Juan Antonio Salguero, el único acusado del caso Adigsa Adigsa que no se ha sumado al pacto con la Fiscalía para rebajar su pena, ha afirmado ante el tribunal que las supuestas "mordidas" del 20 % de esta presunta trama corrupta iban a parar a CiU y que se lo advirtió al expresidente catalán Artur Mas.
En la sección 22 de la Audiencia de Barcelona se ha iniciado hoy el juicio por el caso Adigsa, una investigación que la Fiscalía abrió en el 2005 a raíz de la insinuación del expresidente catalán Pasqual Maragall en el Parlament de que CiU cobraba comisiones del 3%.
Seis de los siete acusados -todos menos Salguero- han rubricado ante el tribunal el acuerdo de conformidad con la Fiscalía, en el que reconocen haber cometido prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial, aunque si abonan la multa no ingresarán en prisión porque se les rebaja la condena global por dilaciones indebidas, confesión y reparación del daño y porque ninguna de las penas por cada delito supera los dos años de cárcel.
Ante el tribunal, y posteriormente también ante los periodistas, Salguero -un pequeño empresario de la construcción que afronta una petición del fiscal de un año y medio de cárcel- se ha desmarcado de este acuerdo porque se considera víctima de un "chantaje", ya que, según ha denunciado, si no pagaba la supuesta mordida, que ha elevado hasta el 20 % del presupuesto, no le pagaban por las obras de reparación que le encargaron.
Según Salguero, el acusado José María Penín -pariente lejano del exconseller Felip Puig- le aseguró que el dinero de las mordidas iba "para arriba", lo que interpretó como una alusión a que se lo quedaba CiU.
Por este motivo, ha asegurado ante el tribunal que mandó un correo electrónico al expresidente de la Generalitat Artur Mas -por entonces jefe de la oposición-, en el que le expuso su queja por esta supuesta trama corrupta.
Según el acusado, Mas le envió a un responsable de prensa y al exdirigente de CiU Ferran Falcó -que llegó a estar imputado en esta causa, aunque su proceso se archivó-, para solicitarle que se callara, justo el día en el que el expresidente catalán Pasqual Maragall denunció en el Parlament las supuestas mordidas del 3%. Ante la respuesta que obtuvo de Mas, Salguero ha afirmado hoy que decidió acudir a Fiscalía a denunciar esta supuesta trama.
También ha explicado en su relato, en el que no ha aportado ninguna prueba, que llamó a Felip Puig para explicarle lo que estaba ocurriendo y que el único interés que mostró el exconseller fue saber "cómo se estaban pagando" estas supuestas comisiones.
A diferencia de Salguero, los otros seis acusados han confirmado ante el tribunal el acuerdo alcanzado con la Fiscalía, al que se ha sumado la acusación particular ejercida por la Generalitat, que han rebajado sus penas para que ninguno de los delitos que se les atribuye supere una petición de más de dos años de cárcel, con lo que, si aportan globalmente los 120.000 euros supuestamente desviados, no ingresarán en prisión.
Entre los acusados figuran el exconsejero delegado de Adigsa Josep Fontdevila, el exgerente de la empresa de vivienda pública de la Generalitat Jordi Huguet y el exencargado del mercado secundario de la sociedad, Jordi Sala.
También figura como acusado José Maria Penín -pariente lejano del entonces conseller de Política Territorial Felip Puig, que en la época dirigía el departamento del que dependía Adigsa-, por ser el encargado de adjudicar las obras a empresarios afines, obviando las normas de contratación pública.
Los otros dos acusados son Angel Egido y Jordi Honrubia, dos de los empresarios adjudicatarios de las obras.
Según el ministerio público, los exresponsables de Adigsa, que compartían "militancia y actividades políticas en CDC" con Penín, permitieron a este intermediario adjudicar "a dedo" obras públicas a empresarios afines, inflando los presupuestos.
Para la Fiscalía, Fontdevila ordenó "caprichosa e injustificadamente" el pago de entre 3.000 y 4.000 euros a Penín "en la pretendida retribución de unas supuestas labores de tasación que nunca existieron" y se le encomendó que encargara obras de rehabilitación de vivienda pública a contratistas privados.
De esta forma, la Fiscalía cree que los acusados desviaron 120.031 euros a Adigsa con el sobrecoste de los presupuestos.
La causa también comportó la imputación el entonces presidente de Adigsa y después diputado de CiU en el Parlament Ferran Falcó, hasta que en 2013 la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Núria Bassols archivó las actuaciones en su contra, al entender que no estaba al corriente de las irregularidades.
Semanas después de que exculpara a Falcó, el entonces presidente catalán Artur Mas fichó como responsable de política de Transparencia de la Generalitat a Núria Bassols.