En unas semanas habrá pasado medio año desde que 8.464 votantes, un 29,7% del censo, participaran en una de las consultas ciudadanas más controvertidas de las que haya convocado un ayuntamiento catalán. Con la polvareda calmada cinco meses después de la votación que indultó al monumento franquista de Tortosa, este sigue impasible contemplando el paso del río Ebro y pendiente de una “reinterpretación” a ojos de algunos, imposible. El gobierno municipal (CiU y ERC) se da el plazo del resto de legislatura para ejecutarla. Podría llegar antes la sentencia de un juzgado de Tarragona que ha admitido a trámite una demanda para que el monolito sea retirado del espacio público.

Para algunos, fue cinismo someter el futuro de un monumento franquista a un ejercicio de democracia participativa. El gobierno local pidió respeto al pronunciamiento del pueblo, que optó por un 68,3% de los votos por la opción que planteaba “reinterpretar y contextualizar” ese símbolo, el mayor del franquismo en Catalunya, ante la alternativa propuesta en esa consulta, que era retirarlo y museizarlo. Hoy no hay acción alguna ni pistas por parte del gobierno tortosino que permitan acallar una de las críticas de base planteadas por los contrarios a esa consulta, la de quienes sostienen que no hay reinterpretación posible de un símbolo del franquismo y que sólo puede retirarse del espacio público. Una postura que el director del Memorial Democràtic de la Generalitat, Plàcid Garcia Planas, trasladó al alcalde Ferran Bel, en una reciente reunión en Tortosa.

DOS AÑOS Y MEDIO POR DELANTE

Bel, que ha rechazado hacer nuevas declaraciones para evitar que reviva un tema espinoso, se limitó a afirmar hace unas semanas que trabajan “de forma discreta”. Bel ya advirtió que el cumplimiento del resultado de la consulta no será inmediato. Se marcó de plazo el de su legislatura y tiene dos años y medio por delante. Habrá que resolver antes las dudas sobre la propiedad de ese monumento que Franco erigió en el medio del río Ebro para gloria de los victoriosos de la batalla del Ebro. El alcalde apuntó al gobierno del Estado, a través de la Confederación Hidrográfica del Ebro. El organismo de cuenca confirma que no es él el propietario, y de hecho guarda la petición de autorización de la construcción del monumento, presentada por la Junta promonumento de la Batalla del Ebro, cuyos integrantes no figuran en ese documento.

“Cuanto más tarden en actuar, mejor”, señala Ester Baiges, portavoz de la Comisión para la Retirada de los Símbolos Franquistas de Tortosa. “Hay que madurar la cuestión y nos satisface que el gobierno municipal no se precipite”, afirma. “Mientras, quién sabe si puede aprobarse una ley catalana coherente que clarifique que hay que retirar los símbolos franquistas sin más”, apunta. La actual contempla indultar a aquellos en los que concurren razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas legalmente.

En la ley de memoria histórica actual, sin embargo, se fundamenta la demanda del abogado Eduardo Ranz admitida a trámite por el juzgado contencioso administrativo número 2 de Tarragona, que en su artículo 15.1 obliga a las administraciones públicas a “tomar las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura”. Espera que el juez dictamine la retirada del monumento antes de que el Ayuntamiento de Tortosa mueva un dedo por su “reinterpretación”.