Cerramos aquí el directo del juicio. Gracias por seguirnos.

El presidente de la Eurocámara avisa a Catalunya de que actuar contra la Constitución es actuar contra la UE. "Estoy convencido que el presidente del Parlamento Europeo estará preocupado de que España sea uno de los Estados más incumplidores".

Mas: "No hemos ido a prostituir el espíritu del 9-N"

"Mentir hubiera sido decir que el Govern solito lo hizo todo", señala el 'expresident'. "No hemos ido a prostituir el espíritu del 9-N"

"Cada uno tiene su estilo y su código de conducta, es evidente que el de la CUP y el nuestro es distinto. Tenemos propia personalidad para actuar con nuestro propio criterio. Ni yo, ni Rigau, ni Ortega nos hemos escondido de nada", responde Mas a las críticas de la CUP, señalando que ellos no hacen "postureo".

Mas: "Ni un milímetro de paso atrás"

"Ni un milímetro de paso atrás", afirma Mas ante la mirada de Rigau y Ortega.

Tras el juicio, Mas asegura que esperan sentencias absolutorias.

Mas agradece el apoyo del Govern durante toda la semana. "Esto no era un numerito. Era una secuencia más de la voluntad del país de hacer saber que no estamos solos", dice el 'expresident' volviendo a decir que el 9-N "ridiculizado" se convirtió en un gran hecho democrático. "Poder representar a tanta gente es, pese a todo, es una forma muy gratificante de acabar la semana. Sabemos que 'aleja jacta est' [la suerte está echada]. En mi intervención no he podido decir una cosa: en el caso de que nos condenen, la única condena que sentiría miedo es la de haber hecho algo mal. Pero en mi intimidad sé que hicimos lo que debíamos y lo volveríamos, un servicio a este país que está dando a tanta gente". Y vuelve a citar a Roosvelt: una gran democracia debe progresar o pronto dejará de ser o grande. "La democracia española, que ya no era muy grande, se hace más pequeña"

"Si un Estado ve un desafío que 2,3 millones de personas vayan a votar, el problema lo tiene el Estado", denuncia el 'president'. "Gracias por haber representado muy dignamente al Govern y haber defendido la dignidad del pueblo de Catalunya".

Puigdemont y Mas comparecen en la Generalitat. "Reiterar el apoyo del Govern. Nos sentíamos juzgados todos, hoy nos sentimos reconocidos en las palabras de los tres. Ninguno de ellos actuó por cuenta propia, lo hizo por legitimidad democrática. El 9-N fue un día histórico, la ciudadanía se emociona pudiendo votar y se indigna con la sentencias del TC", afirma Puigdemont.

Recuperamos aquí la crónica de J. G. Albalata sobre la intervención del fiscal Emilio Sánchez Ulled: "El juicio del 9-N también es democracia"

Mas, Ortega y Rigau, a la salida del tribunal

El juez da visto para sentencia el juicio. Los tres encausados se dirigen ahora hacia el Palau de la Generalitat donde ofrecerán una rueda de prensa junto al 'president' Puigdemont.

"Creo que Catalunya tiene derecho a decidir en un sentido u otro -explica la exvicepresidenta-. Catalunya acabará siendo lo que decidan los catalanes"

"Catalunya no la hemos inventado nosotros pero lo que aquí se juzga es algo que hemos pedido desde generación en generación: poder gobernarnos", asevera.

"No nos escondemos detrás de los voluntarios, al contrario, les reconozco todo el valor", dice Ortega, remarcando que sin ellos no habría sido posible el 9-N.

Joana Ortega coincide con Mas en que se la está juzgando por un delito político. "El derecho penal debería ser el último al que tendría que recurrir una democracia. Dar la voz al pueblo no es un delito, es una obligación de todo gobierno".

"No entiendo que reforzar una democracia se pueda considerar un delito", rubrica Mas al final de su intervención

"¿Convertir en 9-N en un delito? Qué pena, qué inmenso error"

"Tendríamos que estar orgullosos del 9-N, estemos a favor o en contra, porque coinciden muchas virtudes de las que un país tiene que estar orgulloso: civismo, espíritu democrático... ¿Y en lugar de estar orgullosos lo queremos convertir en delito? Qué pena, qué inmenso error".

Reitera su tesis de que fueron los voluntarios, "que ya habían hecho suya la consulta", los que asumieron la tarea tras la suspensión del TC. "En nuestro ánimo no era desobedecer al TC sino plantar cara a un Gobierno que hacía un abuso de pode con una consulta que no tenía efectos legales, que solo era un proceso participativo"

Mas: "No soy culpable de haber cometido ningún delito"

"No soy culpable de haber cometido ningún delito", dice tras declararse responsable de todo lo que llevó al 9-N, de las plebiscitarias y también de dar un lado para facilitar la investidura tras el 27-S

En su alegato final, el 'expresident' vuelve a declararse "máximo y en algún sentido único responsable del 9-N", señalando que Homs, Rigau y Ortega solo seguían sus indicaciones.

