Junts per Catalunya, ERC, los 'comuns' y la CUP han registrado conjuntamente este viernes una petición de comisión de investigación sobre las "actividades irregulares o delictivas "de personas vinculadas a la casa real. Según el texto registrado, al que tuvo acceso la Agència Catalana de Notícies (ACN), la comisión también investigará "las acciones destinadas a forzar el traslado del domicilio social de bancos, grandes empresas y multinacionales fuera del territorio de Catalunya" después del 1-O.
La comisión es una iniciativa de JxCat a la que se han sumado ERC, los 'comuns' y la CUP. Ahora deberá votarse en el pleno del Parlament, aunque lo más probables es que salga adelante pues cuenta con los votos suficientes, y después se constituirá.
Según el texto registrado, la comisión de investigación tendrá tres contenidos básicos: Las actuaciones destinadas a forzar el traslado del domicilio social de bancos, grandes empresas y multinacionales fuera de Catalunya durante los días posteriores al 1-O; las supuestas estructuras de corrupción vinculadas a la familia real española y personas relacionadas; y las presuntas cuentas irregulares del anterior jefe del Estado en Suiza y otros paraísos fiscales a nombre de terceras personas, la procedencia de este capital, y las otras actividades "irregulares o delictivas" de estos personas que puedan derivarse de las declaraciones de Corinna zu Sayn-Wittgenstein.
Obligación política de investigar
En la exposición de motivos, el texto firmado por los cuatro grupos defiende que el Parlament tiene la obligación política de investigar las actividades presuntamente irregulares o delictivas llevadas a cabo por personas vinculadas a la familia real y a la más alta representación del Estado español. Además, añaden que esta comisión es aún más necesaria tras el veto de la Mesa del Congreso de Diputados a crear una comisión de investigación al respecto.
La comisión de investigación sobre la casa real se sumará a las tres que se han constituido esta legislatura: la comisión sobre los atentados en agosto del año pasado, la comisión sobre el 'caso Castor' y la que analiza las consecuencias del 155.