La fiscalía consideró este miércoles en el juicio en la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que no ha quedado acreditado "en absoluto" que la huelga convocada por la Intersindical-CSC el 8 de noviembre en Catalunya fuera por motivos políticos y por lo tanto ilegal.

En su intervención durante el trámite de conclusiones, el fiscal se alineó con los argumentos del sindicato convocante y rechazó las pretensiones de la demanda de Foment del Treball, que pedía declarar ilegal la huelga porque tenía una motivación política y no laboral.

Así, concluyó que, tras el juicio y las pruebas aportadas por Foment, considera "muy difícil" que el tribunal pueda declarar ilegal la huelga porque ello requiere unas condiciones muy estrictas que no se dan en este caso, en sus palabras.

"Connotaciones laborales" del 155

Sobre el hecho de que uno de los motivos de la huelga fuera la aplicación del artículo 155 de la Constitución tras la proclamación de la república, opinó que no solo es un motivo político sino que tiene "connotaciones laborales importantes".

En este sentido, valoró que el hecho de haber cesado al 'conseller' de Treball y a altos cargos sin designar a un nuevo titular supone "una paralización injustificada y no deseable" de la relación entre esta administración y los trabajadores.

Además, el fiscal asumió el mismo argumento de la defensa del sindicato, que ha alegado durante la sesión que toda huelga general es también política.

El fiscal, previamente, pidió desestimar la demanda, antes de entrar en el fondo de la cuestión, al considerar que el procedimiento y la jurisdicción del pleito no eran los adecuados.

Demanda de Foment

Foment del Treball reclamó en el juicio, que quedó visto para sentencia, declarar ilegal la huelga general convocada por la Intersindical-CSC porque tuvo "motivos políticos".

El letrado de Foment reclamó una indemnización de 100.000 euros por daños y perjuicios a las empresas de la patronal durante esa jornada de paro en Catalunya, y aseguró que fue una huelga "ilegal e irresponsable".

Defendió que fue ilegal por su motivación política (vulnerando el artículo 11 del Decreto-ley 17/1977 sobre relaciones de trabajo), por vulneración de procedimiento al no cumplirse el plazo de preaviso y por abuso de derecho al plantear una huelga de muchos días y después ir convocando.

También invocó la falta de legitimación del sindicato para convocar la huelga al solo contar con un 0,4% de delegados y miembros en comités de empresa y administraciones en Catalunya, según sus datos.

Motivos laborales, según Intersindical

La Intersindical-CSC aseguró que los motivos por los que fue convocada eran laborales: la precariedad laboral, el decreto del Gobierno central que facilitó el cambio de sede de empresas, y la impugnación de leyes laborales y sociales promovidas por el Parlament, entre otros motivos.

Sin embargo, se refirió al contexto social y político que vivía Catalunya en esos días de la huelga, alegando que pese a que el motivo de la convocatoria era laboral, "no se puede sustraer a la sociedad de los problemas que puede haber en ella".

El abogado del sindicato defendió que se informó con los 10 días de antelación necesarios a la Conselleria de Treball, concretamente el 19 de octubre, y alegó que sí son un sindicato representativo ya que cuentan con afiliados y miembros de comités en las cuatro provincias catalanas.

Por su parte, el Comité de Huelga defendió en el juicio que cumplió con todas sus obligaciones y que no se ha acreditado ninguna transgresión de la normativa, por lo que pidió que se dicte una sentencia absolutoria.

Audio de los CDR como prueba

Durante el juicio, el letrado de Foment aportó como prueba de que la huelga fue política un audio atribuido a la presunta coordinadora de los CDR Tamara C., detenida por la Guardia Civil, en el que hablaba de promover la huelga general indefinida.

Este audio fue desestimado como prueba por el tribunal al considerar que no tenía nada que ver con la causa, que era posterior a los hechos enjuiciados y que se trataba de un caso judicializado en la Audiencia Nacional.

En declaraciones a los medios tras el juicio, el secretario de acción sindical, Màrius Lleixa, valoró que el juicio dejó en evidencia que Foment no tiene argumentos jurídicos para afirmar que fue una huelga ilegal y que la huelga se convocó con debida forma y por motivaciones estrictamente laborales, y que tras el posicionamiento del fiscal "poca agua les queda en el charco".