Hasta aquí la información en directo de las concentraciones y protestas. Más información en las crónica de la jornada. 

El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha llamado a movilizarse tanto en Catalunya como en Europa "para explicar que el Estado español es una vergüenza, que el poder judicial está comprado y que estamos hartos de acusaciones falsas".

En ese sentido, ha asegurado que las acusaciones que se han conocido este viernes "convierten al Estado español en la vergüenza de Europa y en el único que persigue a una presidenta del Parlament por permitir votaciones".

El presidente del consejo asesor para el impulso del Fòrum Cívic i Social per al Debat Constituent, Lluís Llach, ha exigido a los partidos independentistas que dejen atrás sus diferencias recientes: "Les quiero decir a los políticos: por favor, no se puede admitir nada más que no sea la unidad estratégica".

Gabriel Rufián ha hecho un parlamento en Sant Vicenç dels Horts, el pueblo de Junqueras, en el que ha asegurado que "'La manada' lleva toga" y en el que ha comaprado la sentencia de Junqueras con 'La manada'.

Joan Bonanit, un joven del Bages que cada noche da las buenas noches a los políticos presos, ha hecho su particular llamamiento a la libertad como cada noche a las 20.45. 

"Hay que tomar partido, o estas en contra o a favor de la represión", ha asegurado el president. 

"La monarquía se ha acabado aquí, nos sentimos republicanos. No vamos a tolerar esta represión y este pueblo quiere ejercer su derecho a la autodeterminación. Esos son los 3 consensos de Catalunya", ha asegurado. 

"Hace un mes le pedí a Sánchez que planteara el referéndum pactado y vinculante, días después lo trasladé a organismos internacionales, y la repsuesta del Estado español han sido 200 años de cárcel", ha dicho Torra que ha asegurado que "no votarán los presupuestos". 

Quim Torra habla ante la multitud en Lledoners. "Votar es lo más importante que ha hecho Catalunya en la historia contemporánea", ha asegurado antes de trasladar un mensaje de los políticos presos.

"Vamos al juicio a acusar al Estado español del montaje que ha organizado, no vamos a defendernos", ha explicado Torra que le han contado los políticos presos.  

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha criticado este viernes los escritos de acusación de la Fiscalía y la Abogacía General del Estado y ha proclamado: "Ha llegado la hora de pasar de la indignación a la acción".

Lo ha dicho en un acto de apoyo a los presos frente a la cárcel de Lledoners (Barcelona) a través de una carta que ha leído su hermana, una misiva que también han firmado los exconsellers del Govern que residen en el extranjero: Toni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y Lluís Puig.

Unas 200 personas se han concentrado este viernes ante la Subdelegación del Gobierno en Lleida en señal de rechazo a la petición de Fiscalía de 25 años de prisión para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras; 11 para el exjefe de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero; entre 7 y 16 para exconsellers, y 17 para la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el expresidente de la ANC Jordi Sànchez y el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart.

Empieza ahora la tercera de las concentraciones, la de Mas d'Enric. 

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha sostenido este viernes que el juicio sobre el proceso independentista será un castigo a los líderes soberanistas pero ha avisado de que "la cárcel será su peor decisión". "Esto no va de leyes y mucho menos de justicia", ha dicho a través de una carta leída en el acto en apoyo a los presos ante la cárcel de Lledoners (Barcelona), después de conocer que la Fiscalía pide una pena de 25 años de prisión para él.

También ha señalado que el encarcelamiento de los líderes independentistas es "indispensable para que el mundo abra los ojos y se de cuenta" de cómo es el Estado.

Además de la concentración que está teniendo lugar en Lledoners, los CDR han organizado otras protestas e incluso una cacerolada a las 21h. 

Carles Puigdemont publica en Twitter un mensaje con una lista de cargos que la fiscalía pide para los políticos presos y asegura que son "la vergüenza de Europa".

El acto en la prisión de Lledoners reúne por el momento a cientos de personas que esperan las intervemciones que tendrán lugar a lo largo de la tarde. 

El exdirector general de los Mossos d'Esquadra Pere Soler, para quien la Fiscalía pide 11 años de cárcel por un presunto delito de rebelión, ha defendido este viernes que facilitaron "todos los medios" al cuerpo para cumplir las órdenes de jueces y fiscales.

