Un centenar de representantes sindicales de la Administración de Justicia se han concentrado este miércoles frente al Ministerio del ramo para protestar contra la aprobación, por el Congreso de los Diputados, de la reforma que unifica en uno solo los centros de destino de los funcionarios en los municipios.
La protesta, que ha comenzado a las 12.00 horas y ha durado una hora y media, ha sido convocada por los sindicatos CC.OO., UGT, CSIF y STAJ y ha discurrido bajo el lema "No a la supresión de los centros de destino. Contra la vulneración del derecho a la negociación colectiva".
Los asistentes han coreado consignas como "A la papelera, la reforma entera", "No se tocan los destinos" o "Ministra escucha, Justicia está en la lucha". Algunos de ellos han hecho sonar pitidos y bocinas.
Según los sindicatos, con esta reforma, pendiente de su aprobación definitiva en el Pleno del Congreso y del Senado, en cada municipio existirá únicamente un solo centro de destino y la asignación a cada puesto de trabajo se hará según "criterios objetivos relacionados con las necesidades del servicio y las cargas de trabajo". Lo que, a su juicio, significa que los funcionarios dejarán de elegir voluntariamente qué puesto de trabajo quieren desempeñar, "quedando al arbitrio del responsable de turno" las funciones y tareas que deben realizar, sean de una jurisdicción o de otra.
Reunión con Dolz
Al comienzo de la protesta, representantes de los sindicatos se han reunido en la sede del Ministerio con el secretario de Estado de Justicia, Manuel Jesús Dolz, para pedirle que el Ministerio utilice todas las herramientas políticas que estén a su alcance para que frene dicha reforma.
Según el responsable del sector de la Administración de Justicia de CC.OO., Javier Hernández, la reforma vulnera "el derecho a la negociación colectiva" e impone "la movilidad forzosa de los funcionarios", cuando en un principio, según el acuerdo que alcanzaron con el anterior Gobierno, debía devolverles derechos "arrebatados".
Para el vicepresidente del sector de Justicia de CSIF, Javier Fernández, se trata del "mayor ataque a las condiciones laborales de toda la democracia" y, a su juicio, la reforma, aprobada de manera "artera", supone la "arbitrariedad absoluta" en la atribución de puestos de trabajo.
El representante del Sindicato Profesional de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), Alberto García, también ha señalado que esta reforma "va en contra de la especialización de los trabajadores" y atenta contra sus los derechos "laborales y económicos".