Pedro Sánchez no había dado ninguna entrevista desde que se convirtió en presidente del Gobierno, tras la moción de censura a Mariano Rajoy, pero en su primer encuentro de este tipo aclaró varios de los interrogantes que se ciernen sobre su mandato. El líder socialista quiere "agotar" la legislatura. Es partidario de acercar a los dirigentes independentistas presos a las cárceles de Catalunya. Se reunirá con el 'president', Quim Torra, a "principios de julio". Su primer viaje internacional será este sábado a Francia. Renuncia a derogar toda la reforma laboral del PP al no haber "mayoría parlamentaria". Y prepara al Ejecutivo para derogar el copago farmacéutico a los pensionistas.  

La fecha de las próximas elecciones generales ha sido un debate constante desde que Sánchez alcanzó el poder. La dirección del PSOE no lo tenía claro. Algunos de sus miembros abogaban por acortarla y otros por completarla, llamando a las urnas en junio del 2020. Sánchez zanjó el asunto este lunes en TVE. "Aspiro a convocar elecciones en el 2020, a agotar la legislatura. Tarea hay. Mi aspiración es agotar la legislatura", dijo el presidente.

El primer viaje internacional de Sánchez como jefe del Ejecutivo no será a Marruecos, como marca la tradición, sino a Francia. Este sábado se encontrará con el presidente del país vecino, Emmanuel Macron, a quien trasladará la necesidad, puesta de manifiesto con el caso del barco ‘Aquarius’, de una "política migratoria común" en la UE.

La cita con Torra

Después de esa cita, ya a principios de julio, el líder socialista se verá con el 'president' de la Generalitat. Sánchez quiere volver al "diálogo", como dijo durante el debate que acabó con la salida de Rajoy de la Moncloa. Este lunes anticipó que tratará con Torra la necesidad de "activar mecanismos como la comisión bilateral" entre el Estado y la Generalitat, que no se reúne desde hace años. En esa reunión, todavía sin fecha, se tratarán a fondo las más de 40 reivindicaciones que el anterior 'president', Carles Puigdemont, trasladó a Rajoy en abril del 2016, que incluyen demandas como más dinero para la dependencia y la sanidad catalanas y respeto a su modelo educativo.

Pero Sánchez hizo también un anuncio, no directamente relacionado con su encuentro con Torra, de mucho mayor calado a corto plazo. El presidente considera "razonable" que los dirigentes independentistas que en la actualidad se encuentran en prisión provisional, como el ‘exvicepresident’, Oriol Junqueras, sean trasladados a cárceles catalanas. Pero solo, subrayó, cuando acabe la instrucción de Pablo Llarena, magistrado del Tribunal Supremo, algo para lo que se supone que falta muy poco.

"Es razonable que una vez terminada la instrucción, Instituciones Penitenciarias [dependiente del Ministerio del Interior] tome la decisión de acercar a los presos a cárceles catalanas, para que estén cerca de sus familiares y de sus letrados. En el momento en que se considere sustanciada la instrucción, el Gobierno de España podrá tomar la decisión de trasladar los presos", señaló Sánchez, que tendrá un primer contacto superficial con Torra este viernes, en Tarragona, durante los Juegos Mediterráneos.  

La situación de los presos de ETA es una cuestión distinta, porque ellos sí tienen "sentencia firme" y sus distintos casos deben ser estudiados de forma "individualizada". Aun así, el presidente abrió la puerta al acercamiento. Tras el fin de la banda terrorista, dijo, es posible una "política penitenciaria distinta".

Reforma laboral y 'ley mordaza'

La derogación de la 'ley mordaza' y la reforma laboral han formado parte del discurso de Sánchez desde que fueron aprobadas por el PP, pero el presidente distinguió entre ambas iniciativas. Para la primera, hay "mayoría parlamentaria". Para la segunda no. Lo cual, dijo, no significa que no se puedan tumbar aspectos “muy lesivos” como la ultraactividad y las subcontratas.

Mientras tanto, el Ejecutivo estudia cómo dejar sin efecto algunas de las medidas sociales más controvertidas de Rajoy. Entre ellas, el copago farmacéutico para los pensionistas, como avanzó EL PERIÓDICO,  ocupa un lugar prioritario. "El Gobierno está mirando las cuentas públicas y vamos a ver si hay suficientes recursos para sacarlo adelante", explicó el presidente.

Sánchez, por último, se refirió a Màxim Huerta, su brevísimo ministro de Cultura, que se vio forzado a dimitir cuando trascendió que entre el 2006 y el 2008 había defraudado a Hacienda más de 200.000 euros a través de una sociedad interpuesta. "En España no ha habido el número de dimisiones que la ciudadanía exigía a sus responsables políticos", concluyó el jefe del Ejecutivo.