El PSOE-A minimizó durante años la causa y cargó contra la investigación de la jueza Mercedes Alaya, y este jueves se ha dado de bruces contra la realidad tras conocer que la Fiscalía Anticorrupción reclama para el expresidente andaluz José Antonio Griñán una pena de 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación para cargo público por un delito continuado de malversación y otro de prevaricación en el 'caso ERE'. En cuanto a su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, la pena solicitada se reduce a 10 años de inhabilitación por prevaricación. El ministerio público considera que ambos fueron responsables de “implantar”, “consentir” y “no poner freno” a un sistema de pago de ayudas discrecional y al margen de controles que permitía sofocar los conflictos laborales que asediaban al Ejecutivo autonómico en la década pasada y lograr la "paz social".

El fiscal se adhiere al postulado del auto de procesamiento al insistir en que las deficiencias que generaba el uso de transferencias de financiación para pagar estas ayudas (opacidad, discrecionalidad, ausencia de controles) fueron “buscadas como fines”. Y mantiene el reparto de responsabilidades señalado en dicho auto hace meses: Chaves, el todopoderoso presidente autonómico durante 19 años, impulsó el sistema, pero Griñán, su consejero de Economía entre el 2004 y el 2009, lo mantuvo. Y como responsable del área, hizo caso omiso a las alertas de la Intervención general avisando de irregularidades.

DEVOLVER EL DINERO

De esta forma, “se pusieron en manos" de la Consejería de Empleo, año a año, unos fondos públicos que gestionó a su libre arbitrio sin procedimiento alguno, "facilitando" que 'intrusos' accedieran a las ayudas, "favoreciendo a determinadas empresas y personas y destinando los mismos a una finalidad ajena a la prevista de atender situaciones de crisis empresarial”. La petición del fiscal incluye además que todos los implicados devuelvan a las arcas públicas el dinero usado sin control entre el 2000 y el 2010, unos 741 millones de euros, ya que los acusados “buscaron no tener límites tampoco en los créditos presupuestarios para atender a estas ayudas”.

Las reacciones no se han hecho esperar. El PP-A ha exigido a la presidenta Susana Díaz que pida "perdón" por ser la heredera directa de un sistema que propició "un saqueo" al dinero de los andaluces y empobreció la comunidad, y ha recordado que Díaz fue la número 2 de Griñán y del exconsejero José Antonio Viera.

Por su parte, la dirección federal de los socialistas, a través de su secretario de organización, César Luena, ha reiterado su absoluta "confianza" en la inocencia de los expresidentes. En un comunicado, el PSOE andaluz ha defendido su "honestidad" y ha expresado su respeto a una decisión judicial que dice "no compartir". Los socialistas también han recordado que Chaves y Griñán, que dejaron sus escaños en las Cortes en el 2015 y se dieron de baja del partido el pasado mes de junio (a las puertas de las elecciones generales) tras el auto de imputación, no "se han enriquecido personalmente", valorando que "actuaron con generosidad al asumir su responsabilidad política". En sus diferentes comparecencias judiciales, ambos exmandatarios autonómicos minimizaron el posible fraude y aseguraron no ser conscientes de haber cometido ilegalidad ninguna, aferrándose a que el exinterventor general de la Junta –también procesado y que se enfrenta a ocho años de cárcel—no alertó de menoscabo de fondos públicos.