Empieza la intervención de Artur Mas. El 'expresident' niega que se trate de un juicio por desobedecer al TC sino por el "éxito del 9N, que no gustó a determinadas instancias al Esatdo y se consideró un desafío que quieren que se haga pagar". "¿Cuántos juicios tendría que haber por desobediencias del Gobierno español al TC?", se pregunta.

"¿Por qué el TC no pidió el auxilio de los tribunales de justicia? ¿Es que no quiso hacerlo?", se pregunta Pina.

"Las declaraciones del TC son declarativas, no ejecutivas. Cuando el TC quiere que se ejecuten sus resoluciones, según el artículo 80 del TC, necesita el auxilio de los tribunales del poder judicial", argumenta Pina.

Pinta considera que los argumentos de la abogacía del Estado para impugnar el proceso participativo eran los mismos que utilizó para la consulta anteriormente suspendida. Y le acusa de mala fe procesal.

El letrado argumenta también que el TC está separado del poder judicial en la Constitución Española. Pinta considera, pues, que no se puede condenar por desobediencia a los acusados al no ser el TC poder judicial.

Pinta se centra ahora en si el TC es poder judicial o no. Según una sentencia de 2016, sí lo es. Pero en el 2013, cuando el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, pagó unas cuotas de afiliación al PP y se generó una agria polémica, el TC consideró que no procedía apartarle porque la prohibición clara de la Constitución no le afectaba porque este tribunal no era poder judicial.

El abogado de Rigau coincide con los otros abogados defensores. "Con la jurisprudencia del Supremo sobre los delitos de desobediencia y prevaricación, las defensas podemos estar tranquilas, porque no se puede condenar a nuestros clientes", sostiene.

Empieza sus conclusiones Pinta afeando al fiscal que se haya excusado por sus actuaciones. "Creo que a todos nos tiene que hacer reflexionar. Estoy de acuerdo en que su actuación el 9-N fue impecable, ponderada. Pero pienso que nos tiene que hacer reflexionar que el ministerio fiscal intente justificar por qué no actuó, qué ha pasado con la fiscalía de Catalunya y qué ha pasado con el fiscal general. Esto solo alimenta las dudas".

El presidente del tribunal suspende la vista para comer y se retomará a las 15.30 con las conclusiones del abogado de Irene Rigau, Jordi Pina, y los turnos de última palabra de Artur Mas, Joana Ortega y la propia Rigau.

"Es un hecho que el 4 de noviembre el TC dictó una providencia de suspensión de determinadas actuaciones, es incuestionable que se abrieron los locales y más de 2 millones de personas participaron. Es incuestionable que la ejecución quedó en manos de voluntarios. De ninguna manera se ha cometido un delito de desobediencia. Las actuaciones son estrictamente políticas y quedan excluidas de la aplicación del Código Penal", concluye Entrena su intervención.

El abogado de Ortega reprocha que en la exposición de la acusación y de la fiscalía no se especifica con qué resolución el Govern incurrió en prevaricación.

Argumenta también que el requerimiento personal previo era imprescindible para considerar que su defendida incurrió en un delito de desobediencia. Algo que no ocurrió. Y para exculpar a su defendida reitera que el CIRE dependía del departamento de Justícia y el CTTI, del departamento de Empresa.

"Informar no es gestionar, no es ejecutar, no es desobedecer", subraya Entrena sobre la rueda de prensa que Ortega dio el 9-N para informar sobre el desarrollo del proceso partipativo.

Afirma que la providencia del 4 de noviembre no dice que se suprima la web, ni se quemen las urnas. "Decía 'paren máquinas'", asegura.

Argumenta que la póliza de responsabilidad para cubrir a los voluntarios no fue un acto de desobediencia, "sino de responsabilidad".

Sobre la web participa2014.cat, considera que es contradictoria la importancia que le da la acusación cuando por un otro se dice que que el proceso estuviera en manos de voluntarios era ficticio.

El abogado de la exvicepresidenta destaca que Ortega siempre insistió en la necesidad de respetar la legalidad y hacer las cosas bien. "Se hizo lo que se hizo políticamente, se acató un mandato parlamentario y se intentó hacer cumpliendo la ley", añade.

"Los voluntarios ejecutaron el proceso", remarca el letrado. "Esta realidad no se puede obviar, es un proceso participativo que se organiza y diseña antes del 4 de noviembre y se ejecuta por los voluntarios porque no había otra manera de hacerlo".

