El objetivo de la Audiencia Nacional está claro: no se pueden desoír sus citaciones. Por eso, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ordenó la detención de los cinco miembros y simpatizantes de la CUP que habían sido identificados como autores de la quema de fotos del rey Felipe VI durante la manifestación que el partido organizó para la Diada. Hoy, tras ser conducidos a la Audiencia Nacional y comparecer ante el magistrado, han quedado en libertad.

Los últimos arrestos se produjeron esta misma mañana. El autobús en el que viajaba una treintena de familiares, miembros y simpatizantes de la formación anticapitalista fue detenido por agentes de la Policía a la altura de Alcalá de Henares (Madrid) y se procedió a arrestar a Roger Santacana y Nora Miralles. Ambos estaban citados en varios juzgados catalanes el pasado día 7 para declarar por videoconferencia, junto con los detenidos el lunes, Ivan Altamira, Jordi Almiñana y Aitor Blanc. 

El operativo fue objeto de críticas por los políticos que desde primera hora se acercaron a la Audiencia a mostrar su apoyo. Fue el caso del portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Xavier Domènech. Los morados anunciaron que pedirán explicaciones a Interior, al mismo tiempo que calificaron de "auténtico disparate" arrestos "por un delito de opinión", por "un gesto crítico con la Corona". La diputada de la CUP Anna Gabriel, aprovechó para cargar contra el 'conseller' de Interior, Jordi Jané, por, según ella, haber actuado "de oficio" y haber identificado a los autores de la quema de fotos perseguida. La senadora de ERC Mireia Cortés, se desvinculó de la petición de dimisión y se limitó a defender "un nuevo horizonte" para Catalunya que pasa por la independencia.

ADVERTENCIA

Las comparecencias de los detenidos no se produjo hasta que no llegaron los dos últimos que en un primer momento fueron trasladados a la comisaría madrileña de Moratalaz. Y fueron muy breves, porque todos ellos se acogieron a su derecho constitucional a no declarar y sólo algunos, como Blanc, portavoz de SOM Gramenet, añadieron que no reconocían al tribunal por ser heredero del Tribunal de Orden Público franquista. 

La fiscala Rosana Lledó, no pidió medidas cautelares para ninguno, pero aprovechó para advertirles de la obligación que tienen de comparecer cada vez que sean llamados al estar imputados por un delito de injurias a la Corona.

El abogado de dos de ellos, Eduardo Cáliz, pidió "respeto a la libertad de expresión y a la soberanía de los Països Catalans" y consideró "un insulto a la inteligencia el hecho de que en pleno siglo XXI se persiga y se detenga por parte de un Estado, que se autodenomina democrático, a militantes por el mero hecho de quemar una fotocopia". Además, se sumó a las críticas de la CUP contra Jané. "Es increíble que un gobierno del principado de Catalunya, que se autodenomina independentista, tenga un departamento de Interior con una persona al frente que persiga militantes de oficio y se dedique a detenerlos".