En declaraciones a TV3, Soler ha asegurado que proporcionaron a los policías los medios humanos y económicos suficientes para que pudieran cumplir "como policía judicial" todo lo que les reclamaban jueces y fiscales. Ha explicado que lo hicieron "independientemente" de que determinadas decisiones no las pudieran compartir desde el Govern.

La Asamblea Nacional Catalana (ANC) ha advertido de que seguirá "alzada" y que unas condenas por "delitos inexistentes" contra los líderes independentistas no la "detendrán", por lo que impulsará una campaña internacional de denuncia de la "operación de Estado sin freno" contra el soberanismo catalán.

Elisenda Paluzie, ha subrayado que "después de tanta especulación de gestos y rebajas", se ha visualizado que "esta operación de Estado no tiene freno". Paluzie ha avisado de que la Fiscalía y el juez de instrucción "han estado construyendo un relato absolutamente falso y fabulado para poder convertir un derecho universal, como el de autodeterminación, en un delito, y han tenido que inventarse una violencia inexistente".

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, cree "brutales" las peticiones de cárcel por parte de la Fiscalía y la Abogacía del Estado para los líderes independentistas de Catalunya, y ha pedido que vascos, catalanes y gallegos jueguen "una partida en común contra el Estado" para buscar la independencia.

A su juicio, estas solicitudes de cárcel ponen de manifiesto "la auténtica naturaleza antidemocrática del Estado español, su incapacidad para resolver problemas políticos en términos democráticos y acordados, y su intento de mantener a través de la fuerza lo que no es capaz de mantener a través de la seducción democrática".

La violencia, la actitud determinante del Govern y de la Mesa del Parlament, el dinero público malversado, la manipulación informativa, las movilizaciones lideradas por los Jordis y la actuación de los Mossos son algunas de las bases que sustenta la acusación de la Fiscalía contra los líderes del 'procés'. Estas son las 10 claves de la acusación. 

Las páginas web de la Fiscalía General del Estado y de Vox no funcionan y el grupo Hackers per la República se ha atribuido un ataque a sus portalesHackers per la República como respuesta a las peticiones de prisión para los líderes independentistas. "Aunque tienen nombres diferentes, son lo mismo. Fiscalía y Vox unidos en contra de la libertad democrática del pueblo", ha asegurado el grupo en un tuit.

Òmnium Cultural ha criticado las acusaciones formuladas por la Fiscalía y la Abogacía del Estado y ve en los delitos de los que se acusa a los políticos presos que "el Gobierno español ha cedido al chantaje de la extrema derecha y rompe de esta manera toda opción de diálogo con Catalunya".

Marcel Mauri ha considerado "especialmente significativo por grave que, con la llegada del PSOE, la Abogacía del Estado no haya rebajado sino endurecido su posición" sumando a la malversación una acusación por presunta sedición.

El expresidente de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont ha dicho que el "Estado en su conjunto, desde el rey hasta la Fiscalía, continúan ejerciendo una venganza contra el Govern y el Parlamento catalán y buena parte de la población".

En una declaración grabada en vídeo frente a su residencia de la localidad belga de Waterloo, donde se encuentra huido de la Justicia española, Puigdemont ha reaccionado así a las penas de prisión solicitadas por la Fiscalía y la Abogacía del Estado para los líderes del proceso independentista.

El portavoz adjunto de JxCat, Eduard Pujol, también ha reaccionado a las peticiones de la Fiscalía y la Abogacía del Estado: "Desde JxCat  no renunciaremos al derecho a la autodeterminación del pueblo de Catalunya. No pensemos coger otros caminos. Tenemos todo el derecho del mundo a defender nuestra propuesta política que pasa por el derecho a la autodeterminación". Pujol también ha afirmado que los escritos son una "salvajada" y responden a un "complot de Estado" para silenciar voces e ideologías.

Endavant, sector de la CUP, ha propuesto una huelga general y "jornada de lucha" para el primer día del juicio oral contra los líderes independentistas. "Pensamos que solo una contundencia movilizacora de inicio, heredera del 1 y 3 de octubre, nos permitirá poder tejer las alianzas con sectores sociales de otros territorios del Estado y de Europa que pongan al aparato del Estado español contra las cuerdas", afirma esta corriente 'cupaire' en un comunicado.

