Nada más comenzar el juicio del caso Pretoria, la fiscala Anticorrupción Ana Cuenca anunció que había alcanzado acuerdos con cuatro de los 11 acusados, entre ellos, Macià Alavedra, que fue 'conseller' de Economia en tiempos del 'reinado' de Jordi Pujol. Tanto en su caso, como en el del empresario Manuel Carrillo, se formalizará al detallar sus conclusiones definitivas, cuando el juicio esté terminando, y dependerá de la declaración que presten al tribunal y del pago de la totalidad de las multas que solicita. 

Los otros dos pactos se han hecho efectivos al terminar la sesión y han supuesto las primeras condenas que se dictarán por las irregularidades urbanísticas cometidas entre 2001 y 2009 en Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona. Se trata de las dos personas que actuaron como testaferros del 'exconseller' de Economía: Gloria Torres y Philip Mc Mahan Bolich, que han aceptado seis meses de prisión y el pago de las multas que solicitaba para ellos la fiscalía.

En sus conclusiones provisionales, Anticorrupción solicitaba seis años y 10 meses para Alavedra y una multa de más de 10 millones de euros, además proponía el decomiso de 3.243.103 euros por "las ganancias ilícitas" que obtuvo. Para Carrillo pedía tres años por cohecho, por haberse hecho con la concesión del servicio de limpiezas del Ayuntamiento de Santa Coloma, gracias a la ayuda del que era su alcalde, el socialista Bartomeu Muñoz, que se enfrenta a seis años y diez meses de prisión.

CUENTAS Y ENTRAMADO 'OFF SHORE'

Gloria Torres, de la que la fiscala dice que mantenía con Alavedra "una fluida relación personal", y Philip Mc Mahan Bolich admitieron ante el tribunal haberle ayudado a crear "un entramado societario y financiero constituido por sociedades domiciliadas en territorios 'off shore' así como por cuentas abiertas en entidades bancarias andorranas a través de las cuales canalizó sus fondos", que la acusación pública cifra en 6.080.405 euros procedentes de actividades ilícitas. La presidenta de la Sala, Concepción Espejel, les anunció entonces que serán condenados a seis meses de cárcel por un delito de blanqueo no continuado con la atenuante de confesión, y no tendrán que asistir al resto del juicio.

La fiscalía pedía para Torres dos años y medio de cárcel, y para Mc Mahan, tres años y medio. Ella ya abonó el pasado día 8 la multa de 315.000 euros que se le reclamaba. En el caso de Mc Mahan, la fiscala pidió que abone una multa de más de dos millones de euros (la mitad de lo solicitado en el escrito provisional), y si no lo hace, se le impondrá un año más de arresto.

CHARLAS CON LOS EXPRESIDENTES

La fiscala propuso, además, que se incluyeran y tradujeran varias conversaciones telefónicas, entre ellas, las que Alavedra realizó en julio de 2009, tres meses antes de su arresto, a los expresidentes de la Generalitat Artur Mas (entonces jefe de la oposición) y Jordi Pujol Soley, ya que en ellas, según la acusación pública, "aparece una prueba que valida el tráfico de influencias" que se imputa a los acusados y de "la actividad ilícita del blanqueo que se investiga", así como de las operaciones urbanísticas cuestionadas. 

El tribunal las admitió, pese a que las defensas, especialmente las de Bartomeu Muñoz y la del considerado cerebro de la trama, Luis Andrés García, conocido como 'Luigi', que se enfrenta a ocho años de prisión, se opusieron con firmeza a que se incluyeran las conversaciones. Los abogados Fermín Morales y Cristóbal Martell sostuvieron que la intervención de las comunicaciones se hizo vulnerando los derechos fundamentales de los acusados, por lo que debían ser apartadas el procedimiento.

En cambio, la Sala, siguiendo el criterio de la fiscalía, rechazó la alegación de la defensa de falta de competencia de la Audiencia Nacional para juzgar los delitos por los que se acusa a las 11 personas que se sientan en el banquillo, ya que por si solos no entran dentro de los establecidos para ser investigados por este tribunal. Además, sostuvieron que la causa se inició con un procedimiento abierto años antes de que estallase el 'caso Pretoria' en el que se investigaron presuntos delitos fiscales cometidos a través de la sucursal en Jersey del BBV Privanza.

El juicio, que continuará mañana con el interrogatorio de los acusados, que está previsto que inaugure Bartomeu Muñoz, se prolongará hasta septiembre, debido a que no sólo se debe compaginar con el resto de vistas que se celebran en la Audiencia Nacional, sino también con el 'caso Palau', ya que hay tres abogados que ejercen la defensa en ambos procedimientos.