"El Govern tenía la voluntad de cumplir los mandatos parlamentarios y dar voz a los ciudadanos. Y hacerlo de manera legal". Entrena defiende las medidas de democracia participativa, en las que enmarca el 9-N, y explica las diferencias respecto de la consulta primera que también fue suspendida por el TC.

Argumenta que los tribunales no pueden actuar ni condenar por actuaciones políticas. "Si no es delictivo convocar y autorizar un referéndum, mucho menos un proceso participativo sin efectos vinculantes", añade. El abogado de Ortega insiste en que las conductas que se juzgan hoy en día "son impunes".

"Fue un error admitir a trámite unas querellas que tenían una evidente intención política, cuando no existen indicios de ningún tipo de delito", continúa Entrena su informe. 

Felicita también al fiscal, pero considera que ha estado "mucho menos convincente y menos convencido" en la sucesión técnica de los hechos, especialmente en el delito de prevaricación. "Es incuestionable que nos encontramos ante un juicio singular, sin precedentes, que se juzga a los que fueron presidente, vicepresidente y consellera del Govern de Catalunya, por un hecho de naturaleza estrictamente política", afirma Entrena. 

Concluye sus conclusiones Melero e inicia el abogado de Joana Ortega, Rafael Entrena.

Melero saca a colación ahora la sentencia sobre el 'caso Atutxa'. El Supremo se dirigió en diferentes ocasiones a la Mesa del Parlament y les avisó de la posible comisión de un ilícito penal si no acta sus órdenes. Cuatro requerimientos hizo el Supremo hasta que decidió anular las resoluciones del Parlamento vasco. "El delito exige una actuación proactiva que permita contratasta el contenido intencional", añade, antes de considerar que el TC no utilizó ningún mecanismo para dar eficacia a sus resoluciones.

"La conclusión es que no se puede desobeder lo que no es requerido. No se puede cometer delito si no se ha requerido previamente", añade Melero.

"No se notificó con las formalidades que siempre se han seguido en este tipo de requerimientos", considera el abogado defensor, en referencia a la notificación a través de correo electrónico y ordinario. A partir de entonces, Melero, destaca que las siguientes resoluciones se han notificado ya personalmente.

"Si se quiere condenar al señor Mas por desobediencia, se tendrá que innovar y decir que no hace falta reiteración del delito", como asegura que así lo indica la jurisprudencia relativa a este delito.

"Se podría decir que el señor Mas desobedeció a quien no tenía el menor interés en que obedeciese", sostiene.

Discrepa del criterio del fiscal, pues considera que la providencia del TC del proceso participativo era ambigua porque hablaba de detener "cualquier acto". "Como ya estaba todo en manos del voluntariado, lo único que podría haber hecho el señor Mas era interrumpir cosas que ya estaban absolutamentamente fuera de su control y en manos de estos voluntarios", sostiene el abogado.

"Hasta que no se decide la interposición de la querella, todos los actores consideran que aquello es un acto político o no están seguros". Y sostiene que la decisión final de los fiscales españoles de interponer una querella acaba con la dimisión del entonces fiscal general del Estado.

Destaca también la decisión de la junta de fiscales de Catalunya de no observar delito en los miembros del Govern por el proceso participativo. Y de ella se dio publicidad. Además, recuerda que el Gobierno central menospreció durante aquellos días el 9-N manifestado que aquello "no era nada".

Melero argumenta que si no hubo respuesta al requerimiento del Govern al TC, no debía de detenerse el proceso participativo. "¿Si no lo paran los fiscales y los jueces, lo tengo que parar yo?", se pregunta el defensor del 'expresident'.

El abogado esgrime "la doctrina de los actos políticos". Recuerda jurisprudencia del propio TSJC rechazando querellas al tratarse de actos políticos. "Para la defensa de Mas, es indiferente que el señor Mas quisiera desobedecer o no, no varía la comprensión jurídica de los hechos. Nos encontramos ante una situación en la cual el Gobierno del Estado y alguna de sus intituciones ha intentado mediatizar la acción de la justicia. Lo ha querido hacer discretamente, pero ha dejado huellas", asegura. La primera de estas huellas considera que está en la actuación de un fucionario, el abogado del Estado que plantea el conflicto de competencias.

"No es que el señor Mas entendiera o no la providencia del TC, lo que no entendió, porque no había, es un requerimiento", añade.

"El señor Mas no se ha escondido nunca detrás de una multitud de funcionarios, no ha negado la participación y el impulso político de la consulta, no ha negado que permitió el uso del material encargado por el Govern", afirma el defensor. "Es cierto que por parte del Govern no se llevaron a cabo actos impeditivos de aquello que estaba en curso y que llevaron a la celebración del proceso participativo".

