Cerramos la narración del juicio por el 9-N que se sigue en el TSJC hasta mañana, cuando quedará visto para sentencia. Gracias por su seguimiento.

Se da por finalizada la sesión de hoy. La última jornada del juicio por el 9-N empezará mañana a las 9 horas y Mas, Ortega y Rigau podrán pronunciarse de nuevo. 

La acusación popular introduce algunas modificaciones. Suprime el delito de malversación de fondos públicos y, por lo tanto, la pena solicitada por ello. 

El fiscal mantiene las peticiones de inhabilitación

Emilio Sánchez Ulled, mantiene la petición de 10 años de inhabilitación para el 'expresident' Artur Mas, y otros 9 años para la exvicepresidenta del Govern Joana Ortega y la 'exconsellera' de Ensenyament Irene Rigau.

El fiscal hace un repaso al documento en el que se detallan los informes que se recogieron sobre el funcionamiento de la jornada. El presidente del tribunal, Jesús María Barrientos le indica que se limite a enumerar los documentos. Se pasa ahora a la fase de las conclusiones, que se han elevado a definitivas por parte del fiscal.

Termina la prueba pericial y se confirma que la Generalitat no paró la web participa2014.cat porque fue replicada en otros servidores, hecho que impide suprimir el contenido. Se procede ahora a la prueba documental. 

El abogado de Artur Mas, Xavier Melero, pregunta a los peritos si pueden garantizar que la cadena de custodia interna ha sido preservada por parte de ‘T Systems’. No pueden confirmarlo porque fue la Fiscalía quien les facilitó la información, no dicha empresa. “Solo podemos garantizar la cadena de custodia desde que la Fiscalía nos lo cede”.

Los guardias civiles añaden que, además, “el código está incompleto” y que en algunos casos “no concuerda con la página web participa2014.cat”. Aún así, declaran que la web sobre la consulta se replicó, por lo que, aunque se elimine la web original, el contenido es accesible.

En relación al registro de los usuarios para ejercer la votación, Fernández dice que “ponían la dirección y los apellidos y el ordenador comprobaba si coincidían”, aunque afirma desconocer con qué se comparaban estos datos. “Desconozco como se programaron los ordenadores, el programa lo determinaba”. También explica que se apuntaban los datos en una hoja. Por otra parte, el voluntario asegura que no tenía instrucciones a seguir en caso de incidencia técnica y que no sabe de quién dependía la página participa2014.cat.

Se retoma el juicio con la declaración de David Fernández, voluntario de mesa en el IES Pau Vila de Barcelona. Como los demás testigos, se inscribió a partir de la página web y recibió el correo de confirmación con las instrucciones. Fue ayudante de este punto de votación; recibía a las personas que querían participar, revisaba su DNI y comprobaba si estaba todo en orden (los apellidos y el código postal, así como la data de caducidad del documento). “Cuando llegué, a las 8 de la mañana, ya estaban preparados los ordenadores, las urnas, algunos papeles blancos, rotuladores…”, explica. También comenta que solo recuerda la presencia de voluntarios: “Nadie se identificó como funcionario de la Generalitat, eran voluntarios que se habían prestado”.

Se suspende la sesión hasta las 11 horas, ya que los siguientes testigos aún no están disponibles. 

Manuel Antonio Gallart fue voluntario en el IES Roda de Ter de L'Escala (Alt Empordà) durante el 9-N. Sus funciones eran supervisar, identificar a los usuarios y sustituir algún miembro si tenía que hacer un receso. Conoció las tareas que debía desarrollar a partir de unos manuales publicados en la página web participa2014.cat, donde también formalizó su inscripción. Gallart explica que revisaba el DNI de las personas que acudían al punto de votación y que si el documento estaba caducado o si el código postal no coincidía, no se permetía ejercer el voto. La adjudicación en la mesa de votación se hacía a partir de los apellidos y el escrutinio final se comunicaba por teléfono. 

Declara ahora como testigo Josep Maria Batalla, voluntario suplente del 9-N en la demarcación de Vall d'en Bas (La Garrotxa). Al igual que Sala, se inscribió en la página participa2014.cat y defiende que todo estaba listo para la votación cuando llegó. No tenía una función concreta asignada aunque colaboró en la organización de las colas. “Cada votante llevaba su propia papeleta”, comenta, a lo que añade que debían registrarse antes de disponer la papeleta en la urna porque no había censo. 

