La jueza de Audiencia Nacional Carmen Lamela, en el ojo del huracán tras mandar a la cárcel más de la mitad del exGovern de Catalunya, acordó anoche prisión incondicional para el comisario jubilado José Villarejo, su socio Rafael Redondo y del actual comisario Carlos Salamanca por delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales en el marco de la denominada ‘Operación Tándem’.

En el caso de Salamanca, exresponsable de la comisaria del aeropuerto de Barajas, que controla la entrada de inmigrantes, la juez le atribuye indiciariamente también un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Los otros cuatro investigados que han pasado a disposición judicial han quedado en libertad. La mujer de Villarejo , Gema Alcalá, con la medida cautelar de retirada de pasaporte y los  otros tres, uno de ellos hijo de Villarejo y otro de Salamanca, sin medidas cautelares.

La 'operación Catalunya'

Villarejo, conocido por su vinculación con la "operación Cataluña" destapada en la llamada guerra de comisarios que protagonizó con su compañero Marcelino Martín-Blas, fue detenido el pasado viernes y, tras pasar a disposición judicial este domingo, ha sido interrogado por la juez junto al resto de imputados.

Según la Fiscalía Anticorrupción, los dos comisarios de policía "prevaliéndose de las funciones propias de sus respectivos cargos, especialmente sensibles para la seguridad nacional, habrían recibido elevadas sumas de dinero, así como regalos diversos, a cambio de la prestación de servicios especializados de inteligencia y de facilitar la entrada ilegal de ciudadanos no comunitarios en territorio español". Las sospechas apuntan a que el comisario del aeropuerto facilitaba la entrada en España a cambio de regalos y dinero que luego presuntamente era blanqueado por Villarejo a través de su entramado empresarial.

Otros procesos

Villarejo está siendo investigado en la actualidad en los juzgados de Plaza de Castilla por varias causas, una de ellas su presunta relación con una grabación en octubre de 2014 a policías y agentes del CNI en el marco del caso del pequeño Nicolás.

Su nombre aparece asociado a otros procedimientos judiciales abiertos como el presunto apuñalamiento de la doctora Elisa Pinto, por el que se investiga al exconsejero del Grupo Villar Mir, el empresario Javier López Madrid.