Califica de "brillante" la intervención del fiscal, pero pone el acento en la parte "autorreferencial" de su parlamento. Y niega que la no respuesta de Mas a las preguntas de la fiscalía se deba a falta de respeto.

Se retoma el juicio con las conclusiones del abogado de Artur Mas, Xavier Melero.

El presidente del tribunal decreta un receso de 15 minutos. La sesión se retomará a las 12 horas.

El fiscal también defiende la independencia del tribunal. "Tan democrático será el tribunal si condena como si absuelve. Ya está bien todo lo que se está organizando alrededor de este acto", añade. "En este sistema democrático no se puede coger solo un elemento, decir que lo democrático es votar y todo lo demás es atrezzo. El sistema democrático es un conjunto de sistemas", continúa, antes de matizar que no se trata de un ataque ideológico. "Lo dramático de este asunto es que es un torpedo al sistema democrático", subraya.

"Hemos intentado plantear todo desde criterios estrictamente técnicos. Saben que no soy de la fiscalía superior y que aparezco en este proceso por deseo expreso de la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal. Me dijo: quiero una valoración técnica rigurosa y en el sentido que sea; si es de archivar, de archivar y si es de acusar, de acusar", continúa defendiéndose Sánchez Ulled.

"Incluso consideramos que no era técnicamente viable uno de los delitos que figuraba en la querella", añade, en referencia al delito de malversación.

El fiscal insiste en que la materia del juicio es si se obedeció o no la medida cautelar del Tribunal Constitucional. "Si no se obedece la medida cautelar, se comete un delito", remarca. "Y no es eso lo que tuvimos (el acatamiento de la medida cautelar), tuvimos la excitación de una continuación furtiva de esas actuaciones públicas".

"No se puede equiparar a un ciudadano con miembros de un gobierno autonómico. Estos no pueden tener dudas sobre un requerimiento. El conocimiento del mandato lo tenían desde el minuto uno", abunda el fiscal sobre los acusados.

El fiscal recuerda que en la suspensión de la consulta en septiembre, el TC utilizó los mismos términos que en la del 9-N, y que el destinatario (el Govern) en ambos casos fue el mismo.

"No se abandonó el proceso en manos de voluntarios; eso sí, se actuó con sigilo", insiste.

El fiscal considera que las dudas sobre el alcance de la providencia del TC que han expuesto las acusaciones no tienen fundamento. Se remite a la declaración de Homs, que consideró que no se sabía siquiera si se podía o no organizar una rueda de prensa. "A mí me sorprende que teniendo a su disposición a una persona de la altísima calidad técnica como Viver Pi-Sunyer no se le planteen estas cuestiones". Y recuerda el chiste de Gila: "Alguien está haciendo algo". El caso, añade, es que no se le informó de todos los detalles del 9-N para ocultar su participación en el proceso.

"El TC habla de actos de preparación", subraya, por otra parte, Sánchez Ulled.

Habla ahora de los dos delitos que plantea la fiscalía: desobediencia y prevaricación.

El fiscal se detiene ahora en la suspensión del proceso participativo por parte del TC el 4 de noviembre. Explica que si los acusados hubieran querido contestar a sus preguntas, lo primero que les hubiera preguntado es qué es lo que no entendían de la providencia del TC.

El presidente del tribunal llama el orden por segunda vez a los acusados por interrumpir al fiscal.

Sánchez Ulled destaca que para hacer un uso social de los institutos debería de haberse motivado. "El manual para gestionar el uso social de los centros escolares establece unas formalidades. Y para el 9-N no se siguieron". Considera que el uso que hizo el Govern de estos centros como sede del 9-N prueban su responsabilidad en la organización del proceso participativo.

Sánchez Ulled recuerda que en septiembre el Govern acató la suspensión del TC. "¿Qué se hizo en noviembre?". "No se hizo nada para suspender aquello que estaba en curso teniendo la obligación de hacerlo", sostiene, antes de de recalcar que ha quedado "palmariamente acreditado" que se adoptó la decisión de continuar la actividad pública de un modo "encubierto". A su juicio, el Govern emprendió una estrategia para encubrir su actuación, que acreditan los mails que se intercambiaron aquellos días.

Asegura que los tres acusados conocían el mandato constitucional. "El mismo día 4 en que se dicta la suspensión hay una reunión formal del Govern de la Generalitat para abordar esta cuestión", subraya el fiscal.

El fiscal afirma que el argumento de que la votación del 9-N "no se ajustó a lo que se había convocado el 14 de octubre" al dejar el Govern la consulta en manos de funcionarios. Asimismo, considera que este juicio no tiene que dilucidad si la consulta era constitucional o no, sino si el Govern desobedeció un mandato del TC.