El vicepresidente del Govern, el republicano Pere Aragonès, ha calificado de "farsa" el juicio del 1-O. "Hay una construcción jurídica de unos hechos sobre un relato inventado para perseguir la disidencia política. Se persigue actuar penalmente ante una situación que se debería negociar políticamente. Ante un juicio que es una farsa, de unas acusaciones que están construidas sobre mentiras que cualquiera que estuviera aquí el 1-O sabe que son así, nosotros los rechazamos y dejamos bien claro que por más años de cárcel que pidan más grande será nuestra fuerza y determinación a culminar nuestros objetivos siempre de forma cívica, pacifica y democrática", ha declarado en el Parlament antes de concluir que "este proceso se confirma como la vergüenza de la Europa democrática". Aragonés también ha considerado que el Gobierno "no ha cambiado la línea represiva de Mariano Rajoy no se ha invertido la dirección, no ha habido ningún gesto ni movimiento", informa Júlia Regué.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha criticado la "judicializacion del conflicto catalán" y ha denunciado que las peticiones de penas de cárcel a los políticos independentistas demuestran, a su juicio, que la ley no es igual para todos en España. Así lo ha asegurado en una serie de mensajes publicados en las redes sociales en los que critica que "algunos quieren que los independentistas se pudran en la cárcel", mientras que el expresidente de España José María Aznar "disfruta de la libertad y de todos los privilegios", a pesar de ser, según Iglesias, "máximo responsable de la corrupción y culpable de una guerra criminal".

La abogada del exjefe de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero, Olga Tubau, ha mostrado este viernes, en declaraciones a Europa Press, su desacuerdo con la acusación de la Fiscalía por presunta rebelión, por la que pide 11 años de cárcel, porque, con las pruebas que constan en la causa, "es imposible desde un punto de vista razonable sostener una acusación" por este delito o por sedición, por lo que pedirá la absolución.

El líder del PP, Pablo Casado, ha advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no puede "pisotear" la "dignidad de la democracia en España" al "entorpecer" la labor de la Abogacía del Estado en el "procés", algo que ha ligado al "mandato de golpistas como Torra y Puigdemont".

"Necesitamos diálogo constructivo sin condiciones. Instamos a las partes a promoverlo. Hoy es un día oscuro, la fiscalía cierra todas las puertas y la solución parece más lejos que nunca. Es por esto que los gobierno deben de promover todos los puentes. Como gobierno municipal hacemos una llamada a todos los ciudadanos para que respondamos de una manera cívica a los valores democráticos hoy amenazados. No es un tema de independencia, es una cuestión de democracia y como tal nos afecta a todos", continúa Colau. Antes de concluir, la alcaldesa pide libertad para los políticos encarcelados, de quienes a citado sus nombres.

Declaración institucional de Ada Colau: "Mostramos nuestro rechazo ante unas acuasciones infundadas y claramente desproporcionadas. Estamos ante un retroceso en el Estado de derecho que responden más al espíritu de venganza que no al sentido de justicia. Estamos ante unos hechos que no son perseguibles en otros estados europeos. Expresamos nuestra preocupación por la criminalización de los adversarios políticos. Instamos a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado a que rectifiquen sus escritos. La cuestión que nos preocupa se tiene que resolver por la vía política, no por la jurídica y menos la penal", afirma.

La ANC, en un comunicado, ha llamado a "hacer efectiva la república catalana" en respuesta a la "represión política" en la que, a su juicio, sigue enrocado el Estado español tras conocer los escritos de acusación de la Fiscalía y la Abogacía del Estado. "Hacer efectivo el mandato del 1 de octubre y consolidar la república catalana es lo que nos garantizará un Estado que respetará los derechos civiles y políticos de toda al ciudadanía", afirma la entidad presidida por Elisenda Paluzie. Asimismo, anuncia una campaña de denuncia nacional e internacional contra el juicio que "incluirá movilizaciones simultáneas no solo en Catalunya, sino en las principales capitale europeas".

Los presentes en el Parlament durante la declaración institucional aplauden y piden libertad tras la intervención de Torra y Torrent.

"Apelamos al espíritu del 3 de octubre para avanzar en lo que nos une", dice ahora Torra, recordando la huelga general convocada en protesta por las cargas del 1-O. "Convocar un referéndum no es ningún delito, es democracia. Y no nos detendremos hasta que los presos salgan libres y los exiliados vuelvan a casa", concluye el 'president'.

