Seis meses después de ingresar en prisión preventiva por la concentración frente a la Conselleria de Economia los días 20 y 21 de septiembre del 2017, el expresidente de la ANC Jordi Sànchez y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, defendieron ante el juez Pablo Llarena el derecho a la autodeterminación y la movilización pacífica. Además, según los audios que este lunes ha sacado a la luz Catalunya Ràdio, Sànchez reprochó al juez que en ningún momento recibieron ningún requerimiento judicial o de la fiscalía advirtiéndoles de que lo que estaban haciendo era un delito y las consecuencias que se podían derivar de él.
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Últimas noticias de Catalunya: Los Jordis cumplen un año en prisión
"Hace seis meses que estoy separado de mi familia y de mi país y estoy ingresado en Soto del Real. ¿Por qué motivo? ¿Por qué lo que hasta el 1-O no era considerado delito, a partir del 1-O era un delito que me llevó a mí a compartir prisión con Cuixart en Soto del Real? Es una pregunta que me he hecho muchas veces y no he encontrado respuesta. Nunca , nunca, nunca nos llegó ningúna advertencia ni ninguna prohibición de ningún juzgado ni de ninguna fiscalía", declaró Sànchez en el Supremo el pasado 16 de abril.
El expresidente de la ANC y diputado de JxCat se reafirmó también en su independentismo: "Cuando nací no lo era, no es genético, pero probablemente lo seguiré siendo hasta que me muera porque creo en la libertad y en el ejercicio del derecho a la autodeterminación". Asimismo, opinó que únicamente la "vía dialogada" hallará una solución al conflicto político.
Por último, Sànchez rechazó que la ANC haya hecho crecer el independentismo y consideró absurdo creer que "unos pocos" tienen la capacidad "para abducir a una mayoría". "Es no aceptar la existencia de un problema, o intentarlo esconder o simplemente tener un desconocimiento de cómo funcionan hoy las sociedades democráticas; Catalunya no es Corea del Norte", añadió.
Cuixart y la "no violencia"
Por su parte, el presidente de Òmnium Cultural destacó su apuesta por la no violencia y el pacifismo y consideró que, "dado el arraigo social" de su entidad, estos mensajes calaron en el conjunto de la ciudadanía. Asimismo, defendió su derecho a reivindicar el derecho a la autodeterminación amparándose en la libertad de expresión, de manifestación, así como el derecho a la protesta y a la disidencia.
"Siempre todas mis actuaciones han sido en el marco de mi legítimo derecho a defender el derecho a la autodeterminación de Catalunya, y lo he hecho siempre tal y como se recoge en este pacto internacional de derechos civiles y políticos ratificado por España. Siempre he llevado a cabo mis actividades en el ejercicio de ese derecho y libertad que nos ampara a todos , libertad de expresión, la libertad de manifestación, la libertad ideológica, el derecho a reunión, el derecho a asociación y de participación política, y que esto incluye de forma esencial el derecho a la protesta, el derecho a la disidencia, y a la movilización y a la presión social", afirmó.
Cuixart rechazó también la competencia del tribunal para juzgarle y denunció indefensión, así como que la causa atenta directamente contra su "libertad ideológica y de expresión".