Es el turno de Bárbara Sala, también propuesta por la defensa Joana Ortega. Fue coordinadora del proceso participativo en el Instituto Carles Rahola de Girona. Se inscribió en la página web como voluntaria el 17 de octubre y recibió un correo electrónico con las tareas que tenía que desarrollar durante la jornada de votación: repartir los presidentes y vocales en las mesas y velar por el correcto funcionamiento de la consulta. Según explica, cuando llegó al instituto ya estaba todo preparado: los ordenadores y las urnas estaban dispuestos en las mesas. Además, rechaza que hubiera algún símbolo de la Generalitat en los carteles que indicaban el lugar de votación. 

Calvet insiste en remarcar la gran movilización social y la “consternación” de los observadores internacionales, a quienes acompañó por diferentes puntos de votación en el Eixample de Barcelona. “Aquí tendría que haber 2.400.000 personas acusadas que participaron porque quisieron”, argumenta. El presidente de la sala, Jesús Barrientos, la ha interrumpido en más de una ocasión para pedirle que se ciñera a responder de forma concreta a lo preguntado. 

Palet dice que no recuerda haber recibido ningún correo electrónico con el advertimiento de la suspensión de la consulta. Explica que solo le enviaron una carta desde la Delegación del Gobierno pero que no le consta que esta fuera un requerimiento. 

Anna Palet, propuesta como testigo por la defensa de Joana Ortega, expone que des del ayuntamiento de Vilanant se cedió un espacio municipal para realizar la votación, ya que no hay un instituto en el pueblo. Ella fue la responsable del local y se inscribió como voluntaria a través de la web. “No hubo ningún funcionario de la Generalitat que se hiciera cargo de ninguna tarea del 9-N”, explica.

Empieza la cuarta sesión del juicio

Buenos días. Arranca la cuarta jornada del juicio del 9-N con la declaración de Anna Palet, alcaldesa de Vilanant (Alt Empordà). 

Cerramos la narración del juicio por el 9-N que se sigue en el TSJC hasta mañana. Gracias por su seguimiento.

"El fiscal que hoy me tendría que haber preguntado estaba de guardia [el 9-N] y no pidió que se tomaran medidas cautelares. Lo de ahora lo hacen para coaccionar cara al próximo referéndum, no solo por el 9-N", ha añadido Homs.

A la salida del juicio, Francesc Homs, que este miércoles ha conocido la fecha del juicio contra él en el Supremo, ha realizado una breve declaración a los medios. Ha considerado que "no es una casualidad" que hoy se haya hecho pública la fecha de su juicio y se ha mostrado sorprendido por que la fiscalía "no haya tenido la valentía" de preguntarle hoy. "Espero poder responder en mi juicio a quien me acusa", ha añadido antes de considerar que la democracia española "está enferma" y hacer hincapié en la "cobardía" de la justicia por no citar a Mariano Rajoy como testigo, como solicitaban las defensas de Mas, Ortega y Rigau.

Se suspende el juicio hasta mañana, a las 9 de la mañana, cuando declararán testigos llamados por la defensa de la vicepresidenta Ortega y voluntarios que participaron en la organización del 9-N.

Joan Rigol ,excoordinador del Pacte Nacional pel Dret a Decidir y expresidente del Parlament, propuesto por las defensas como testigo, ha asegurado que Mas le encargó, tras la suspensión de la primera consulta, que asumiera la responsabilidad del proceso participativo, que quedaba en manos de voluntarios. Coordinó esta labor, pero, según ha aclarado, no recibió ninguna indicación sobre los medios materiales con los que dispondría.

Turno para Xavier Trias, alcalde de Barcelona durante la consulta del 9-N del 2014. "Los quiero mucho a los tres", afirma al ser preguntado por el presidente del tribunal si conoce a los tres acusados.

Explica que algunas de las escuelas que acogieron votaciones eran de titularidad municipal. Asegura que cuando el 'president' Mas anunció la puesta en marcha del proceso participativo consideró que debía de ponerse a disposición del Govern. No obstante, matiza que cada escuela se organizó como quiso. "No tengo ni la más remota idea" de cómo lo hicieron, añade.

Buch explica que ningún alcalde se dirigió a él tras la suspensión del proceso participativo cuestionando que se cedieran los locales de la asociación. Asegura también que en la providencia del TC no se especificaba lo que se podía o no se podía hacer. Asimismo, declara desconocer si algunos alcaldes de la ACM recibieron correos de la Generalitat instando a que dijesen un local en el que votar, y con dos documentos adjuntos: una carta de la vicepresidenta de la Generalitat y otro documento en blanco en el que se pusiera el local propuesto.