"Hoy el Gobierno español ha perdido una oportunidad de oro de sacar el conflicto de los tribunales. Profundiza en una injusticia democrática que afecta sobre todo a la democracia española. Cuánta represión puede aceptar la democracia española. ¿Alguien cree que condenando por 200 años a los líderes independentistas cambiarán de idea los más de dos millones de catalanes independentistas? Al contrario, cada vez que nos golpean nos levantamos más fuertes", prosigue Torra.

Toma la palabra Torra: "No hay rebelión, no hay sedición y no hay malversación. La inmensa mayoría de la sociedad catalana saben que no hay delito, la única violencia que hubo el 1-O fue la de la Policía Nacional y la Guardia Civil pegando a gente que quería votar. Ante estas evidencias, el presidente Sánchez ha decidido no actuar y ser cómplice de la represión".

"La prisión preventiva es una condena adelantada y absolutamente injustificada que demuestra que la causa está más movida por la venganza que por el sentido de justicia", concluye Torrent.

"Poner las urnas no puede ser nunca un delito. Creemos que la fiscalía actúa por venganza", continúa Torrent.

Empieza la declaración institucional conjunta de Torrent y Torra. "La fiscalía pide penas que suman más de 200 años de cárcel, penas contra demócratas contra líderes que no han cometido ningún delito. Es inaceptable. Se trata de dirigentes honorables que actuaron siempre bajo los principios de la libertad de expresión, de participación y contra cualquier tipo de violencia. En la práctica se acusa a casi la mayoría de la población de este país. No se persiguen personas, se persiguen ideas, pero no saben que las ideas no se pueden encarcelar"

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, insiste en el debate suscitado sobre la consideración jurídica de la rebelión. "Lo que importa son dos cosas: una, esta es la primera vez que la Abogacía y la Fiscalía califican. Nosotros, como Gobierno, vamos a respetar el punto en el que este proceso entra, que es un punto muy importante, el ámbito de testimonios, pruebas. Y la sentencia se respetará. Y no hay más que debatir", dice Calvo, que evita volver a poner sobre la mesa el debate sobre la posible reforma penal del delito de rebelión. Por otra parte, subraya la independencia de la Fiscalía y evita valorar la diferencia entre las peticiones del ministerio público y la Abogacía.

"Esto no es una cuestión de gestos, es una cuestión jurídica, técnica-jurídica", asegura la ministra Delgado, descartando así el debate sobre posibles gestos del Gobierno a Catalunya. "Que sirvan o no sirvan, no tengo ni idea", recalca.

La líder de los 'comuns' en el Parlament, Jessica Albiach, ha subrayado la "judialización de la vida política" y ha clamado por la libertad de los políticos presos. Junto a la portavoz en el Congreso, Lucía Martín, ha puesto en valor que haya jueces en Europa que "se hayan desmarcado de las acusaciones de la fiscalía". "Solo consideramos aceptable la libertad de los presos políticos", ha censurado. "Haremos todo lo que podamos para encontrar una solución política y democrática", ha apuntado Martín, y ha censurado que "la única sentencia adecuada y justa es su libertad". Martín ha afirmado que han tratado de incidir para que la abogacía del Estado rebajara las penas y ha sentenciado que su escrito les parece "insuficiente". "Se desmarca de la fiscalía, que continúa profundizando en unos hechos que todo el mundo sabe que no se han dado, pero no es lo que esperábamos", ha zanjado, informa Júlia Regué.

El abogado escocés de Clara Ponsatí, Aamer Anwar,  asegura que "una vez más el Estado español revela sus auténticos colores" y considera que es "más una persecución que una acusación". Por su parte, Gonzalo Boye, que coordina la defensa de los huidos, señala que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, estaría "orgulloso de una acusación como la presentada hoy". También se ha referido a los escritos Simon Bekaert, hijo y miembro del equipo jurídico de Paul Bekaert: "Si permitimos que España encierre a sus oponente políticos, demos permiso a otros estados para hacer lo mismo".

"Existe un debate jurídico y social sobre lo que ocurrió en Catalunya en septiembre y octubre del año pasado. Ese debate se ha trasladado a la Abogacía y, analizando esos hechos desde criterios jurídicos técnicos, ha concluido" en esa horquilla de delitos, explica la ministra de Justicia, Dolores Delgado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El 'president' Torra, el 'vicepresident' Pere Aragonès y la 'consellera' Elsa Artadi se han reunido con la Associació Catalana pels Drets Civils y los familiares de los políticos encarcelados.

