Quien pensara que la investigación de la corrupción se acababa con la sentencia de la primera época de la 'Gürtel' que propició el Gobierno de Pedro Sánchez se equivocaba. Este martes la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado devolver al juez José de la Mata la pieza 'Orange Market', que estaba ya pendiente de juicio, para poder investigar si el expresidente valenciano Francisco Camps fue quien ordenó varias adjudicaciones menores, en la línea de lo que declaró el exsecretario general del PP de esa comunidad Ricardo Costa en el juicio por la financiación ilegal de la formación en València.

En un auto, la Sección Segunda acepta la petición que hizo la Fiscalía Anticorrupción para que el instructor del 'caso Gürtel', De la Mata, pudiera investigar si la directora general de Promoción Institucional de la Generalitat Valenciana, Dolors Ibars, recibió indicaciones de sus superiores para adjudicar contratos al grupo Correa, lo que podría ser constitutivo de un delito de prevaricación. En esta pieza se investiga la contratación directa con Orange Market de una guía de la comunicación de la Generalitat, de un 'pen drive' conmemorativo y del montaje de un estand en Fitur en el 2009. Para la Sala así se pudo "retribuir a la sociedad por trabajos realizados realmente para el PP", conforme lo declarado por Costa, pero también por los responsables de Orange, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez.

Según la fiscalía, Ibars dependía directamente de la Presidencia del Gobierno valenciano, que entonces ejercía Camps, por lo que consideraba, que de confirmarse su responsabilidad en estas adjudicaciones, podría ser investigado por prevaricación por aquellas que no hubieran prescrito.

La caja b

Mientras tanto, simultáneamente, la acusación que ejerce Izquierda Unida en la causa de la caja b del Partido Popular, que salió a la luz gracias a la contabilidad extracontable que siguió durante años su tesorero Luis Bárcenas, ha pedido al juez De la Mata que tome declaración al constructor David Marjaliza, quien en el juzgado que investiga el 'caso Púnica' y el 'caso Lezo' admitió "un pago de 60.000 de euros" en la sede central del PP, en la calle Génova de Madrid, al propio Bárcenas y a su antecesor en el cargo, Álvaro Lapuerta, ya fallecido.

Según Marjaliza, el principal imputado en Púnica, el exconsejero madrileño Francisco Granados, le dijo en el 2007 que tenía "que tener un gesto y que hiciera una donación en Génova", lo que hizo a través del exconcejal madrileño José Fernández Bonet, cuya declaración también solicita.

Alusión a Villarejo 

Camps ha reccionado a la reapertura de la causa vinculándola con la filtración de las grabaciones del excomisario José Manuel Villarejo a la ministra de Justicia, Dolores Delgado. "En cuanto el lunes pasado supe de las grabaciones de la comida de Villarejo y la ministra Delgado, dije 'algo me va a caer esta semana' porque normalmente siempre que algo ocurre en la izquierda a mí me cae algo desde los últimos nueve años", ha explicado en una comparecencia ante la prensa, informa Nacho Herrero.

El expresidente valenciano se ha presentado como el hombre más perseguido y ha asegurado que hay una correlación entre su "vida en los juzgados" y los "periodos electorales y con situaciones críticas de la izquierda de España". Camps ha defendido que las actuaciones de su Ejecutivo con Orange Market "son correctas" y "realizadas por miembros de la administración autonómica", que valida "en su totalidad". "Estoy convencido de que como todos ellos han ido diciendo en distintas instancias judiciales, se hizo todo bajo el imperio de la ley, y lo han repetido hasta la saciedad", ha sentenciado.