El PDC -el partido heredero de Convergència- se inclina por presentar alegacions al Tribunal Constitucional (TC) en defensa del último desafío rupturista del Parlament -las conclusiones de la comisión sobre el proceso constituyente- y que el propio TC ha suspendido a instancias del Gobierno central. Una vez más, el ala más moderada del soberanismo opta por seguir fiel de momento a las reglas del juego frente al criterio de su único aliado, la CUP, que ha reclamado no apelar más al TC y a las instancias del Estado. También el diputado de ERC Joan Tardà se ha manifestado en contra de las alegaciones.

El argumento del PDC, que deberá debatir su criterio con ERC en el seno del grupo de Junts pel Sí y con presidencia de la Generalitat, es que para poder apelar a instancias internacionales en defensa de las conclusiones de la comisión del proceso constituyente es necesario previamente haber agotado todas las vías judiciales anteriores y estas pasan por el TC o el Supremo, según el caso de que se trate.

En cambio, la portavoz de la CUP, Anna Gabriel, ha reclamado recientemente a Junts pel Sí que no recurra más al TC. En declaraciones a la ACN, Gabriel ha opinado que "es ridículo intentar hacer entrar en razón a los golpistas" y que es mejor "llenar las calles para contestar a este golpe de Estado judicial". Joan Tardà ha afirmado que no tiene sentido seguir recurriendo al Constitucional.

SEGUIR LOS CAUCES LEGALES

Esta discrepancia interna no es nueva. Tras la declaración de ruptura aprobada el pasado 9 de noviembre, que considera al TC deslegitimado "y sin competencia" en sus decisiones, la CUP ha reclamado ejecutar la desobediencia para forzar la ruptura. En cambio, el Govern de Junts pel Sí ha optado desde el primer momento por seguir los cauces legales y presentar alegaciones ante el mismo TC al que se había atacado duramente por falta de imparcialidad. Lo ha hecho en numerosos conflictos competenciales con el Estado -que también ha apelado al TC- y, respecto a la llamada declaración de "desconexión", el Parlament acabó pidiendo al TC que reconsiderara la suspensión porque lo que se había votado era una declaración política sin efectos jurídicos.

Desde entonces, el Govern y la mayoría de Junts pel Sí en el Parlament han optado siempre por mantenerse en el marco de la ley, bajo la premisa de no dar más argumentos al Estado en su acusación al soberanismo de saltarse las normas.