El 'exconseller' Toni Comín ha afirmado que "son cada vez más los ciudadanos de la UE que saben que esto que está pasando en el Tribunal Supremo es incompatible con la democracia y el Estado de Derecho". "¡Qué vergüenza! ¡Cuánta ignominia!", ha dicho este viernes en un tuit.

Granados niega que el Gobierno de Pedro Sánchez haya hecho un "gesto" con la acusación por sedición de la Abogacía del Estado: "No ha habido ningún gesto, creo que es un error que se plantee".

La diputada del PSC, Eva Granados,  ha defendido la independencia judicial y ha asegurado que "el sistema funciona con separación de poderes". "Cada uno tiene que hacer su trabajo, los políticos hacemos las leyes y los jueces las aplican", ha añadido. La socialista ha pedido un "respeto absoluto a la justicia" y ha recordado que existe la "presunción de inocencia" para los procesados. "Se van a juzgar personalidades públicas que tienen la obligación de rendir cuentas como cualquier otro ciudadano. Unas personalidades que se saltaron la ley y que nos han llevado al precipicio", ha apostillado, para sentenciar que "no se juzga ni una ideología ni una opción política", informa Júlia Regué.

La portavoz de Ciudadanos y líder de la formación en Catalunya, Inés Arrimadas, ha acusado a Pedro Sánchez de haber realizado una "llamada de gracia" a la Abogacía del Estado para que pidiese delito de sedición para "los golpistas" con tal de "estar un cuartito de hora más en Moncloa". En un acto celebrado en Jerez de la Frontera (Cádiz), Arrimadas ha manifestado que "muchos españoles" vieron "con tristeza" que "se confirmaron las sospechas". No obstante, ha señalado que Sánchez "no se va a poder seguir escondiendo" tras la proposición presentada por Ciudadanos para no indultar a líderes independentistas.

El PNV ha rechazado las peticiones de la Fiscalía y la Abogacía del Estado realizan contra los dirigentes independentistas catalanes presos por supuestos delitos de rebelión y de sedición, y ha insistido en "la política y el diálogo" para solucionar el problema catalán.

Este el el calendario judicial del 'procés' que vendrá a partir de hoy.

Calvo anuncia la interposición del recurso ante el Tribunal Constitucional contra la reprobación del Reyrecurso reprobación del Rey aprobada por el Parlament, tras subrayar que el informe "al Gobierno no le parece suficiente (...). Nos parece oportuno que el Tribunal Constitucional se pronuncie. Respetamos el trabajo del Consejo de Estado, es un informe preceptivo pero no vinculante. Nuestra decesión es que no puede un parlamento autonómico invadir competencias que no tiene", dice Calvo, para luego subrayar el "reproche político" de la decisión.

El Tribunal Supremo ha concedido un permiso extraordinario a Jordi Turull para que salga de prisión a partir de las tres de la tarde y visite a su padre en el hospital durante el horario de visitas acompañado por las fuerzas de seguridad. La junta de tratamiento ha informado a favor y la Sala lo ha concedido precisando que permanezca bajo custodia y que vuelva a la cárcel al terminar el horario de visitas hospitalarias.

El 'president' de la Generalitat y el del Parlament, Quim Torra y Roger Torrent, realizarán una declaración institucional conjunta a las 13.45 horas.

El diputado de la CUP Vidal Aragonès ha llamado a convertir los juicios por el 1-O "en un boomerang político contra el aparato del Estado español". Así han reaccionado los anticapitalistas al conocer las acusaciones de la fiscalía y la abogacía del Estado, y han pedido que sirva para "hacer un juicio al Estado". Aragonès ha insistido en que suman penas de 177 años de cárcel y ha asegurado que, con estos escritos de calificación, es un "mensaje a quien quiere enfrentar el régimen del 78, advirtiéndole de que tendrá represión y penas de cárcel si lo hace". "Es un juicio político contra el derecho a la autodeterminación del pueblo catalán", ha remachado en declaraciones en el Parlament, informa Júlia Regué.

La exdiputada de la CUP Mireya Boya ha hecho un llamamiento a "acusar" al Estado. Boya se ha mostrado convencida de que "los juzgados y condenados colectivamente serán ellos" y ha subrayado que "no se pueden encarcelar los anhelos de libertad". Boya está acusada por desobediencia y la fiscalía pide para ella una multa de 30.000 euros y 1 año y 8 meses de inhabilitación.

