En el informe de casi 500 páginas de la Guardia Civil presentado en un juzgado Lleida, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, y en el que analiza el comportamiento de la cúpula de los Mossos en la región el 1-O se recoge la declaración de varios testigos. Uno de ellos, protegido. Es un miembro de la propia policía autonómica.

Dicho testigo aseveró que, el 1 de octubre, se recibieron a través de comunicaciones por radio órdenes para que se informase a los mandos de todos los movimientos de Guardia Civil y Policía Nacional. Además afirmó que frente a la comandancia de la Benemérita en Lleida se situó, al menos, una patrulla de Mossos que iba dando cuenta de los efectivos, vehículos, material que llevaban, cómo se distribuía el personal y todos los movimientos que en general observaban. Las instrucciones provenían de la Sala Regional, al mando del Inspector Roderic Moreno, uno de los investigados en esta causa.

Este testigo confirmó que las llamadas ARRO, unidades de reacción (antidisturbios) no fueron requeridas el día de la consulta. Además manifestó que el único medio que se les facilitó para proceder al cierre y precinto de los colegios electorales eran adhesivos y cinta policial y que en las instrucciones que se les impartieron para enfrentarse al 1-O se les prohibieron acciones, entre ellas entrar por la fuerza y el uso de la defensa.

Añadió que algunos compañeros habrían redactado actas en comisaría sin haber acudido a los lugares, a fin de incrementar el número de  actas y justificar la inacción del cuerpo ante la autoridad judicial.