La magistrada del juzgado número 2 de Reus ha ordenado detener para que se presente a declarar a la concejala de la CUP de este municipio tarraconense Mariona Quadrada, investigada por un presunto delito de incitación al odio.
Según han informado fuentes judiciales a la agencia Efe, la jueza ha ordenado a los Mossos d'Esquadra que detengan a la concejala para tomarle declaración este jueves, día 22, a las 9.30 horas.
Quadrada ya estaba citada ayer lunes al mediodía, pero no acudió por "no reconocer a la justicia española" y por "ser el momento de tener las cosas claras y hacer efectiva la república".
La concejala ha dejado plantada tres veces a la jueza: La primera, por problemas de agenda de la defensa, tal como hicieron ya sus dos compañeros de bancada, los concejales Marta Llorens y Oriol Ciurana, que también fueron obligados a comparecer detenidos por la misma causa.
El pasado mes de diciembre, los dos concejales estuvieron detenidos más de 17 horas y pasaron una noche en los calabozos para prestar declaración al día siguiente, aunque se acogieron a su derecho a no hacerlo.
Protestas ciudadanas
La instrucción judicial parte de una denuncia de un delito de incitación al odio formulada por el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) por las protestas ciudadanas llevadas a cabo frente al hotel Gaudí de Reus. Allí se alojaban alrededor de un centenar de agentes antidisturbios, que formaban parte del contingente policial desplazado a Catalunya para impedir el referéndum del 1-O.
Además de los tres concejales de la CUP también constan como investigados el alcalde de Reus, Carles Pellicer, militante del PDECatCarles Pellicer; y los portavoces de los grupos municipales Montserrat Vilella, del mismo partido que Pellicer; Noemí Llauradó, de ERC; y Jordi Cervera, de AraReus, por firmar un manifiesto. En este, los firmantes pedían a los hoteleros de Reus que hiciesen lo que resultase "adecuado y necesario para que los antidisturbios de manera inmediata abandonen el municipio" e invitaban a la gente a sumarse a las protestas.
También se investiga a seis bomberos que participaron en las protestas y al propietario y al empleado de un gimnasio, al que acudían varios de los antidisturbios, por pedirles que no fueran más ya que los clientes habituales se habían quejado.