Oriol Junqueras coqueteaba la semana pasada con la desobediencia: "Si nos suspenden las competencias, las defenderemos ejerciéndolas". De manera deliberada o no, el vicepresidente del Govern empezaba a fijar los raíles por los que en los próximos meses podrían discurrir los trenes camino de la colisión. La sinuosa hoja de ruta del independentismo tiene marcado en rojo en el calendario, aunque aún sin fecha concreta, el referéndum unilateral. Y los primeros flirteos del Ejecutivo central con el precinto de urnas ya se han dejado entrever.

Sin embargo, agazapadas detrás de esa hipotética consulta están las tres leyes llamadas de "desconexión" con la legalidad española, cuya aprobación está prevista para julio. Para algunos actores del 'procés' con un innegable influjo sobre el Govern, como la ANC, estas normas pueden significar el punto de no retorno en la estrategia de forzar el choque de trenes y empujar a la comunidad internacional a 'mojarse' en la cuestión catalana.

La mera aprobación de esas leyes podría interpretarse ya como un gesto de desobediencia, pues su gestación es un mandato de la hoja de ruta independentista anulada el pasado martes por el Tribunal Constitucional. Y en cualquier caso, se da por seguro que a su ratificación por el Parlament le seguiría una veloz impugnación por parte del Gobierno de Mariano Rajoy y la suspensión cautelar por el mismo TC.

CONFIANZA EN JUNTS PEL SÍ

¿Qué haría entonces el Ejecutivo de Carles Puigdemont? Para la ANC, esa será una especie de prueba del algodón. "Llegará el momento de demostrar si esto va en serio o no, sin necesidad de esperar al referéndum", advierten fuentes de la Assemblea. En la entidad que dirige Jordi Sànchez no dudan ahora mismo de la voluntad del Govern de Junts pel Sí de desoír cualquier veto del Estado, y creen que las voces que apuestan, sobre todo en el PDECat, por no tensar más la cuerda son minoritarias.

El Ejecutivo catalán y la ANC llevan tiempo analizando los escenarios que pueden abrirse en los próximos meses, y uno de ellos es la aplicación del explosivo artículo 155 de la Constitución, que podría desembocar en la suspensión de competencias de la Generalitat. Esta amenaza ya la han blandido sin tapujos algunos ministros de Rajoy, pero la Assemblea no descarta que las "medidas de fuerza" del Estado ante una eventual desobediencia incluyan inhabilitaciones de miembros del Govern, incluido el propio ‘president’, o de la Mesa del Parlament, en tanto que responsables de la tramitación de las leyes de desconexión y de los decretos para su desarrollo.

"MINORÍA MOVILIZADA"

De ahí que la entidad esté preparando ya a lo que denomina su "minoría movilizada" para hacer frente a un goteo de manifestaciones sostenidas en el tiempo. "Hemos demostrado que podemos reunir a 50.000 personas una mañana [por el juicio del 9-N]. Pero estamos preparados para movilizar a 50.000 personas cada día delante de la Generalitat o del Parlament para plantar cara al Estado", aseguran las citadas fuentes de la ANC.

Esta escalada de tensión persigue tres finalidades entrelazadas. La primera es hacer realidad el sueño independentista de 'internacionalizar el conflicto', buscando una medida de fuerza del Estado que obligue a mediar a la UE. El segundo objetivo es estrictamente partidista: sacar a los 'comuns' (y en especial a Ada Colau) del tacticismo y escorarlos hacia la unilateralidad. Y con este apoyo en el zurrón, lograr el reto más complejo: que ante la "represión" del Estado una mayoría de catalanes consideren legitimado el referéndum, participen en él y cimenten con ello la victoria del 'sí'.