El pacto anticorrupción firmado este viernes por PP y Ciudadanos, a instancias de los últimos, solo entrará en vigor si Mariano Rajoy es investido presidente y deberá ser aplicado en los tres meses posteriores a la investidura, según detalla el penúltimo párrafo del pacto.
Así, en caso de que Rajoy sea reelegido jefe del Gobierno, en sus primeros 90 días al frente del Ejecutivo deberá apartar a todos los cargos públicos del PP imputados en casos de corrupción. Entre otros, se encuentran en esta situación la senadora Pilar Barreiro, investigada por el 'caso Novo Carthago' o José Manuel Baltar, presidente de la Diputación de Ourense, imputado por cohecho.
Otra de las medidas de aplicación inmediata es la de la creación de una comisión e investigación del 'caso Bárcenas', aunque el PSOE ya se ha adelantado al pacto PP-Ciudadanos y ha registrado la petición en el Congreso.
Para otras condiciones, como la reforma de la ley electoral o la eliminación de los aforamientos, deberán iniciarse los trámites, pero su implementación podría alargarse más allá de los tres meses, puesto que requieren una modificación constitucional.