Prestigioso y fino jurista, Manuel Marchena Gómez, el nombre pactado por el Gobierno y el PP para presidir el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Supremo, tiene fama de buen negociador, dialogante y moderado. Conservador pero sin pertenecer a ninguna asociación, su ascenso le impedirá presidir y ser el ponente de la sentencia del juicio del 'procés', que tenía previsto iniciarse en apenas dos meses en el alto tribunal, pero que puede ahora ver modificado su calendario inicial.
Nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 1959, Marchena preside la Sala Segunda (de lo Penal) del Supremo desde que fue elegido en septiembre del 2014 por un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que apoyó su candidatura con 12 votos a favor, propiciando que se alzara con el puesto frente a un candidato de la consideración y la experiencia de Cándido Conde-Pumpido, exfiscal general de Estado entonces y actualmente magistrado del Tribunal Constitucional.
Dentro de su etapa en la presidencia de lo Penal del Supremo, Marchena fue el ponente de la sentencia que condenó en marzo del 2017 a 13 meses de inhabilitación al 'exconseller' de Presidència Francesc Homs por un delito de desobediencia grave en la consulta soberanista del 9-N del 2014. Además, bajo su presidencia, la Sala de lo Penal ha actuado con firmeza, unidad y sin discrepancias en la causa por el 1-O, un proceso en el que Pablo Llarena, el juez instructor de la causa, ha atraído los focos, pero en el que el papel de Marchena ha sido fundamental.
"ESTO NO ES SU CASA, ES EL SUPREMO"
El carácter firme de Marchena a la hora de presidir este juicio quedó patente en una de las sesiones, cuando tras un encontronzao con el fiscal de la causa, Jaime Moreno, el 'exconseller' afirmó: "En mi casa me enseñaron que tenía uno que dejar que el otro acabara de hablar antes de empezar él. Y me gustaría que se me tratara con respeto". Marchena intervino entonces para señalarle: "Esta no es su casa, esto es el Tribunal Supremo".
Compañeros suyos del Supremo inciden en su trato cercano y en su particular sentido del humor. Elogian en especial el control que ha llevado de todos los asuntos que pasaban por esa Sala, hasta tal punto que creen que sería difícil que hubiese pasado un asunto tan controvertido como el caso de la sentencia de las hipotecas en una Sala como la de lo Penal.
Y es que durante el mandato de Marchena, según apuntan algunos jueces consultados por Efe, la Sala de lo Penal ha celebrado "muchísimos plenos", más que con su antecesor, Juan Saavedra, con el objetivo de unificar los criterios de los diferentes magistrados con una base jurídica sólida. Marchena llegó al Supremo como fiscal del 2004 y fue elegido magistrado de la Sala de lo Penal tres años después para cubrir la vacante por jubilación de José Antonio Martín Pallín.
Antes, tras ejercer en la Audiencia de Las Palmas y en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, formó parte de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General en la etapa de Jesús Cardenal. En el 2004 fue nombrado fiscal del Tribunal Supremo, con destino en la sección penal, puesto en el que permaneció hasta que el 31 de enero del 2007 fue elegido por el pleno del órgano de gobierno de los jueces como magistrado de la Sala Segunda por el turno de juristas de reconocida competencia con al menos 15 años de ejercicio.
EXPERTO EN PROCESAL
Marchena está en posesión de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort, la condecoración de mayor rango del ámbito judicial, y en marzo del 2012 fue designado por el Consejo de Ministros presidente de la Comisión para la redacción de un nuevo Código Procesal Penal.
El actual presidente Sala Segunda también ha desarrollado una amplia actividad docente -ha sido profesor de Derecho Penal de la Facultad de Ciencias Jurídicas de Las Palmas y de Derecho Procesal de la Universidad Autónoma de Madrid- y es autor de numerosos artículos en publicaciones jurídicas y colaboraciones en obras colectivas.
Durante la presentación de su proyecto ante el CGPJ, antes de ser elegido para presidir lo Penal, Marchena afirmó que los magistrados de la Sala Segunda deben tener un "contacto directo, cotidiano y puntual" de las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.