El 'exconseller' Francesc Homs, que forma parte de la defensa de procesados en la causa por el proceso soberanista, ha considerado una "barbaridad" la petición de penas de Fiscalía y que se les atribuya un presunto delito de rebelión. En un tuit, ha recordado la sentencia del Tribunal Constitucional 199/1987: 'Por definición, la rebelión se realiza por un grupo que tiene el propósito de uso ilegítimo de armas de guerra o explosivos, con una finalidad de producir la destrucción o eversión del orden constitucional'.

La teniente de alcalde de Barcelona Janet Sanz ha expresadosu rechazo a las peticiones de cárceles de Fiscalía para dirigentes independentistas: "Vuelven a poner de manifiesto la injusticia antidemocrática que estamos sufriendo en nuestro país y en nuestra ciudad". Sanz ha defendido que quieren a los adversarios políticos en la calle para poder confrontar ideas, y "no en la cárcel como están hoy de forma injusta", ha aseverado en rueda de prensa.

El vicepresidente de la Generalitat y 'conseller' de Economia, Pere Aragonès, ha dicho que "el Estado español ha escrito hoy su sentencia", pero ha advertido que el procés es "imparable" y que no se detendrá por muchos años de prisión que se impongan.

El abogado de Puigdemont Jaume-Alonso Cuevillas ha asegurado que los hechos que se describen en el escrito de calificación provisional de la Fiscalía "no se corresponden con los delitos de rebelión y sedición". En una entrevista de TV-3, Cuevillas ha afirmado: "Los hechos que pasaron e incluso los que se describen en el escrito (de la Fiscalía) no se corresponden con los delitos de rebelión y sedición". Ha asegurado que "lo que se relata en el escrito de acusación no tiene nada que ver con lo que pasó en Catalunya el mes de octubre" del 2017, y ha tachado el escrito de despropósito.

El líder del PP, Pablo Casado, ha acusado al Gobierno de "complicidad" con los delitos que hayan podido cometer los políticos presos del "procés" por "entorpecer" la labor de la Abogacía del Estado en este caso. Durante su intervención en un acto en Málaga, Casado se ha referido de esta manera a la decisión de la Abogacía de no acusar de rebelión a los políticos independentistas, sino solo de malversación y sedición. Casado ha advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que no puede ser que "pisotee el Código Penal, la separación de poderes y la dignidad de la democracia en España", algo que el PP "no va a tolerar".

El presidente del PDECat, David Bonvehí, ha afirmado que "hoy se demuestra que esto no es un procedimiento, es una venganza", al saberse las penas de cárcel que ha pedido la Fiscalía para los dirigentes soberanistas encausados. "Hoy ya sabemos de qué se les acusa y qué penas les piden. Dejadme reiterar que son personas inocentes", ha añadido en un tuit.

El 'exconseller' de Presidència Jordi Turull, para quien la fiscalía ha pedido 16 años de cárcel, ha asegurado que no siente "ni desánimo, ni resignación, ni renuncia" ante un "relato ficticio para conseguir un escarmiento a cosata de lo que sea y al margen del Código Penal". "Ninguna sorpresa. Ellos coherentes con su relato ficticio para alcanzar un escarmiento a costa de lo que sea y al margen del Código Penal. Nosotros seguimos con las convicciones intactas", ha añadido en Twitter.

El 'conseller' de Acció Exterior, Ernest Maragall, ha acusado al Estado de romper "toda esperanza de rectificación y reconciliación". En un mensaje en las redes, Maragall ha pedido a los ciudadanos prepararse para "el invierno de la represión y la injusticia flagrante". "Libertad y Democracia, nuestro Norte", ha añadido, antes de pedir a Europa que despierte.

El 'conseller' de Territori, Damià Calvet, ha hecho un llamamiento a la movilización. "Hoy más que nunca, movilicémonos en defensa de su libertad, que es la nuestra", ha tuiteado antes de califica de "venganza tramada desde hace tiempo", "ataque a la democracia" y "vergüenza" la petición de penas de la fiscalía.

El diputado de ERC en el Congreo Gabriel Rufián ha comparado la petición de cárcel a los líderes del 'procés' con la que se realizó para los integrantes de 'La Manada' por violación.

Podem considera "absolutamente injusta, injustificable y desproporcionada" la petición de penas de la Fiscalía. "Ha hecho bueno un relato judicial y mediático, comandado por el magistrado Pablo Llarena, que se ha demostrado del todo insostenible y falso. No hubo violencia, no hubo alzamiento armado ni violento y, por tanto, no puede existir el delito de rebelión", añade la fuerza en un comunicado.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha anulado su asistencia a la presentación de la reforma de la Rambla para preparar una declaración institucional sobre la petición de penas a los líderes del 'procés'.

