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la lacra de la corrupción

Villar Mir niega la supuesta falsedad de su certificado médico y denuncia la violación de su derecho de defensa

J. M. Villar Mir.

El empresario Juan Manuel Villar Mir ha asegurado que no existe ningún pronunciamiento judicial que reconozca, de modo firme, que haya "falsificado" un certificado médico para no declarar como imputado en el 'caso Lezo'.

"Antes al contrario, existe un archivo de plano de estos hechos por parte de un Juzgado de Instrucción de Plaza de Castilla (Madrid) por inexistencia de indicios de delito", según ha informado el equipo de comunicación del fundador del grupo industrial e inmobiliario Villar Mir.

"En consecuencia, seguir atribuyendo al señor Villar Mir la comisión de un delito de esta forma no sólo vulnera su derecho fundamental a la presunción de inocencia, sino que puede constituir un delito de calumnias que en modo alguno ha de consentirse", advierte. Asimismo, califica de "rotundamente falso" que Villar Mir tratara de eludir una declaración ante el instructor, ni ninguna otra diligencia judicial.

Como consta en las actuaciones, el empresario fue citado el 8 de enero de 2018 para acudir a dependencias de la Guardia Civil para la práctica de una diligencia de toma de huellas decadactilar.

"A causa de su estado de salud, se solicitó un aplazamiento, siendo la diligencia realizada cuatro días después, es decir, el 12 de enero de 2018, con resultado, por cierto, negativo. La huella del señor Villar Mir no figuraba en el documento a analizar", detallan sus portavoces.

Presentado el certificado médico el 7 de enero de 2018 (un día antes del señalado para la práctica de la diligencia), tres días después, el juez instructor, García Castellón, dictó una providencia en la que, con las pruebas policiales en la mano y sin considerar precisa la realización de comprobación alguna, aceptó el certificado médico presentado, suspendió la práctica de la diligencia señalada para el día 8 de enero y la volvió a fijar para el día 12, "fecha en la que se llevó a efecto sin ninguna incidencia".

Por primera vez en 30 años

García Castellón tomó constancia de que la agenda de Villar Mir durante la semana del 8 al 12 de enero fue cancelada en su integridad.De hecho, por primera vez en 30 años, no acudió a la junta general extraordinaria de OHL, celebrada el 9 de enero, en la que se aprobó la mayor operación corporativa de la historia de la compañía, la venta de su filial de concesiones. Además, obra en poder del juez instructor un certificado notarial que así lo acredita.

Los portavoces de Villar Mir señalan que el juez lleva cuatro meses sin entregar a la defensa del empresario la copia de las grabaciones de las conversaciones intervenidas a éste con sus letrados y con terceras personas. "Causa sorpresa que ahora se difundan públicamente algunas de ellas -y que, incluso, se remita un testimonio a los Juzgados de Plaza de Castilla sobre su base- sin que se haya dado acceso a la parte a su contenido, algo expresamente apoyado por el Ministerio Fiscal y para lo que fueron aportados dos discos duros al Juzgado el 21 de marzo de 2018", revelan.

Asimismo, exponen que el juez García Castellón tiene encima de su mesa, "sin resolver", una petición de nulidad de las escuchas realizadas a Juan Manuel Villar Mir con su médico, "escuchas que, sin ningún tipo de control judicial, fueron directamente incorporadas a la causa y analizadas policialmente".

"Y ello, a pesar de que se trata de conversaciones que afectan al derecho a la intimidad, que, de acuerdo con los autos que acordaron las intervenciones, debieron ser incorporadas a una pieza reservada para su tratamiento separado, de acuerdo con los derechos fundamentales en liza", cuestionan.

Los portavoces del empresario y exministro resaltan que ni Villar Mir ni su médico personal han autorizado la reproducción o difusión de sus conversaciones, lo que ponen de relieve a los efectos del artículo 197 del Código Penal.

Los portavoces de Villar Mir lamentan que las informaciones difundidas este lunes sobre la supuesta falsificación de un certificado médico por parte del empresario para no acudir a testificar "se produzcan casualmente en un momento en el que se ha puesto de relieve el atropello que, como justiciable, ha sufrido en su derecho fundamental de defensa".

Conversaciones grabadas

Así, dejan claro que todas las conversaciones telefónicas mantenidas por Villar Mir con sus letrados entre el 15 de diciembre de 2017 y el 15 de febrero de 2018 "han sido intervenidas, grabadas y analizadas policialmente, quedando su estrategia de defensa al pleno conocimiento del juez, de la Fiscalía y de la fuerza investigadora".

"Pues bien, por más que se desaten campañas personales para tratar de impedir la depuración de las responsabilidades que procedan por estos hechos, ha de dejarse meridianamente claro que las mismas no conseguirán doblegar la voluntad de su exigencia por los cauces legales pertinentes.Sin confidencialidad, no puede haber derecho de defensa", concluyen.

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