El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha decidido este lunes mantener en prisión incondicional, comunicada y sin fianza al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González al entender que se constata su "papel decisivo y necesario" en la 'trama Lezo'. El magistrado ha rechazado así poner en libertad al exdirigente del PP, preso desde el pasado 21 de abril, porque aprecia que hay "riesgo de fuga" y para evitar que modifique pruebas y esconda el dinero malversado.
En un auto notificado este lunes, el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional deniega la petición de la defensa de González, que había solicitado su puesta en libertad por sufrir un grave deterioro físico y psíquico tras su ingreso preventivo en la cárcel, además de esgrimir que había una variación sustancial de las circunstancias por las que se tomó la decisión de encarcelarle. García-Castellón sí aprecia cambios, pero justo en el sentido de reforzar las acusaciones. "Asistimos a una cristalización progresiva de los indicios racionales de criminalidad como consecuencia de las diligencias que se están practicando, lo cual podría verse afectado en caso de acordar la libertad o atenuar su situación como solicita la defensa", afirma.
Según las pruebas recabadas hasta ahora, el papel del expresidente madrileño en la trama corrupta pudo ser "decisivo y necesario" en los delitos investigados. Estos son, hasta ahora, malversación, fraude, organización criminal, prevaricación, falsificación de documentos, fraudes en las transacciones internacionales, cohecho y blanqueo de capitales.
Las penas que acarrearían estos hechos ya justificarían su mantenimiento entre rejas, y a ello se une "la existencia de dinero de procedencia ilícita (así consta en las actuaciones y así ha sido reconocido en las diferentes declaraciones)", lo que "patentiza el riesgo de fuga".
La puesta en libertad de González podría suponer "importantes riesgos de acceso a las fuentes de prueba, destrucción de documentos relevantes, realización de movimientos monetarios, dirigidos a la destrucción de pruebas y a esconder el dinero malversado, poniendo en peligro la investigación en curso y la recuperación de activos para ejecutar futuros decomisos del producto del delito". Por todo ello, García-Castellón opta por garantizar el avance de la investigación y mantenerlo encarcelado en Soto del Real (Madrid).