están generando beneficios", señala Celaá, que cifra en 1.200 millones de euros la recaudación de la medida.

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes los proyectos de ley que crean los nuevos impuestos a los servicios digitales y a las transacciones financieras, con los que el Gobierno prevé recaudar 1.200 y 850 millones de euros, respectivamente, y que iniciarán ahora su tramitación parlamentaria en el Congreso.

Francia, Austria, Dinamarca o Noruega. El Gobierno cree que este proyecto pone a España en esa dimensión, al limitar los aforamientos a las funciones estrictamente del cargo.

El Gobierno lleva al Congreso el debate sobre los aforamientos, tal y como ya adelantó EL PERIÓDICO.

Celaá destaca que la intervención de Sánchez en Estrasburgo muera el europeismo del Gobierno. "El antieuropeismo se usa como activo electoral" en algunos países; "tenemos la convinción de que será derrotado", proclama. "Frente a la involución, queremos más Europa".

"Estamos atentos a cualquier movimiento del proceso 'brexit', atentos a cualquier cosa que pueda afectar a España en ese real decreto ley que preparamos para enfrentar cualquier contingencia a ese respecto", puntualiza Celaá.

"El Gobierno es partidario del proyecto europeo", dice Celaá, para quien ha sido desazonadora la votación británica. "Ahora, como Gobierno de un país que se siente muy relacionado con Reino Unido, esperamos que los británicos encuentren el camino".

Comienza la rueda de prensa de Isabel Celaá, a quien este viernes acompaña Fernando Grande Marlaska. Primeras palabras de recuerdo a las víctimas de la violencia machista y un guiño a Julen.