El Tribunal Constitucional tendrá la última palabra sobre el polémico debate que se vivió los pasados días 6 y 7 en el Parlament para tramitar y votar las leyes que sustentan el referéndum del 1-O. La Sala Segunda del alto tribunal ha procedido a admitir a trámite el recurso de amparo del PSC contra el rechazo que hizo la Cámara catalana de los dictámenes del Consell de Garanties Estatutàries, al entender que se vulneraron los derechos de la oposición, informaron a este diario fuentes del alto tribunal.

La resolución de los recursos de amparo corresponden a las salas del alto tribunal, a diferencia de los de inconstitucionalidad, que son resueltos por el pleno. En este caso, la Sala Segunda entiende que la impugnación de los socialistas catalanes debe ser admitida, porque tiene una especial trascendencia, al afectar a una faceta sobre la que no hay doctrina del tribunal, y porque el asunto trasciende el caso concreto y puede tener consecuencias en la política general.

La admisión a trámite el pasado día 7 de las impugnaciones del Ejecutivo de Mariano Rajoy implicó la suspensión automática de todas las normas en las que el Parlament pretendía sustentar el referéndum.

Actuación fiscal

A partir de esas resoluciones del Constitucional se ha articulado la reacción de la Fiscalía frente al 1 de octubre, que ya ha interpuesto cuatro querellas y está procediendo a abrir diligencias de investigación contra 712 alcaldes.

De hecho, una de esas querellas, la dirigida contra la sindicatura electoral, se ha interpuesto sin esperar a que transcurriera el plazo de 48 horas dado por el alto tribunal para que presentaran alegaciones antes de aplicar las medidas previstas en el artículo 92.4 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. 

Esta semana habrá pleno ordinario del Constitucional y previsiblemente entre los asuntos que aborde estará determinar si debe multar, suspender o deducir testimonio a los miembros de la sindicatura electoral por desobedecer sus resoluciones.