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INVESTIGACIÓN POR LOS PREPARATIVOS DEL REFERÉNDUM UNILATERAL

La Guardia Civil detiene al director general de Unipost por el 1-O

Los agentes buscan datos sobre el gasto del Govern para enviar las cartas con el censo electoral

Agentes de la Guardia Civil en el registro de la sede de Unipost en LHospitalet, este jueves. / DANNY CAMINAL / EUROPA PRESS.VIDEO

La Guardia Civil ha registrado este jueves, desde primera hora, la empresa de mensajería Unipost en L'Hospitalet de Llobregat y su sede en la calle Mallorca de Barcelona en busca de información sobre el gasto realizado por el cesado Gobierno de Carles Puigdemont para organizar el referéndum unilateral del 1 de octubre. Los agentes han detenido en su domicilio al director general de la firma, Pablo Raventós, familiar de los propietarios de Codorníu, que no tiene nada que ver con el asunto. El ejecutivo, que ya declaró como testigo en septiembre, ha sido trasladado a la empresa para efectuar el registro. Tras no contestar a las preguntas, ha quedado en libertad. 

Según fuentes cercanas a la investigación, la operación está coordinada por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que investiga desde hace meses los preparativos del referéndum unilateral y la creación de las denominadas "estructuras de Estado". El objetivo es localizar los pagos que realizó el Ejecutivo de Puigdemont para el envío de las cartas con el censo electoral. Se sospecha que podrían haberse utilizado empresas o personas como intermediarios.

La Guardia Civil ya registró varias naves de Unipost el pasado mes de septiembre y se incautaron de más de 45.000 notificaciones que iban a ser remitidas a las personas elegidas como presidentes, vocales y suplentes de las mesas electorales del 1-O, suspendido por el Tribunal Constitucional. El material se encontraba en una almacén en Terrassa. Además, esta firma fue utilizada en la consulta alternativa del 9-N del 2014. El pasado 11 de octubre hubo un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectaba a 2.200 trabajadores, la totalidad de su plantilla en España, tras no poder hacer frente a la grave situación económica que atravesaba.

Argucias y seguimientos

En el marco de la investigación sobre el referéndum, el juez ha ordenado a la Guardia Civil seguir el rastro de los gastos ocasionados por la consulta, tras constatar la "opacidad" y las "argucias" del cesado Gobierno catalán para camuflar que los fondos salieron de las arcas públicas. Hasta el momento, los investigadores han acreditado que el Ejecutivo utilizó medio millón de euros de dinero público para abonar publicidad sobre el 1-O.

La documentación confiscada en septiembre en Terrassa fue descubierta por la Guardia Civil cuatro días después de detectar una reunión que mantuvieron en el Hotel Pulitzer de Barcelona el director general de Patrimoni de la Generalitat, Francesc Sutrias (uno de los investigados por la organización de la consulta), el dirigente de ERC Xavier Vendrell Anton Reventós Reventós, el que fuera presidente de Unipost. En el informe sobre este encuentro, los agentes han incluido fotos de la reunión que se celebró en el interior del establecimiento y que duró una hora y media aproximadamente.

Pesquisas sobre el dinero

El juez ya requirió sin éxito el pasado 30 de octubre a la Conselleria de Economia i Hisenda de la Generalitat -cuando su titular, Oriol Junqueras, ya había sido destituido-, que desglosara el coste del referéndum del 1-O, incluidos los actos de campaña, la estancia de observadores internacionales y el material empleado, lo que incluye urnas, papeletas y sobres.

Sin embargo, la Generalitat respondió a su requerimiento indicando "el desconocimiento o inexistencia de cualquier tipo de gasto" para el referéndum. Ante ello, el juzgado, en aplicación del artículo 155 de la Constitución, ha pedido a los ministerios de Economía y de Hacienda que den las órdenes oportunas para cumplimentar su petición.

La Guardia Civil investiga si la Generalitat usó intermediarios

El juzgado está investigando si el cesado Gobierno catalán utilizó empresas proveedoras habituales de la Generalitat para ocultar contratos a terceros vinculados al 1-0. En la causa aparece la declaración de un informático que admite un exalto cargo del Ejecutivo de Carles Puigdemont se puso en contacto con él para interesarse por unos dominios en internet que fueron usados, después, para el referéndum unilateral. El informático los adquirió y, después, los transfirió a la Generalitat. Facturó el importe de la adquisición a un supuesto proveedor de de la Administración catalana, según el informe del instituto armado. A su entender, se puede deducir que es la Generalitat la que en última instancia e indirectamente asumiría el gaso.

En este mismo sentido, la Guardia Civil ha solicitado acceder al fichero de titularidades Financieras del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLANC), para conocer las cuentas bancarias de personas físicas y empresas. El juez ha pedido a los agentes que concreten a qué personas o sociedades se refieren. 

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