Manuel Moix no ha podido aguantar la presión de quedarse solo, sin ni siquiera el apoyo de la conservadora Asociación de Fiscales que le aupó al puesto, y este jueves presentó su renuncia "absolutamente irrevocable" por "motivos personales" como fiscal jefe de Anticorrupción. La dimisión se hizo pública por boca del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, quien subrayó que no veía motivos para el cese y que no "pudo convencerle" de que se mantuviera en el puesto. Estos elogios y la polvareda levantada por Moix en apenas 87 días en el cargo han llevado a la oposición a reclamar la cabeza del propio Maza y del ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien sin embargo ha ratificado al fiscal general y ha dado por zanjado el 'caso Moix'.

Moix ha sido el tercer jefe de la fiscalía especial desde su creación en 1995, tras Carlos Jiménez Villarejo (8 años) y Antonio Salinas (13), y desde luego el de mandato más corto, ni tres meses. Aunque probablemente también sea el más conocido, pero, a su pesar, por los ininterrumpidos escándalos vividos desde su nombramiento. El vaso se ha desbordado al conocerse que posee el 25% de una empresa radicada en Panamá. 

En una comparecencia convocada con cuatro minutos de antelación, Maza, acompañado del fiscal de Sala jefe de la Unidad de Apoyo, Francisco Moreno, explicó que se "había reunido bastante tiempo" con Moix y gracias a ello había "constatado que no ha existido ningún tipo de irregularidad", porque "ilegalidad" la daba "ya por descontada", y ni siquiera "incompatibilidad", según lo previsto en el Estatuto Fiscal, por haber recibido en herencia una parte de una sociedad 'off-shore'.

El fiscal general, que no dio pie a responder preguntas, aseguró que "no había motivos ni existen motivos" para aceptar el cese del fiscal jefe de Anticorrupción. Y eso que desde que Moix tomó posesión de su cargo el pasado 8 de marzo se ha sabido que el principal imputado del 'caso Lezo', el expresidente madrileño Ignacio González, se felicitó por su futuro nombramiento, una polémica a la que se sumó que se oponía a realizar un registro en la operación, decisión que pudo ser frenada por la oposición de los fiscales del caso que apelaron al artículo que obliga a convocar la Junta de Fiscales ante discrepancias con un superior.

IMAGEN Y FONDO

Maza aprovechó la comparecencia para criticar sin mencionar a nadie a todos los que apoyaron a Moix y este miércoles le dejaron caer amparándose en "la imagen" de la Fiscalía, que sólo debería "ceder por algo más importante: el fondo de la institución", añadió. Se refería a los medios, pero sobre todo al Gobierno, que pasó de una defensa a ultranza a un tibio "eso corresponde al fiscal general", y a la asociación mayoritaria, la Asociación de Fiscales, que la noche del miércoles se sumó a las otras dos de la carrera, de talante progresista, que llevaban exigiendo la dimisión de Moix prácticamente desde su nombramiento.

Según el fiscal general, "la Fiscalía es autónoma y no solo del Gobierno y el Ejecutivo", sino de "cualquier influencia ajena y externa", por lo que "no debe ser comprometida en sus decisiones más que por el cumplimiento de la ley". Maza no ve justificación para la renuncia ni siquiera con el gravísimo daño causado a la institución desde que Moix estaba al frente de Anticorrupción.

UN ÚNICO APOYO

En un principio, Moix sostenía que no veía incompatible el hecho de ser copropietario de una sociedad 'offshore' con su cargo público, pero a medida que hacía declaraciones en distintos medios y se conocían más detalles sobre la herencia recibida de su padre la situación se fue haciendo más y más insostenible. Él mismo admitió que no habían liquidado la sociedad panameña porque hacerlo costaba unos 90.000 euros en impuestos y algún hermano suyo no podía afrontarlo. Su explicación no casaba nada bien con ser el responsable de luchar contra la corrupción, porque este tipo de empresas se utilizan justo para evitar pagar a Hacienda lo que corresponde. 

Y el apoyo que el Gobierno le había mostrado estos meses se diluyó. Del mero "sí" de Mariano Rajoy a la pregunta de si continuaba apoyando a Moix, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, pasó a recordar la autonomía fiscal. La única excepción fue el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que en una conversación informal con periodistas vinculó lo ocurrido con Moix a su propósito declarado de "poner orden" en la Fiscalía Anticorrupción. Solo le ha mantenido el respaldo el fiscal general, que no veía necesario abrirle un expediente, ni siquiera preliminar, y este jueves parecía realmente afectado por no haberle podido convencer de que siguiese.