La Abogacía del Estado pide penas de entre 12 años de cárcel y multa para los 18 procesados.

El abogado de Junqueras, Andreu Van den Eynde, se queja de que la prensa ya conoce el escrito de la fiscalía cuando no ha sido repartido a las defensas de los acusados.

El 'exconseller' Josep Rull, para quien el fiscal pide 16 años de prisión y 16 de inhabilitación, ha asegurado que la larga prisión provisional obliga a la justicia a condenar a los procesados:

Quim Torra ha convocado una reunión extraordinaria del Govern a las 12.15 horas.

El 'exconseller' de Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, Raül Romeva, ha declarado. "Estamos delante de una represalia hacia un proyecto político, hacia una ideología", informa ACN.

Desde la prisión de Lladoners, Romeva ha recordado que "solo la absolución" será una resolución aceptable". "Sea cual sea la sentencia, el problema política persistirá", ha agregado.

Preguntado por si tiene constancia de que habrá un indulto para los líderes del proceso, Villegas ha recordado en declaraciones a la Cadena Ser que en sede parlamentaria ante una pregunta de Ciudadanos el presidente fue "incapaz" de negarlo y "de mirar a la cara a los españoles" al respecto de este tema.

"Le preguntamos y fue incapaz de negarlo, lo que confirma la existencia de ese pacto vergonzante, de esa oferta de impunidad", ha alertado Villegas.

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha enmarcado este viernes la posición de la Abogacía del Estado de descartar la rebelión para los líderes del proceso en un pacto "vergonzante" del Gobierno con el independentismo para intercambiar "impunidad a cambio de votos".

La 'consellera' de Agricultura ha reaccionado en Twitter y ha asegurado que "acaba de morir definitivamente la democracia en el reino de España".

En declaraciones a Catalunya Ràdio, el abogado y 'exconseller' Francesc Homs ha considerado que "la acusación de rebelión es un despropósito. Rebelión requiere utilziar armas de guerra".

Jordi Cuixart, para quien el fiscal pide 17 años de cárcel, ha reaccionado en las redes sociales. 

Una de las primeras reacciones al escrito de la fiscalía ha sido la del exdiputado de la CUP David Fernández, que ha sumado el total de las peticiones de prisión: 177 años.

La fiscalía acusa a Junqueras como promotor o jefe  de la rebelión y por haber distraído ilegalmente caudales públicos para ella. A Sànchez, Cuixart y Forcadell le acusa como promotores o jefes de la rebelión.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha considerado la petición de la Abogacía general del Estado hacia los políticos catalanes encarcelados una "mala noticia". En un acto en Málaga, ha señalado que evidencia que "el presidente Sánchez está más preocupado por hacer gestos hacia el señor Quim Torra que por hacerlos a los españoles, que esperan un Gobierno libre de ataduras sin estar preso ni rehén de los independientes a los que continuamente se esfuerza en contentar". Para el número 2 del PP, la petición de un delito de sedición que formula finalmente la Abogacía general del Estado demuestra que el presidente del Ejecutivo "está más pendiente de contentar a Puigdemont y Torra que de hacer presupuestos que creen empleo", informa Julia Camacho.

Para Mireia Boya, Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet la pena solicitada por la fiscalía por un delito de desobediencia es una multa de 10 meses con cuota diaria de 100 euros e inhabilitación especial  para el ejercicio de cargos públicos durante un año y ocho meses.

El ministerio público pide también 17 años para el expresidente de la ANC Jordi Sànchez, el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell. Para los 'exconsellers' Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn y Dolors Bassa reclama 17 años; 7 años para Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila. Para todos ellos, la pena de inhabilitación solicitada es idéntica a la petición de años de prisión.

La Fiscalía General del Estado pide 25 años de prisión para el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, por un presunto delito de rebelión, informa Ángeles Vázquez.

Ciudadanos ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley "contra la impunidad y el indulto a los encausados por el golpe separatista en Catalunya" para que sea debatida en el pleno. El objetivo es obligar a las fuerzas políticas a retratarse, argumenta el grupo parlamentario.

