Portada

Actualidad

Deportes

Cultura

Extra

Entre todos

Vídeos

Servicios

EN BRUSELAS

El abogado de Llarena cuestiona la jurisdicción belga y pide más tiempo para defender la inmunidad de España

El Tribunal de Primera Instancia aplaza la primera audiencia al 25 de septiembre para dar tiempo al Estado español a personarse

Los abogados del ex president aseguran que el proceso "va para largo" y quitan hierro "al error de traducción"

En la imagen, Toni Comín conversa con los letrados. El abogado de Llarena, Hakim Boularbah, explica en el vídeo que ha pedido que se posponga el caso hasta el próximo 25 de septiembre. / SILVIA MARTÍNEZ (VÍDEO: BLANCA BLAY (ACN))

El equipo de abogados que defiende en Bélgica al juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, y el que ha presentado la demanda civil en su contra en nombre del ex president Carles Puigdemont volverán a verse las caras el próximo 25 de septiembre en Bruselas. Es la fecha que ha fijado el Tribunal francófono de Primera Instancia para celebrar la primera audiencia tras el aplazamiento concedido este martes. Ha sido durante una vista breve, de apenas cinco minutos, en la que el abogado de Llarena y de España, Hakim Boularbah, ha pedido más tiempo y un tribunal formado por tres jueces para dirimir un caso que a su juicio no compete a la jurisdicción belga.

“El Reino de España y el Juez Llarena contestan la jurisdicción de las cortes y tribunales belgas. He solicitado que se pospusiera la audiencia al 25 de septiembre para permitir al Reino de España intervenir para defender la inmunidad de su jurisdicción y la de su órgano, el juez Llarena”, ha explicado Boularbah ante los medios de comunicación minutos después de intervenir en una sala abarrotada de abogados y periodistas. No ha aceptado preguntas pero sí ha dejado claro que Llarena no se presentará ante el tribunal.

Boularbah, integrante del despacho de abogados contratado por el Gobierno español, ha justificado la petición de tres jueces por la “excepcionalidad” del asunto. Una petición que ha secundado el equipo de Puigdemont y los ex consellers, representados por Christophe Marchand y Gonzalo Boye. “Es un tema complejo y siempre es bueno tener un criterio más amplio. En su lugar hubiésemos hecho lo mismo”, ha admitido Boye que ha augurado que el proceso va para largo.

“Desde sectores interesados en España se había instalado la idea de que hoy iba a haber alguna decisión sobre el fondo del tema. Eso no es así y no va a ser así durante mucho tiempo porque es un procedimiento complejo que se sigue de acuerdo a las reglas procesales belgas”, ha añadido rechazando la línea de defensa de España y subrayado que Bélgica sí es competente. “Llevamos meses sosteniéndolo y estudiándolo y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE nos da la razón”, ha asegurado.

Próximo capítulo, 25 de septiembre

El próximo capítulo tendrá lugar por tanto el 25 de septiembre. Ese día, el Tribunal establecerá el calendario para que las partes presenten sus respectivos argumentos. Posteriormente se convocará otra vista para que argumenten sus posturas oralmente. De momento, ni dentro de la sala ni fuera se ha hecho alusión al error en la traducción de las declaraciones de Llarena, que esgrimen para denunciar su falta de imparcialidad e independencia judicial, pero tanto Boye como Marchand han quitado importancia a este asunto. “Es un tema insignificante. Las cortinas de humo están bien en España pero en la justicia europea no suelen funcionar”, ha dicho Boye.

“No tiene importancia porque no cambia nada el fondo del asunto que sigue siendo la falta que nosotros consideramos muy grave cometida por el juez Llarena durante sus declaraciones en Oviedo donde declaró que consideraba que nuestros clientes no eran presos políticos”, ha añadido Marchand que ha avisado de que sus clientes desde el comienzo han dicho que este es “un caso político”.

Aunque Puigdemont no ha acudido a la vista –sí lo han hecho los ex consellers Toni Comín y Lluis Puig- el ex president ha criticado desde Waterloo el uso de dinero público en la defensa de Llarena. “Tiene derecho a defenderse” pero “lo que me ha sorprendido es que lo haga con dinero público”, ha criticado. A su juicio la movilización judicial española demuestra que su demanda tiene base. 

Outbrain