El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena aún no ha acabado la instrucción de la causa por rebelión, sedición y malversación abierta contra el 'expresident' Carles Puigdemont y otras 27 personas, porque este mismo martes abrió una pieza secreta para profundizar en la investigación del dinero público gastado, pero cree que ya tiene indicios racionales de criminalidad como para procesarles. Este viernes hará público el auto de procesamiento y además decidirá si envía a prisión a seis de ellos, entre ellos, a Jordi Turull.
En su resolución el magistrado dará a conocer si alguno de los imputados se libra del procesamiento (como puede ser el caso del exmiembro de la Mesa del Parlament Joan Josep Nuet) y concretará qué delitos considera que cometío cada uno de ellos. Hasta ahora todas las resoluciones del instructor y de la Sala de lo Penal del alto tribunal han ido apuntalando la existencia del delito de rebelión, al apreciar violencia, por lo menos en lo referido a los imputados en prisión: el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, el expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sánchez, el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y el 'exconseller' de Interior Joaquim Forn.
El hecho de que haya citado a Turull y los 'exconsellers' Josep Rull, Dolors Bassa y Raül Romeva, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la número dos de ERC, Marta Rovira, para revisar su situación personal, hace pensar que ellos también serán procesados por el delito más grave de los investigados. Todos ellos son además diputados, por lo que, de ser encausados por rebelión perderán automáticamente el escaño cuando la resolución sea firme.
Hasta ahora todos están en libertad con fianzas de entre 60.000 euros (Rovira) y 150.000 (Forcadell). Los exmiembros del Govern abonaron 100.000 euros. Salvo para Rovira, la fiscalía solicitó prisión incondicional para ellos, una petición que podría reproducir el viernes, al igual que Vox, que llegó a pedirla incluso para la dirigente de ERC. El procesamiento implica que se han constatado e, incluso, ampliado los indicios existentes contra ellos, y la gravedad del delito imputado puede ser un argumento suficiente para defenderla.
Suspensión de cargo público
La suspensión automática de cargo público prevista en el artículo 384 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal solo se puede aplicar a los procesados por rebelión (no por otro delito, como la sedición) que se encuentren en prisión, por lo que no afectaría a ninguno de ellos, salvo que el viernes se les encarcele tras la celebración de la vistilla del artículo 505 del Código Penal prevista.
El precepto exige que el procesamiento sea firme, condición que la resolución adquirirá una vez revisado por la Sala de lo Penal, lo que puede demorarse unas semanas. De ahí que si Turull ingresa en prisión antes de ser investido presidente de la Generalitat quedará en manos del juez Llarena la obtención del permiso penitenciario necesario para asistir al debate del Parlament, una petición que el magistrado rechazó en el caso de Junqueras, de Forn (antes de que renunciara al escaño) y de Sànchez, cuando fue propuesto como candidato a 'president'.
Pero sí tendrá consecuencias el procesamiento para los huidos. El expresidente Puigdemont y Toni Comín, los únicos que no han renunciado a su escaño en el Parlament, pese a estar en Bruselas, también lo perderán automáticamente, porque contra ellos ya dictó auto de prisión la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, y su situación se considera equiparable a la de los presos. Además, tras el procesamiento en rebeldía de los huidos, se reactivarán las euroórdenes y órdenes internacionales de detención con fines de extradición necesarias para su entrega a la justicia española.