Tras meses en el limbo por trámites burocráticos, el proceso por el saqueo del Palau de la Música en la época en que Fèlix Milllet era su presidente y el presunto pago de comisiones de la constructora Ferrovial a la antigua CDC, a través de la entidad cultural, se ha desencallado. El juzgado de Barcelona que durante siete ha investigado el desvío de fondos ha acordado ahora remitir la causa a la Audiencia de Barcelona para este órgano judicial inicie los trámites para la celebración de juicio. Esto no significa que la vista por el supuesto fraude se realice en fechas próximas, pues todavía faltan algunos requisitos previos y las agendas de los magistrados están saturadas. La fecha de celebración, por lo tanto, es una incógnita, aunque como muy pronto, será en el 2017.

EL PERIÓDICO publicó este pasado domingo que la investigación propiamente dicha por el saqueo de la entidad,cuyo registro se remonta al 23 de julio del 2009, estaba acabada desde hacía, al menos, dos años, pero que se estaba a la espera de que algunas de las empresas declaradas responsables civiles subsidiarias (se les reclama que devuelvan el dinero) presentaran sus escritos de defensa. La dificultad radicada en que algunas de ellas no existen o están en concurso de acreedores.

Al final, este inconveniente se ha resuelto. El Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona, que se ha encargado de instruir el proceso, acordó el pasado lunes día 25 de julio remitir la causa a la Audiencia de Barcelona, al haber recibido, según las fuentes judiciales consultadas por este diario, los escritos de defensa que faltaban. Por lo tanto, el caso entra en su recta final a la espera de cuando se pueda celebrar el juicio.

REPARTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS

La Audiencia de Barcelona deberá decidir por reparto a que tribunal le compete enjuiciar el saqueo del Palau. Tras ello, los magistrados a los que les toque el caso tendrán que acordar que pruebas solicitadas por la fiscalía, acusaciones y defensas admiten y cuáles no. Y, finalmente, fijará la fecha del juicio. Está previsto que la vista, por su complejidad, cantidad de imputados, testigos y pruebas, dure bastantes días. Por lo tanto, los jueces tendrán que buscar en su apretada agenda el hueco para poder celebrar un juicio de estas magnitudes.

Por este caso, ni el expresidente del Palau, Fèlix Millet, ni su mano derecha, Jordi Montull, han pisado a cárcel (sí que estuvieron 13 días por el proceso abierto por el frustrado proyecto del hotel, aunque después fueron absueltos). Su confesión, en septiembre del 2009, en la que reconocían que se habían apropiado de fondos del Palau para fines particulares, y la dilación a la hora de citarlos a declarar (el 19 de octubre) les salvó de pasar por prisión. Su avanzada edad juega a su favor a la hora de la celebración del juicio.

 El fiscal Emilio Sánchez Ulled reclama en su escrito de acusación siete años y medio de prisión para el extesorero de CDC, Daniel Osácar, y cuatro años de prisión para dos directivos de Ferrovial. Y al partido, que tiene 15 sedes embargadas judicialmente y que también se sentará en el banquillo como responsable civil, 6,6 millones de euros por “comisiones ilícitas” supuestamente a cambio de la adjudicación de obras públicas, como la Línea 9 del metro. Los que fueran máximos responsables del Palau, Millet y Montull, se enfrentan a una pena de 27 años y medio de cárcel para cada uno. Y la hija del segundo, a 26 años de cárcel.