La 'consellera' de Justícia, Ester Capella, también ha criticado que la Abogacía del Estado vaya a acusar a los líderes del 'procés' de sedición. En su opinión, "este gesto no vale para nada", sino que "va a peor", porque la Abogacía entró en el caso solo por malversación. Capella ha hecho estas declaraciones en TVE.

El abogado de Junqueras, Andreu Van den Eynde, ha considerado en una entrevista en TV-3 que la acusación de la Abogacía del Estado no es un gesto "especialmente grande" ya que, ha añadido, no tendrá "ninguna incidencia ni trascendencia. Según ha explicado el letrado, una vez se presenten los escritos de la acusación, las defensas tendrán cinco días para presentar sus escritos de defensa, aunque ha esperado que se les autorice una prórroga para poder estudiar las 160 páginas que se suponen que tienen los escritos de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y Vox.

El 'exconseller' de Interior Joaquim Forn asegura que afronta el juicio con tranquilidad y afirma tener "la conciencia tranquila" por haber cumplido un compromiso político. Según ha asegurado en una entrevista en 'ElNacional.cat', se ha querido "construir un relato determinado" para que los jueces "justifiquen" delitos como el de rebelión y sedición. Y añade: "No hay ninguna razón jurídica, ningún argumento, con el Código Penal en la mano, que justifique las penas que previsiblemente pedirá la fiscalía".

Oriol Junqueras ha felicitado por Twitter a su hijo Lluc. Hoy es su cumpleaños.

El vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, rechaza también que la acusación de la Abogacía del Estado por sedición sea una "rebaja". Si se confirma, añade, "la única rebaja que hará el Gobierno español es en diálogo, la defensa del Estado de derecho y las libertades", ha añadido en un tuit.

La Assemblea en Defensa de les Institucions Catalanes (ADIC) ha organizado esta tarde, en colaboración con la ANC y Òmnium, un acto frente a las cárceles de Lledoners, Puig de les Basses y Mas d'Enric, donde se encuentran encarcelados los líderes y políticos independentistas para rechazar que este viernes se cumple un año de su entrada en prisión. 

El 'expresident' Carles Puigdemont también ha recordado desde Bélgica que hoy hace un año de la entrada en prisión de los miembros de su Govern y ha acusado al Estado de actuar por "venganza" al ser "incapaz de hacer política". "Todo para impedir una Catalunya independiente. Desde aquel día, la UE tiene presos políticos y el Estado pasea su vergüenza", ha tuiteado.

¿Qué son los delitos de rebelión y sedición y qué penas fija el Código Penal?

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, recalca que la Abogacía del Estado "ha ido a más", puesto que empezó acusando por malversación y ahora "se ha apuntado a la sedición". "El gesto de la Abogacía es absurdo y ridículo", ha afirmado en Ràdio 4.

El lendakari, Iñigo Urkullu, ha mostrado su esperanza en que, tras la decisión de la Abogacía del Estado haya un "esfuerzo" de la justicia por "sentar las bases para una convivencia de la manera más normalizada posible" en Catalunya. Desde Buenos Aires, donde se encuentra en viaje oficial, Urkullu ha expresado su deseo de que este cambio de criterio de la Abogacía del Estado pueda suponer una modificación de la situación de prisión preventiva de los políticos soberanistas porque, a su juicio, "no es de recibo que se mantenga un año de prisión provisional preventiva" cuando existen otros métodos, como los controles telemáticos, si se quiere "evitar lo que pudiera ser un riesgo de fuga".

La familia de Junqueras ha augurado que la Fiscalía pedirá "tanto tiempo como pueda" para los responsables del 'procés'. En declaraciones a RAC-1, la esposa del exvicepresidente, Neus Bramona, y el padre, Artur Junqueras, han explicado que el líder de ERC está convencido de que "pasará años en prisión", aunque está fuerte de ánimo.

Está previsto que la fiscalía presente su escrito entre las 11 y las 13 horas, mientras que la Abogacía del Estado lo hará en torno a las 12 del mediodía.

En una entrevista con Catalunya Ràdio, el líder de ERC, Oriol Junqueras, afirma que afronta el juicio "con la cabeza bien alta" y rechaza la posibilidad de un indulto porque sería como "admitir la culpabilidad".

El 'president' de la Generalitat, Quim Torra, tampoco ve un "gesto" en la acusación por sedición de la Abogacía del Estado. A su juicio, se trata de algo "intolerable para un demócrata" e "inaceptable para un pueblo que se ha autodeterminado".