Se retoma el juicio del TSJC por el 9-N con la declaración de Miquel Buch, presidente de la Associació Catalana de Municipis. Asegura que no firmó ningún convenio con la Generalitat para ceder sus locales para la consulta alternativa al tratarse de un único día.

El Tribunal Supremo acaba de fijar para el 27 de febrero el juicio a Francesc Homs por la consulta alternativa del 9-N.

El presidente del tribunal suspende la sesión hasta las 13 horas, cuando están citados el expresidente del Parlament Joan Rigol, el exalcalde de Barcelona Xavier Trias y el presidente de la Associació Catalana de Municipis, Miquel Buch.

"No aconsejamos nunca a la Generalitat que detuviese la convocatoria porque no veíamos posible una intervención del Estado", afirma Pi-Sunyer. Confirma también que habló con Homs de la providencia "inédita" del TC del proceso participativo y le aconsejó que pidieran una aclaración al Constitucional. "No quedaba nada claro qué era lo que no podíamos hacer".

Sigue el juicio con la declaración de Carles Viver Pi-Sunyer, presidente del Consell Assessor per a la Transició Nacional desde febrero del 2013 y hasta febrero del 2015. Reitera que el informe sobre la consulta fue elaborado "con total libertad y autonomía respecto del Govern". En este informe se analizan los tipos penales que el Estado podría intentar contra el Govern, aunque los consideraban muy "improbables".

Turno para Enoch Albertí, catedrático de Derecho Constitucional y miembro del Consell Assessor per a la Transició Nacional desde que se constituyó. Afirma que tuvieron libertad para elaborar todos los informes del consejo. En el primer informe se analizaba la posibilidad de realizar una consulta y las posibles alternativas en caso de que fuera anulada: "Dentro de estos escenarios, estaba el de hacer una consulta con base legal pero no necesariamente con la legalidad vigente", asegura.

"La ley de consultas refrandarias regulaba el proceso participativo", afirma De Gispert, que recuerda que no estaba impugnada por el Gobierno. La fiscalía y la acusación tampoco hacen preguntas a la expresidenta del Parlament.

Homs concluye su declaración, al abstenerse la fiscalía y la acusación de hacerle preguntas. "Qué lástima", ha afirmado, con ironía, el 'exconseller'.

Según el 'exconseller', que los fiscales de Catalunya no vieran delito en el 9-N reafirmó su convencimiento de que el Govern no estaba incurriendo en ningún tipo penal.

"No teníamos claro el alcance de la resolución del Constitucional del 4 de noviembre. ¿Podíamos o no convocar una rueda de prensa?", prosigue Homs su declaración. "Estábamos convencidos de que no incurríamos en ningún delito", insiste el actual diputado del PDECat en el Congreso, quitando importancia al silencio del TC sobre la petición de aclaración que hizo el Govern.

El líder de CSQP, Lluís Rabell, considera que el juicio del 9-N es una reacción del Gobierno de Madrid, "enfadado por la gestión de Mas". No obstante, afea que el 'expresident' dijera ante el juicio que no había recibido notificación del TC sobre la suspensión de la consulta alternativa y que desde el soberanismo se diga que se desobedeció. "No se puede engañar a la gente; estáis hablando de referéndum y estáis pensando en elecciones", añade.

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, responde ahora a Puigdemont: "La judicialización es un fracaso de la política, pero también es un fracaso que el Govern no acatara la resolución del TC. Los miembros del anterior Govern no están siendo juzgadospor sus ideas, sino por desatender sentencias del TC". "Si lo que hace esta Cámara o lo que hace este Govern no es legal, simplemente no es democrático", ha añadido Iceta.

"No hay democracia donde los políticos se salta la ley", afirma Inés Arrimadas, jefa de la oposición y líder de Ciutadans, en respuesta a la declaración de Puigdemont en el pleno del Parlament.

El presidente del tribunal decreta un receso después de que los dos próximos testigos hayan sido renunciados por las partes. Anuncia que retomará el juicio a las 11 de la mañana con la declaración del diputado Francesc Homs, aunque si está disponible propone adelantar su comparecencia.

"Mas, Ortega y Rigau son culpables de haber creído en el Parlament y de creer que en democracia lo primero que hay que escuchar a los ciudadanos. Una democracia a la que no le importe lo que piensen y quieren los ciudadanos está incompleta y troquelada", continúa Puigdemont desde la tribunal del Parlament. "Ni diálogo, ni pacto ni propuestas; juicios y amenazas", añade. "Así, el Estado puede desobedecer cínicamente sentencias de los tribunales, incluso del TC, sin que reciban ningún requerimiento, no pasa nada", denuncia.