El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha denunciado este viernes al juez instructor de la causa por el proceso soberanista, Pablo Llarena, y a otros tres magistrados de la sala de apelaciones del Tribunal Supremo por presuntos delitos contra los derechos fundamentales de los diputados en prisión y en el extranjero, detención ilegal, obstrucción al funcionamiento de la Cámara y prevaricación judicial.
En la denuncia, que se ha presentado en el registro del Supremo dirigida a la Sala Segunda, consideran que al mantener en prisión preventiva a los políticos soberanistas se están cometiendo delitos contra los derechos fundamentales, recordando que los parlamentarios gozan de inmunidad, por lo que deberían haber sido liberados al ser elegidos el 21-D.
Consideran que mantenerles en prisión supone un "ataque contra la división de poderes, el autogobierno y la autonomía parlamentaria" ya que el Parlament tiene autonomía organizativa e inviolabilidad en el ejercicio de sus funciones, entre las que está investir al presidente de la Generalitat sin interferencias de ningún otro órgano.
Investiduras frustradas
La denuncia también alude a los intentos frustrados de investir como presidente de la Generalitat primero al 'expresident' Carles Puigdemont -huido a Bélgica y actualmente en Berlín, pendiente de saber si la justicia alemana lo extradita a España- y después al expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez y el 'exconseller' Jordi Turull, en prisión preventiva.
Según se expone en la denuncia, elaborada por los servicios jurídicos del Parlament, se ha cometido un "delito de detención ilegal" al verse privados de libertad los diputados citados en el escrito "sin que la ley lo permita y sin mediar causa por delito".
Incluso si hubiese mediado "causa por delito", subraya el texto, tendría que considerarse "detención ilegal" el hecho de acordar, practicar o prolongar "cualquier privación de libertad de un detenido, preso o sentenciado, con violación de los plazos o demás garantías constitucionales o legales".
Queja de Cs y PSC
El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Parlament, Fernando de Páramo, ha criticado la denuncia y ha lamentado que se haya tomado esta decisión "sin tener en cuenta a todos los partidos de la Cámara" y en especial a su partido, que, ha recordado, es el grupo con más diputados. "Es una injerencia clara de la política en las decisiones judiciales y lo hace en nombre de todos los diputados del Parlament. Nosotros le decimos: no en nombre de Ciudadanos", ha concluido.
Por su parte, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha pedido este viernes por carta a Torrent que reconsidere la acción contra Llarena y los otros tres magistrados. Iceta critica que el presidente de la Cámara haya tirado adelante con esta iniciativa sin que antes el Parlament haya abordado el recurso en contra que presentó Cs ni el informe jurídico que se solicitó a los letrados de la Cámara.
Junts per Catalunya ha manifestado su satisfacción por la iniciativa. "Hay gente que a estas horas está en el patio de la cárcel. No nos podemos quedar de brazos cruzados ante lo que ha sido una intromisión en la soberanía del Parlament", ha destacado el portavoz adjunto del grupo, Eduard Pujol.
La CUP también ha aplaudido la medida, pero ha desconfiado de su "viabilidad" porque considera que los jueces son "parte" de la situación de "vulneración de derechos".