Hasta ahora lo había insinuado en los pasillos, lo había planteado en entrevistas con la prensa, pero este miércoles ERC lo ha escenificado en sede parlamentaria. El portavoz de la formación en el Congreso Joan Tardà ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que presione al fiscal general del Estado para "retirar el delito de rebelión" que pesa sobre los dirigentes independentistas encarcelados. Si no, ha continuado Tardà, pactar los Presupuestos Generales del Estado será "un imposible".

Un día después de que el Ejecutivo haya encontrado una argucia legal para sortear el veto del PP y Ciudadanos a las Cuentas, ERC le ha recordado a Sánchez que quizá tanta estrategia no valga de nada. Tardà ha avisado al dirigente socialista de que, si la sentencia del Estatut provocó una "crisis emocional" a los catalanes, no quiere pensar el impacto que tendrá en esos ciudadanos "si ahora el Tribunal Supremo condena a los representantes legítimos de los catalanes a decenios de cárcel". En opinión del republicano, la solución "solo puede ser el diálogo". ¿Para qué? "Para organizar un referéndum avalado por la comunidad internacional en el que los catalanes puedan decidir si quieren que Catalunya sea más autónoma o si debe ser una república", se ha contestado Tardà.

El "mandato" del 1-O o el del 21-D

Sánchez, que en otras ocasiones ha afirmado que él cree en la separación de poderes y descarta presionar a la justicia, no ha querido comentar esta vez esta petición. El jefe del Ejecutivo ha insistido en que la Generalitat debe "abrir el diálogo entre catalanes" y mejorar la "convivencia". "En esto estará este Gobierno", ha continuado. El presidente también ha reclamado al Ejecutivo catalán que el "mandato" que debe cumplir Quim Torra no es el del referéndum del 1-O, un día en el que solo votó el 47% de la población, sino el del 21 de diciembre, cuando en las elecciones autonómicas el 80% de los ciudadanos acudieron a las urnas.